Por Raúl Dellatorre

Hace exactamente diez años, el 2 de enero de 1991, en Argentina se ponía en marcha la desregulación de los precios de los combustibles. La medida había sido dispuesta a fines de 1989, como parte de la política petrolera resuelta por el gobierno de Carlos Menem, complementada con la decisión de privatizar YPF y la apertura del mercado para la importación y exportación de productos. El petróleo pasó a ser de libre disponibilidad de quien lo extrajera, y las refinerías quedaron en libertad para fijar las condiciones de contratación con las expendedoras. La libre competencia, se dijo entonces, sería en definitiva en beneficio del consumidor. Con el petróleo alrededor de los 25 dólares el barril en 1991 (antes del conflicto entre Irak e Irán), la nafta especial salía de refinería a 15 centavos el litro (antes de impuestos) y se vendía en los surtidores a poco menos de 50 centavos. Diez años después, el crudo cotiza internacionalmente a precios similares a los de entonces, pero la nafta especial o súper, en puerta de refinería, se vende a 33 centavos (120 por ciento más) y en la estación de servicio a 1,05 pesos (110 por ciento más). Pese al aniversario, nadie salió a explicar el porqué del fracaso de la competencia.
Rubén Maltoni fue, como subsecretario de Combustibles, uno de los autores del diagrama de desregulación. Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, vivió el proceso desde otro lado del mostrador. Ambos fueron consultados por Página/12 y, tanto uno como otro, admitieron el fracaso de la desregulación, aunque con diferentes argumentos. “El Gobierno falló en el control de la evasión que se generó con la adulteración de naftas; en evitar el abuso de posición dominante de las empresas a partir de la privatización de YPF; perdió los cuadros técnicos que existían en el Estado para realizar la tarea y hoy ni siquiera conoce las reservas de petróleo que hay en el país; y hace cinco años que tiene parada en el Congreso una nueva ley de hidrocarburos, que debería poner las reglas para el funcionamiento de la comercialización”, resumió Maltoni las razones para que no se cumplieran los objetivos. “Fue inevitable que pasara lo que sucedió, al transferir los derechos monopólicos que ejercía una empresa estatal a una empresa privada, mientras las otras dos grandes compañías siguieron ejerciendo una política de cartelización para manejar los precios y la relación con los expendedores”, apuntó por su parte Manuel García.
El sector se expandió en cantidad de estaciones de servicio y en el tamaño de éstas, las que en los principales puntos de venta se han convertido en “megastores” lujosos y atractivos. Pero ello no se reflejó en mejores precios para el cliente ni tampoco en mayor consumo. En 1991, se vendieron en el país 5250 millones de litros de nafta; diez años después, el volumen se redujo a poco más de 5000 millones, pese a que el parque de vehículos nafteros se expandió en un 40 por ciento. Los expendedores independientes –que compran y venden el combustible a riesgo propio–, que hace una década representaban la mayoría del mercado, hoy no superan el 25 por ciento de los puntos de venta. El resto, el grueso, es atendido por estaciones de las propias petroleras (dueñas de las refinerías) o de terceros pero con ventas en consignación: venden por cuenta y orden de las refinerías.
Ni los sucesivos cambios de mano de YPF (de sociedad anónima de propiedad estatal pasó a ser controlada por fondos de inversión extranjeros, para finalmente quedar en manos de Repsol) ni los recientes intentos de la Secretaría de Defensa de la Competencia por dotar de mayor competencia al mercado lograron modificar el panorama. Daniel Montamat, que había cumplido funciones en el área durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983/89) volvió a la gestión pública en diciembre de 1999, como secretario de Energía de la administración De la Rúa. Uno de sus primeros comentarios hizo referencia a la sorpresa por el desmantelamiento de loscuadros técnicos del sector, lo que le impedía todo intento por evitar una fabulosa evasión tanto por adulteración de naftas como por ventas no declaradas. Apenas unos pocos puntos de venta, en ubicaciones marginales, llegaron a ser sancionados. Los únicos datos sobre refinación de naftas y ventas al público que posee la Secretaría son los que le suministran las propias empresas. Tampoco hay un ejercicio regular de auditoría oficial sobre reservas de hidrocarburos. La desregulación se convirtió, con el transcurso de los años, en descontrol.
No es extraño que frente a este cuadro, una década después de la desregulación, no hayan aparecido otras grandes firmas interesadas en comercializar combustibles, salvo que ingresaran por vía del control de la empresa más poderosa del sector, YPF. Las expectativas están puestas ahora en el cambio de reglas que pueda imponer una nueva ley de hidrocarburos o la obligada entrada de un nuevo operador de redes de venta por la desinversión que debió realizar Repsol para salir de una posición excesivamente dominante (ver recuadros aparte). Pero mientras tanto, los consumidores siguen siendo los grandes engañados por un régimen que les prometió todo y no les dio nada, y los expendedores, los más desilusionados. Según señala García, “si éste es el resultado económico de un mercado actuando libremente, los que creemos y pensamos desde la concepción de la libre empresa tendríamos que ir en procesión a pedirle perdón a Carlos Marx”.

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