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Por Raúl
Kollmann
 Los abogados defensores de
doce de los imputados en el atentado contra la AMIA piden más tiempo
y sobre todo que se les permita ver la totalidad de las evidencias que
existen en el expediente. El Tribunal Oral número 3, encargado
de llevar adelante el juicio oral, convocó a los defensores para
que pidan las pruebas que crean necesarias antes del juicio, pero los
letrados sostienen que no pueden hacerlo hasta que el juez Juan José
Galeano entregue varios legajos paralelos y buena parte de las cintas
de escuchas telefónicas que tienen guardados y que no se han podido
ver hasta ahora. “Queremos que el juicio oral se haga lo antes posible,
pero tiene que ser con todas las garantías”, le dijo a Página/12
uno de los defensores oficiales de los policías involucrados en
el atentado. Al mismo tiempo, el Tribunal Oral rechazó un pedido
de libertad presentado por el principal imputado, Carlos Telleldín.
La cuestión de los legajos paralelos fue planteada en su momento
por los letrados Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, de Memoria Activa, y también
por la Cámara Federal: el juez Galeano fue acumulando evidencias,
no en el expediente principal del atentado, sino en una serie de legajos
que –según Memoria y la Cámara– no se mostraban
como correspondía a defensores y querellantes. El propio Tribunal
Oral conminó a Galeano a que le enviaran todas las pruebas, pero
los defensores oficiales Eduardo Dormí, Sergio Moreno, Víctor
Valle y José García señalaron ayer que ello no se
hizo. Por lo tanto, los letrados pidieron la nulidad del llamado que les
hizo el Tribunal a que propusieran las pruebas para antes del juicio oral:
“No podemos proponer medidas sino conocemos todo el expediente”,
argumentaron ayer los defensores.
El Tribunal Oral debe decidir si acepta o no el planteo de los letrados.
Si lo acepta, seguramente va a pedirle a Galeano los legajos que todavía
faltan incorporar al expediente principal. Si no lo acepta, los defensores
oficiales ya le adelantaron a este diario que apelarán a la Cámara
de Casación. Eso puede retrasar el proceso aproximadamente un mes.
Al mismo tiempo, el Tribunal Oral dispuso que Carlos Telleldín
siga preso. Víctor Stinfale, letrado del armador de autos truchos
que está acusado de ser cómplice del atentado, sostuvo que
Telleldín hace seis años y medio que está preso y
que ello viola el Pacto de San José de Costa Rica. El Tribunal
sostuvo que Telleldín afronta –si es condenado– una pena
muy grave, lo que ya torna irrazonable una libertad condicional. Además,
estuvo prófugo en varias oportunidades, por lo que puede presumirse
que Telleldín –de quedar en libertad– intentaría
eludir a la Justicia.
Los jueces del Tribunal Oral Gerardo Larrambebere, Carlos María
Andina Allende y Miguel Pons resolvieron no tomarse vacaciones y trabajarán
durante la feria para preparar el juicio oral.
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OPINION
Por Gabriela Alegre *
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Las Abuelas, el Nobel
y Ruckauf
Nos satisface que el gobernador Carlos Ruckauf se haya sumado a
la iniciativa de los organismos de derechos humanos y del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de proponer a las Abuelas de Plaza
de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Desde el 8 de agosto hasta hoy, más de cien diputados nacionales
(entre los cuales se incluyen Mario Cafiero, Hilda González
de Duhalde y Saúl Ubaldini), varios decanos y más
de treinta profesores titulares de la UBA, los diputados italianos
Massimo D’Alema y Walter Veltroni y asociaciones de parlamentarios
de Bélgica y los Estados Unidos adhirieron a la iniciativa
propuesta por la Dirección General de Derechos Humanos del
Gobierno de la Ciudad.
Tales adhesiones no son ni azarosas ni espontáneas. Fueron
buscadas para cumplir con los requisitos que impone el Comité
Nobel para las postulaciones.
El Comité Nobel exige que las candidaturas sean presentadas
–entre otros– por parlamentarios, miembros de los gobiernos,
profesores universitarios de derecho, ciencias políticas,
historia y filosofía. Exige también que sean presentadas
antes del 1º de febrero.
Como es evidente, estas exigencias obligan a quienes quieran proponer
candidatos a recoger las adhesiones pertinentes con una anticipación
prudencial. La forma intempestiva y tardía que eligió
el gobernador para hacer pública su adhesión parece
dirigida más a obtener beneficios políticos que a
alcanzar el objetivo propuesto.
Cuando el Gobierno de la Ciudad decidió promover la postulación,
el doctor Aníbal Ibarra nos indicó expresamente que
trabajáramos en conjunto con los organismos de derechos humanos,
y que actuáramos para que la postulación fuera realizada
seriamente y cumpliera con las exigencias del Comité Nobel.
El Gobierno de la Ciudad aspira a que el reconocimiento internacional
llegue, pero no para los funcionarios. Pretende que el premio sea
para las Abuelas, por su acción en la búsqueda del
paradero y de la identidad de los hijos de desaparecidos, su acción
por la búsqueda de justicia durante más de 20 años,
sus recientes éxitos al haber conseguido procesar a los responsables
del terrorismo de Estado por robo de bebés, su éxito
al conseguir recuperar a 70 niños apropiados ilegalmente.
Hay, además, un aspecto que el gobernador desconoce: la decisión
de postular a las Abuelas –y no a otro organismo, ni a una
persona física– fue consensuada con los organismos de
derechos humanos, con los que venimos trabajando en esta y en otras
iniciativas desde el comienzo de la gestión Ibarra.
Aún así, celebramos la adhesión del gobernador.
Celebramos que en vez de ocuparse en propiciar la pena de muerte
y la mano dura para combatir la delincuencia haya decidido reforzar
su prestigio a través de una causa más digna. De algún
modo es, como dijo Estela Carlotto, “casi una ganancia histórica”
para quien recuerde la historia de Ruckauf. Una ganancia que llega
de un modo oblicuo, pero llega.
* Directora general de Derechos Humanos. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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