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Por
Nora Veiras
 El
ministro de Educación, Hugo Juri, acaba de cumplir tres meses en
el cargo. En ese corto lapso intentó reencauzar el diálogo
con los gobiernos provinciales y los gremios que había entrado
en un callejón sin salida con su antecesor Juan Llach. Este médico
cordobés plantea que el Estado tiene un rol central para jugar,
porque “no se puede dejarla librada al mercado”. Descree de
las recetas neoliberales porque “han fracasado en todas partes”
y apuesta a una buena administración a sabiendas de que la restricción
presupuestaria no deja margen para mejoras sustanciales. Juri reivindicó
la decisión del Consejo Federal para que cada provincia decida
cómo aplicar los diez años de obligatoriedad de enseñanza,
es decir que la primaria y el secundario podrán seguir en pie.
La Educación General Básica y el Polimodal ya no serán
el único esquema posible.
–¿Cómo evalúa estos meses de gestión?
–Hemos terminado muy bien el año, con una serie de hechos
relevantes, aprobados por el Consejo Federal de Educación funcionando
a pleno y acordando objetivos muy importantes para la educación:
entre ellos, resolver una situación muy complicada, como es la
flexibilización que se les da a las provincias autorizándolas
a aplicar de distinta manera los tres ciclos de la Educación General
Básica.
–¿Esto quiere decir que la EGB continúa o puede cambiar?
–Volvemos a las cuestiones básicas: cuáles son los
resultados y no la mecánica para obtener esos resultados. Para
seguir con el sistema como estaba, hacen falta 1000 millones más
de pesos en el futuro, lo que es muy difícil de conseguir. Además,
tal cual estaba, la EGB, en especial el tercer ciclo (equivalente al séptimo
grado y los dos primeros del secundario), es muy conflictivo. La provincia
de Córdoba –una de las que quiere modificar esto–, al
tener el tercer ciclo en el secundario, puso catorce materias en lo que
era el séptimo grado. Es imposible.
–Usted dice que se necesitarían 1000 millones de pesos más
para aplicar la nueva estructura; ahora, ¿la razón por la
cual se flexibiliza es porque no hay plata, o por motivos pedagógicos?
–Porque ya se ha demostrado que el sistema educativo argentino es
más desigual ahora que antes. Justamente por eso. No sólo
por los factores económicos y la falta de recursos humanos. Tal
como está planteado, hay una serie de asignaturas en los polimodales
para las cuales las provincias no tienen los docentes. Digamos: no hay
ninguna prueba de que este sistema esté funcionando bien, pese
a todos los esfuerzos humanos y económicos que se han hecho. Entonces,
esta flexibilidad hace que cada región que conoce sus fortalezas
y sus dificultades lo pueda aplicar de la mejor manera posible, para que
a nivel país, nosotros midamos resultados.
–En el caso de Buenos Aires, se dijo que la nueva estructura permitió
retener a una mayor cantidad de alumnos que, por razones socioeconómicas,
habían abandonado y el tercer ciclo hizo que volvieran a la escuela...
–Ese es otro tema: queremos retener, pero el objetivo es la calidad.
En muchas provincias se tomó la decisión política
y filosófica de retener, para no dejar gente en la calle, aun a
costa de pasarlos de año sin que tuvieran las condiciones necesarias.
Por los resultados, hemos visto que en las provincias que ha sucedido
esto, los resultados de las evaluaciones son de las más bajas del
país. Creo que el hecho de que haya una política nacional
sobre una determinada cantidad de años que todos los alumnos deben
cumplir es la manera de retenerlos, porque así sucede en todos
los países del mundo. El sistema británico tiene un determinado
número de años y no tiene ningún nombre en especial.
No necesariamente es el hecho de los ciclos, sino la decisión de
garantizar la obligatoriedad lo que promueve la retención.
–Ustedes ahora han establecido políticas de compensación
para las provincias que estaban más postergadas...
–Eso tiene varios significados: por empezar, nivelar la educación
para arriba. Demuestra cuál es la política del Ministerio
de Educación de la Nación: derivar recursos humanos y económicos
hacia los sectores sociales que estén en desventaja con respecto
al resto del sistema. Porque los resultados de la evaluación que
hacemos los comparamos con los datos del Indec; o sea, cuando queremos
comparar dos escuelas, las comparamos dentro del mismo nivel de necesidades
básicas insatisfechas y no dentro de una ubicación geográfica,
o de un ranking. El ejemplo de estas provincias es el ejemplo político
de este Ministerio de Educación. Algunos otros hubieran hecho un
ranking y decir “las escuelas que están peor serán
castigadas, las que están mejor serán premiadas”. Nosotros
no queremos decir que a una escuela que ande bien no la tengamos que compensar,
pero tenemos que decir que estas escuelas que andan mal, tenemos que ver
si la escuela anda mal porque anda mal, o porque el entorno es hostil,
con necesidades básicas insatisfechas, o dificultades de otra naturaleza.
A estas escuelas nosotros no las castigamos; en estas escuelas invertimos
recursos, pero midiendo resultados. O sea, a estas escuelas se les da
el apoyo para que empiecen las clases antes con un objetivo claro: comprensión
de textos.
–¿Cómo va a hacer para garantizar 180 días de
clase? Los calendarios escolares en general tienen ese piso, pero en la
práctica no se cumplen.
