Por Nora Veiras

“El juez Carlos Liporaci le pagó 20 mil dólares a la financiera Cofiarsa para que le fraguara un crédito por 160 mil dólares a nombre de su esposa Lidia Inés Calb y así justificar parte de la compra de su casa de Vicente López, operación por la que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito,” asegura sin dudas Guillermo Gowland. El ex secretario de Liporaci explicó a Página/12 que él se enteró de esta situación por medio del abogado Isaac Damsky, amigo personal del dueño de Cofiarsa, José Levy, y que el propio Levy le reconoció que, “acorralado por las deudas, aceptó el trato”. La maniobra, que demostraría no sólo el origen espurio de la fortuna del magistrado sino que también cometió otro delito para intentar cubrirse, tuvo para Gowland un desenlace inesperado: el 31 de diciembre le dejaron grabado en el contestador de su teléfono celular una amenaza de muerte contra él y Levy. Gowland tuvo que dejar su cargo en el juzgado a raíz de distintas denuncias que realizó contra Liporaci (ver aparte).
En su declaración en la comisaría de Miramar, Gowland contó que el 31 de diciembre al levantar los mensajes de su teléfono celular se encontró con la amenaza anónima que dice: “Doctor Gowland, déjese de joder con Levy y los judíos de Lanata, porque lo vamos a ahogar en Miramar y Levy se va a caer por el hueco del ascensor, cuide a sus hijos”. El acta policial detalla que Gowland aclaró que “Levy es José, dueño de la Cooperativa Cofiarsa, quien el 21 de diciembre se reunió con el deponente y le manifestó que había sido quien le había gestionado un crédito por 160 mil dólares a la mujer del juez federal Carlos Liporaci para la compra de la casa de la calle Gaspar Campos de Vicente López, reconociendo que dicho crédito nunca existió y que lo que hizo fue armar una carpeta para que Liporaci justificara dicha adquizición (sic)”.
–¿Cómo se contactó usted con Levy? –le preguntó este diario a Gowland.
–El jueves 21 de diciembre al mediodía me crucé en Talcahuano y Tucumán con el doctor Damsky, que me conoce de mi actuación en la Justicia, y me dice: “¡Qué gusto de haberlo encontrado! Hace varios días que quería hablar con usted. Me tiene que hacer un favor porque tengo un amigo, un hombre honesto, que tiene un gran problema con la misma persona que le causó el problema a usted”. Ahí me dice que su amigo es José Levy, quien fue estafado por su socio y tiene serios problemas financieros y que a raíz de esa situación aceptó un ofrecimiento de Liporaci y su mujer que le pusieron 20 mil dólares a cambio de que le fraguara un crédito por 160 mil pesos para justificar un dinero malhabido que usó para comprar su casa.
–¿Se encontró con Levy?
–Sí, Damsky me pidió que le diera una mano. Lo llamé y nos encontramos en la confitería Jimbo de Corrientes y Acevedo. Es un tipo grande, muy quebrado, el hijo tiene problemas de corazón y a raíz de esos problemas de salud desatendió su financiera y un socio lo estafó. Me cuenta que está tapado de deudas. Así me empieza a justificar su situación. Yo le pregunto por el crédito a Liporaci y me dice que lo gestionó a través de Uruguay. Entonces yo le digo que ya me contaron todo, que sabía que el juez le había pagado para que le inventara un crédito trucho.
–¿Y qué le dice Levy?
–El tipo se quebró. Me dijo: “Doctor, me allanaron la cooperativa, la casa... yo necesitaba esos 20 mil pesos”. Y me asintió con la cabeza -estaba muy quebrado– toda la maniobra que me había contado Damsky que hizo a pedido de Liporaci.
En la denuncia realizada en la policía de Miramar, tomada por el subinspector Héctor Mediza, Gowland relata todo el episodio incluido que “Levy había fraguado la carpeta de mención para obtener 20 mil pesos a cambio porque estaba atravesando una grave cituación (sic) económica”.
A raíz de esas amenazas, Gowland y su familia están con custodia frente a la casa que ocupan en las vacaciones y un policía los protege en la playa.
En el dictamen del Consejo de la Magistratura sobre el sospechoso incremento patrimonial de Liporaci se le dedican dos carillas al crédito por 160 mil dólares que obtuvo Lidia Inés Calb en la Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. Cofiarsa. La esposa del juez, que como empleada de la Cámara de Diputados cobra 1716,50 pesos, se comprometió a devolver el capital más los intereses mediante el pago de 5 cuotas anuales de 32 mil dólares, a partir del 7 de julio de este año, es decir con un año de gracia.
Las increíbles condiciones del crédito motivaron la investigación fiscal que se reproduce en los fundamentos de la citación a Liporaci. “Se estableció a través de informes solicitados al Instituto de Asociativismo y Economía Social (Inaes), a Veraz y al Banco Central que la cooperativa tendría inconvenientes en cuanto a su solvencia, existiendo expedientes administrativos y judiciales contra dicha entidad, en algunos casos por irregularidades detectadas por el organismo de contralor y en otros juicios en el fuero comercial, llegando a hacerse una denuncia penal por defraudación contra sus autoridades”, dice y recuerda que “por resolución del Inaes del 13/9/99 se estableció que la cooperativa no funcionaba desde el mes de junio de 1996”. A raíz de estas circunstancias el juez Gabriel Cavallo ordenó el allanamiento de las oficinas de esa entidad.
El dictamen concluye que “deviene inexplicable que el doctor Liporaci, cliente de distintas entidades bancarias, no recurriera a ninguna de ellas en esta ocasión, prefiriendo la contratación con un particular y con una cooperativa de cuestionada legalidad y dudoso funcionamiento”. Lo “inexplicable” podría resultar “explicable” a partir de la denuncia de Gowland. Liporaci es el juez que, justamente, tiene que investigar los supuestos “sobornos” en el Senado. Un especialista en la materia.

