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El
tema de La Tablada aún no está cerrado. A pesar de la conmutación
de penas dispuesta por el Presidente el viernes pasado, el equipo de abogados
que representa a los presos por el ataque al cuartel del 23 de enero de
1989 tiene previsto volver a reclamar ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). Esta vez, la apelación será
por Enrique Gorriarán Merlo y su esposa, Ana María Sívori,
quienes fueron excluidos del beneficio otorgado por el Gobierno y, por
lo tanto, deben cumplir con sus condenas a reclusión perpetua y
a 18 años, respectivamente. “El caso Gorriarán- Sívori
va a llegar a la CIDH, eso es seguro”, admitió ayer a Página/12
Adrián Witemberg, el vocero de los detenidos.
Después de 116 días de huelga de hambre, los presos recibieron
con conformidad la reducción de condenas. Es “un avance significativo”,
manifestaron el sábado último en una carta abierta a la
opinión pública. Sin embargo, y en esta idea insisten desde
que el anuncio del decreto presidencial, la conmutación de penas
“no satisface” porque “cumple en forma parcial” con
las disposiciones de la CIDH. “Lo que tendría que haber hecho
el Gobierno es conmutar por una cantidad de años que permitiera
la libertad inmediata de los presos. Aunque lo obtenido no deja de ser
un paso adelante”, señaló ayer Witemberg a este diario.
Ante la CIDH, los abogados de los miembros del Movimiento Todos por la
Patria (MTP) pedirán por Gorriarán Merlo y Sívori
y por todos los detenidos que no fueron beneficiados por la conmutación
de penas. Se trata de aquellos que salieron de la cárcel –con
la pena cumplida o en libertad condicional– antes del decreto de
De la Rúa. Dos de ellos, Joaquín y Luis Ramos, que tienen
ciudadanía española, fueron extraditados a Madrid a causa
de un pedido especial de la Justicia de ese país.
Sin embargo, el planteo ante el organismo de la Organización de
Estados Americanos (OEA) no se hará efectivo en los próximos
días. Primero deberá expedirse la Corte Suprema de Justicia,
que aún debe resolver un recurso extraordinario presentado por
los abogados de los presos, aunque éstos descuentan que será
contrario a sus intereses.
El sábado, a un mes de que comiencen las salidas transitorias,
salvo en el caso de Felicetti que recién gozará de ese derecho
dentro de seis meses, los detenidos difundieron un comunicado muy crítico:
“La huelga de hambre es consecuencia de la debilidad de un gobierno
que, temeroso ante esas presiones, dio una muestra dilatoria que no va
a la esencia del problema”.
Ayer, en tanto, en los hospitales Fernández y Santojanni, los trece
reclusos del MTP que hicieron la huelga de hambre comenzaron a recuperarse
de los 116 días de huelga de hambre. El Servicio Penitenciario
Federal (SPF) informó, a través de un parte médico,
que todos se encontraban “clínicamente estables y lúcidos”
y que ya toleraban “sin inconvenientes” la alimentación
liviana. Roberto Felicetti, Miguel Angel Aguirre, Luis Alberto Díaz
y Claudio Rodríguez, por ejemplo, se alimentaron con puré
y gelatina “con buena tolerancia”. Gorriarán Merlo, en
tanto, recibió “multivitamínicos y complejo B por vía
oral”. Carlos Motto ingirió alimentos “sin signos de
descompensación”. Y por último, Claudia Acosta, Ana
María Sívori, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Sergio
Paz y Claudio Veiga comenzaron a ingerir una “dieta blanda hiperproteica
viposódica”.
CRITICAS
AL GOBIERNO Y LA CONMUTACION DE PENAS
Seineldín
no quiere indulto
 El
ex coronel Mohamed Alí Seineldín, quien está preso
por el levantamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990 en el que
murieron 14 personas, cuestionó la decisión del presidente
Fernando de la Rúa de conceder una conmutación de penas
a los detenidos por el ataque al cuartel de La Tablada. “Deben cumplir
su condena por el gravísimo baño de sangre que provocaron
en el país”, se quejó el ex militar.
Durante su gestión, el ex presidente Carlos Menem, varias veces
amagó con firmar un decreto para indultar a Seineldín junto
con el líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP), Enrique
Gorriarán Merlo. Pero nunca puso ese proyecto en práctica.
El ex ministro del Interior Carlos Corach, le sugirió este año
a De la Rúa que concediera la libertad a los dos. “El país
de esta gente ya no existe”, le dijo. Nada de esto sucedió.
Seineldín dijo que él no aceptaría un indulto ni
una conmutación de penas, como la que sí dispuso el Presidente
para los presos de La Tablada que ayunaron más de cien días
como forma de protesta en reclamo de una segunda instancia judicial, tal
como recomendó en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). “Yo ya tengo diez años (en prisión).
Lo tomo como una forma religiosa, como testimonio. Me quedan tres para
irme limpiamente y sin deber nada a nadie, a los 70 años”,
dijo. Insistió, además, con que no quiere que ninguno de
sus seguidores reclame un indulto: “A todo el mundo que lo pide lo
desautorizo. Yo cumplo con la condena y en tres años estoy en libertad”,
agregó.
El carapintada acusó a los presos de La Tablada de haber sido “los
gestores del desvío de la Argentina tradicional, cristiana, hacia
la Argentina internacional en la que hoy estamos sumergidos”. “Hoy
vivimos en otra Argentina, insertada como una provincia del bloque americano,
donde la economía es una economía de mercado globalizado”
y hasta “los radicales y los peronistas obedecen a objetivos internacionales”,
criticó.
Para él, el copamiento del cuartel de La Tablada, en 1989, fue
“una operación para provocar caos social, decretar el estado
de sitio y suspender las elecciones (...) Se montó en Porto Alegre,
donde estuvo Gorriarán Merlo, Enrique Nosiglia y Carlos Becerra”,
el actual jefe de la SIDE. Cuando explicaron los motivos de su acción
los asaltantes del regimiento de La Tablada aseguraron que poseían
información de que allí se estaba reuniendo la plana mayor
carapintada seineldinista para preparar un nuevo levantamiento militar
contra el entonces presidente Raúl Alfonsín. La reunión
de conspiradores no se estaba haciendo, pero de todos modos, el levantamiento
se produjo casi dos años después, bajo la presidencia de
Carlos Menem.
“Lo que dice Seineldín es directamente incontestable –replicó
Adrián Witemberg, vocero de los presos del MTP–, nos tiene
sin cuidado más allá de que está en el extremo opuesto
políticamente. Es todo un delirio lo que dice.”
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