–Vamos a promover una ley para garantizar esos días: 180 días
es menos de la mitad del año. Podés tener huelgas, desastres
naturales, una serie de cosas, pero si estamos hablando de la mitad del
año, es muy difícil no poder garantizar las clases. A menos
que sea un desastre imposible de prever. Son días que hay que recuperar,
es así de simple.
–¿Y esto está conversado con los gremios?
–Sí, los gremios han estado de acuerdo con que haya un régimen
mínimo de clases. Sobretodo con Ctera lo hemos hablado. No puede
ser que haya provincias que no tienen dificultades ni conflictos gremiales
serios y han tenido 120 días de clase.
–Usted de algún modo plantea compensar desigualdades sociales
a partir de focalizar determinadas políticas educativas.
–Este no es el Ministerio de Bienestar Social, pero lo que nosotros
queremos es que el país tenga un nivel educativo bueno. Algunos
imaginan que el nivel educativo, si lo dejás al mercado, el mercado
se va a encargar de que dentro de muchos años sea un nivel educativo
bueno. Nosotros consideramos que el Estado nacional tiene que tener políticas
activas para nivelar para arriba el sistema educativo.
–Me parece una incongruencia que por una lado se plantee eso y, por
otro, el Gobierno haya firmado un Pacto Fiscal con las provincias que
congela el gasto público por cinco años. ¿Cómo
van a hacer para absorber solamente el crecimiento vegetativo de la matrícula?
Más alumnos suponen mayor inversión. Garantizar diez años
de obligatoriedad supone un mayor gasto de hecho en los sistemas educativos.
–Bueno, dentro del Pacto, se acordó una cláusula especial
para las emergencias educativas y de salud.
–Es más que ambigua la cláusula.
–Creo que no es tan ambigua. Otra de las cosas que se aprobó
es un censo educativo para los primeros meses del año. Nosotros
necesitamos datos. Se puede mejorar mucho en la eficiencia en el uso de
recursos económicos y en el de recursos humanos. Con muchas técnicas
que vamos a utilizar, entre otras la educación a distancia, estas
flexibilizaciones y la capacitación docente, vamos a mejorar la
eficiencia. Con la utilización de los otros sistemas terciarios
no universitarios; el portal educ.ar, que parece que fuera sólo
enseñanza de informática cuando en realidad nos va a dar
una enorme facilidad con el tema de la educación a distancia. La
crisis económica ha hecho que la inversión en educación
se haya retrasado: las provincias tienen un corte de rutas, problemas
alimentarios, etcétera, y derivan recursos. Incluso han discutido
con gremios reduccionessalariales. Entonces, independientemente de lo
que se firme en el Pacto de los gobernadores, hay objetivamente un razonamiento
que lleva a pensar que los recursos no van a aumentar tan rápidamente
como esperamos que aumente la matrícula, en todos los niveles educativos.
Entonces, obviamente hay que hacer un gran esfuerzo en mejorar la eficiencia
en el gasto.
–Con respecto de la ineficiencia del gasto, FIEL hizo un estudio
en el que propone la reducción de 160 mil cargos docentes y se
inclina porque el Estado otorgue el dinero a “escuelas charter”.
Concretamente, a asociaciones civiles que manejen las escuelas para hacerlas
más eficientes. ¿Usted qué opina?
–Bueno, así sin hacer un análisis del libro completo
del estudio de FIEL, que estoy leyendo, yo lo que digo es que ese sistema
no está probado que haya tenido éxito en ningún lugar
del mundo. Número dos: en Gran Bretaña, la cuna del capitalismo,
lo eliminaron, porque no dio los resultados esperados. Número tres:
en nuestro país existen muchísimas “escuelas charter”,
en donde se podría aplicar esto. Pero en nuestro país, a
diferencia de otros países “capitalistas” realmente,
como Estados Unidos, se financia la educación privada a través
del Estado, en vez de pagar por alumno se paga por docente, pero se está
financiando la educación privada: si quieren hacer una prueba,
ése es un buen lugar experimental para hacerlo. Argentina ha sido
un centro experimental de todo tipo y no necesariamente nos ha ido bien.
En Estados Unidos se votó en muchos estados la aplicación
de las “escuelas charter” y fracasaron. El modelo de Gran Bretaña,
que se implantó en la época de Thatcher, fue eliminado por
los malos resultados. Además no somos Gran Bretaña; una
cosa es aplicar “escuelas charter” en San Isidro, donde los
padres tienen muchísima información y una selección
de escuelas adonde enviar a los chicos, y otra es donde estuvimos hace
poco, en la Isla Apipé, donde hay una escuela y la próxima
está a 15 kilómetros caminando. Son modelos diferentes de
país: nosotros visualizamos un modelo en donde el Ministerio de
Educación del país se va a encargar de que haya una sola
educación igualitaria de buena calidad, invirtiendo especialmente
en las regiones más desprotegidas. Ese otro modelo lleva a que
la inversión sea en los lugares que tienen mejores resultados.
Hoy es muy fácil: los mejores resultados los tienen Capital Federal,
Córdoba y Santa Fe y los peores, todas las provincias del norte,
las provincias más pobres. Estamos analizando todos los datos y
las propuestas de FIEL, pero no estamos de acuerdo con la privatización
de la educación.
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