UN ENFRENTAMIENTO DE LARGA DATA
Escuchas y favorcitos

La denuncia relacionada con el préstamo con el que el juez Carlos Liporaci pagó su mansión no es la primera que hace Guillermo Gowland contra su ex jefe. En 1996 el magistrado que tiene a su cargo la causa sobre los supuestos sobornos en el Senado ordenó escuchar los teléfonos particulares de Daniel Barindelli, quien trabajaba como oficial de su juzgado. Liporaci había firmado una orden de intervención de los teléfonos, pero sin que mediara ninguna causa penal ni sumario administrativo que lo justificara. Gowland, que era secretario del juzgado, denunció al magistrado. Agregó que éste había demorado deliberadamente el llamado a indagatoria y procesamiento del empresario Alberto Samid y que le pidió a un detenido 250 mil pesos para obtener su libertad.
A partir de la denuncia hecha por Gowland, el juez Mariano Bergés inició una investigación que concluyó con el pedido de juicio político a Liporaci.
Gowland no sólo había demandado a su jefe por las pinchaduras, que consideró ilegales. También sumó los delitos de incumplimiento de sus deberes, abuso de autoridad, cohecho y amenazas. En el relato que hizo ante la Justicia figuraba que Samid habría sido beneficiado con la eximición de prisión preventiva tras una supuesta reunión de Liporaci con el dirigente justicialista Jorge Antonio, en la que éste le habría dado dinero al magistrado por “el favor”.
El expediente en el que Bergés incriminó a Liporaci pasó al fuero federal y quedó a cargo del juez Gabriel Cavallo, el mismo que investiga a Liporaci por enriquecimiento ilícito. Este magistrado se vio obligado a archivar la causa porque la mayoría menemista de la Cámara de Diputados se negaba a desaforar al acusado. De la denuncia de Gowland sólo sobrevivió un sumario administrativo que fue reclamado por la Corte Suprema.
El máximo tribunal de la Nación resolvió el año pasado que todo lo que hizo Liporaci estaba dentro “del ejercicio de atribuciones que le son propias y despojado de cualquier interés personal”. Aunque los ministros Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Carlos Fayt le recomendaron al magistrado que no volviera a escuchar de esa manera a sus empleados, consideraron que estaba exento de “responsabilidad administrativa”.

