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Por
Mariana Carbajal
 La
xenofobia está presente en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
Según denunció la ombudsman porteña, Alicia Oliveira,
al menos en el Argerich, el Santojanni, el Ramos Mejía y el Piñero,
se niegan a atender a los extranjeros indocumentados o les cobran aranceles
especiales para realizarse, precisamente, los estudios médicos
necesarios para iniciar el trámite de regularización de
su situación migratoria. “Sabemos que es una política
vigente. Es lamentable que no podamos superar las barreras de la discriminación.
Una empleada de una cooperadora hospitalaria, por ejemplo, me llegó
a decir que les cobran según la cara”, indicó Oliveira,
en diálogo con Página/12. La Defensoría del Pueblo
recibe un promedio de una denuncia por semana de inmigrantes a los que
se les obstruyó el acceso a la salud; entre ellos, constataron
el caso de una embarazada de ocho meses a la que le exigían el
documento nacional para brindarle atención médica. A través
de una resolución, Oliveira recomendó al secretario de Salud,
Marcos Buchbinder, que “arbitre todos los medios” para modificar
esta situación.
“En general, nos comunicamos con cada hospital y conseguimos que
los atiendan, especialmente, en los casos más urgentes. Pero no
debería ser así. La Ley de Salud de la Ciudad es clara:
en la atención a los pacientes no se admite discriminación
por razones religiosas, raciales, de sexo, ideológicas, políticas
ni de cualquier otro orden”, señaló a este diario Diego
Morales, asesor legal de la Defensoría.
El organismo constató que en el Hospital Piñero a los extranjeros
indocumentados, aunque sean indigentes, les cobra un arancel especial
para poder realizarse estudios médicos (análisis de sangre
completo y radiografía de tórax) que les exigen en la Dirección
Nacional de Migraciones para iniciar los trámites de radicación.
En la resolución enviada al secretario Buchbinder se mencionan
dos de los casos que llegaron a la oficina de la ombudsman: el de Ninfa
Cruz y el de Erika Reyes, a quienes, en octubre, en la Cooperadora del
Piñero les condicionaron los estudios al pago de una tarifa: 10
pesos por la radiografía y 6 por el test sanguíneo. Gracias
a la intervención de la Defensoría ambas mujeres consiguieron,
finalmente, los exámenes sin cargo. El Piñero es el hospital
porteño más cercano a la villa del Bajo Flores, donde están
asentados la mayor cantidad de inmigrantes de la Ciudad.
Consultado por este diario, Buchbinder respondió: “Si ocurrieron,
ese tipo de hechos son discriminatorios, contrarios a la ley, a la Constitución
de la Ciudad y a mis creencias”. El funcionario afirmó que
la Secretaría de Salud ha enviado notas en reiteradas oportunidades
a las direcciones de los hospitales recordándoles las normativas
vigentes, que indican que no se debe cobrar ningún servicio. “Si
hay denuncias concretas, se investigarán y los responsables serán
sancionados”, advirtió Buchbinder.
En la Defensoría presumen que las denuncias que reciben en sus
oficinas representan apenas un puñado de los casos de discriminación
que se suceden en algunos hospitales. La mayoría de los perjudicados,
argumentan, no llega a realizar ninguna queja. Entre las denuncias que
analizó el organismo figura la de otra mujer, Flavia Gallardo,
que se encontraba en su octavo mes de embarazo y relató que en
el Ramos Mejía se negaban a atenderla por su condición de
indocumentada. Cuando la ombudsman se comunicó telefónicamente
con el hospital, para consultar por este caso, el director respondió
que como la mujer “carecía de documentación argentina
y del país de origen resultaría imposible inscribir al menor”.
“Insólitamente el hospital asumía las funciones del
Registro Civil, en lugar de ocuparse de la atención de salud”,
ironizó Oliveira, en declaraciones a Página/12.
El organismo también recibió denuncias sobre trato discriminatorio
hacia los extranjeros indocumentados en los hospitales Argerich y Santojanni.
En el primero, por ejemplo, a otra mujer, Jovita Estrada Pacheco, le negabanla
realización de una resonancia magnética hasta que se presentase
con un DNI. “Exigirle al inmigrante que regularice su situación
migratoria previo tratamiento programado implica lisa y llanamente privarlo
de la atención y no garantizar su derecho a la salud en términos
de prevención o atención eficaz”, escribió Oliveira
en la resolución, con fecha 17 de noviembre, enviada al secretario
de Salud del gobierno porteño.
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