Como juez, un genio para hacer negocios

Por Irina Hauser

“Esto es claramente un dibujo de números que no cierra por ninguna parte”, dijo Juan Gersenobitz, uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, en el momento en que la Comisión de Acusación analizaba la declaración patrimonial con la que el juez Carlos Liporaci intentó justificar cómo se compró una mansión en Vicente López con su sueldo de magistrado. Los presentes, con excepción de la menemista Lelia Chaya, asintieron. Desde el vamos les llamó la atención que dijera que había pagado 610 mil dólares por una casa oficialmente valuada en más de 1 millón. Un dictamen apoyado por cinco consejeros concretó en diciembre la citación del magistrado como sospechoso de enriquecimiento ilícito que lo colocó en la antesala de su juicio político. Aquel escrito cuestionaba los supuestos préstamos recibidos por Liporaci de financistas particulares y en dudosas condiciones; objetaba que explicara sus gastos sumando los sueldos de toda la familia, incluido el de su hija casada; y advertía que pese a los aparentes esfuerzos de ahorro, gastó fortunas en viajes y ropa masculina.
Si Liporaci ya corría peligro de ser destituido, la denuncia presentada por su ex secretario, Guillermo Gowland, ensombrece mucho más aún su futuro “laboral” (ver aparte). El posible juicio político de este juez no es un tema menor. Funcionarios de Gobierno y de tribunales se animaron a interpretar incluso que la falta de mérito que dictó el viernes pasado a favor de los senadores acusados de recibir coimas para votar la Reforma Laboral, sería una maniobra para evitar o dilatar su juzgamiento.
La Magistratura –órgano encargado de la remoción de los jueces– inició en setiembre la pesquisa sobre la majestuosa casa comprada el 7 de julio del año pasado por Liporaci. Aunque justificó espontáneamente su patrimonio, sus argumentos no convencieron y fue llamado a declarar. Su descargo por escrito, al parecer, tampoco resultó convincente y su caso podría ser girado al plenario del Consejo en febrero. Paralelamente, el juez Gabriel Cavallo investiga la evolución patrimonial de su colega.
Lo que Gersenobitz llamó “dibujo” aparece detallado en un dictamen que elaboraron los consejeros Pablo Fernández y Fermín Garrote. Aquel escrito citaba los dichos de Liporaci y sacaba conclusiones.
Dijo que la casa de Gaspar Campos 471 le costó 610 mil dólares, como figura en la escritura. Ese precio asombró a los investigadores puesto que es inferior a la valuación fiscal (633 mil), mientras que la relación numérica suele ser inversa. Más aún, el Cuerpo de Tasadores de la Corte estimó que la casa cuesta en verdad entre 950 mil y 1.120.000 pesos.
Para pagar su nuevo hogar, como el sueldo de 5521 pesos como juez era insuficiente dijo que pidió préstamos. Uno de ellos lo obtuvo de Guido Torrisi por 210.700 comprometiéndose a devolver 200 mil en un año y el saldo de 10.700 en 10 cuotas. Lo que sonó extraño a los consejeros es que haya hecho la gestión con un particular si tiene cuentas en bancos. Por otro lado afirmó que su esposa recibió el préstamo de 160 mil dólares de Cofiarsa, que motivó la denuncia de Gowland. Difícilmente alguien que, como ella gana 1716,50 pesos por mes, pueda obtener semejante crédito. A eso se suman los antecedentes de presunta insolvencia de esa cooperativa prestamista y de acciones judiciales en su contra. Y aun suponiendo que Liporaci y su esposa realmente hayan obtenido esos préstamos, difícilmente hubieran podido devolver tamaña suma en los plazos acordados si, según sus dichos, los ingresos de un año de toda la familia totalizarían 130.357,72.
Liporaci declaró que desde julio de 1998 a diciembre de 1999 incrementó sus ahorros en 4212 pesos. Y desde el 1º de enero de 2000 hasta el 7 de julio de ese año logró guardar 118.606,18 pesos. ¿Cómo hizo para ahorrar esa suma si los ingresos mensuales de la familia rozaban los 11 mil pesos?, preguntaba el dictamen de Acusación.
El cálculo de los ahorros se complica porque su hija María Florencia ingresó a la Auditoría General de la Nación recién en junio de 2000, dondegana 800 pesos. Ella también recibe una pensión graciable de 500 pesos concedida por un diputado. Carolina trabaja en el Senado desde 1997 pero dejó la casa paterna cuando se casó en setiembre de 1999.
El dictamen destacaba otras incongruencias tales como que a pesar del supuesto esfuerzo de ahorro que alegó Liporaci, pagó el viaje de su hija María Florencia a Bora Bora (Polinesia Francesa) en abril del año pasado; abonó 350 pesos en abril en el Hotel Hyatt; y en mayo de 1998 se compró ropa en Old Man con tarjeta en tres cuotas de 716 pesos. Además, desde junio de 1999 hasta julio de 2000 pagó 1850 pesos mensuales (más gastos) por el alquiler de una casa en el country Golfer’s, como reveló Página/12.

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