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Por Diego Schurman
 La Justicia suspendió
ayer la desregulación del sistema de salud que permitía
desde el último lunes la libre competencia entre las obras sociales
sindicales y las empresas de medicina prepaga. Lo hizo a través
de una medida cautelar que da lugar al reclamo de “inconstitucionalidad”
de las dos CGT. El ministro de Salud, Héctor Lombardo, aseguró
que entre hoy y mañana el Gobierno apelará la decisión.
El fallo de la jueza de feria de la Seguridad Social, Adriana Lucas de
Tarradellas, dispuso la suspensión de los efectos de todos los
decretos relacionados a la desregulación del sistema de salud,
tanto el firmado en junio por el ahora ex vicepresidente Carlos “Chacho”
Alvarez, como los reglamentarios conocidos a fin del año pasado.
Técnicamente la medida se conoce como “innovativa”, ya
que resuelve sobre un paquete de decretos que ya estaban en plena vigencia.
En este caso dispone dejar sin efecto esos decretos hasta que la Justicia
analice la cuestión de fondo.
El argumento sindical –de acuerdo con la presentación de 48
obras sociales– se basa en la inconstitucionalidad de los decretos
de necesidad de urgencia para abordar cambios en el sistema de seguridad
social. Las dos CGT consideran que el tema debe ser tratado en el Congreso
y tener carácter de ley.
En el fallo, la jueza es contundente en ese sentido. “Sin que ello
implique prejuzgamiento alguno, cabe señalar que en reiterados
pronunciamientos he hecho referencia a la ineludible necesidad de tratamiento
legislativo de las normas de la naturaleza que reviste el decreto en examen
(...) Y si, finalmente, el Congreso no asumiera el tratamiento del decreto
ni lo rechazara ni lo convirtiera en ley, esta última omisión
debería equipararse al rechazo, con el efecto de que el decreto
quedaría derogado”.
El asesor legal de la CGT rebelde, Héctor Recalde, se preocupó
en recalcar la inexistencia de la “urgencia” de los decretos.
“¿Cómo interpreta el Gobierno la necesidad y urgencia
cuando Alvarez firmó el decreto en junio y recién se implementó
el 1º de enero de este año, o sea 7 meses después?”,
se preguntó el coordinador de las presentaciones judiciales. Para
el abogado, la decisión confirma un proceso de privatización
del sistema. “Introducir a las empresas de medicina prepaga colisiona
con otro derecho constitucional que es la obligación del Estado
de brindar los servicios de la seguridad social.”
El jefe de prensa de la CGT oficial, Carlos West Ocampo, dijo que el fallo
“demuestra la falta de consenso de los decretos”, mientras que
Pablo Giordano, titular de la Asociación de Empresas de Medicina
Prepaga, habló de una “enorme desprolijidad” por parte
del Gobierno.
Lombardo aseguró que en las próximas horas se presentará
la apelación. Ayer se encontraban trabajando sobre el tema los
técnicos del Ministerio de Salud con el procurador general del
Tesoro, Ernesto Marcer. “Somos un gobierno respetuoso de la ley,
aunque creemos que perjudica enormemente a la gente”, dijo Lombardo
a Página/12
–¿Qué pasa si la Justicia no da lugar a la apelación
del Gobierno?
–No creo que la Justicia termine impidiendo la posibilidad de que
la gente pueda elegir la obras social que quiera. Igual seguiremos elaborando
propuestas en la misma línea.
En el Gobierno se quejan de viva voz por la embestida cegetista contra
los decretos. “Las obras sociales fueron entregadas a los sindicalistas
justamente a través de un decreto y durante el gobierno de Onganía”,
chicanean. Los dirigentes gremiales reiteran una y otra vez que ese decreto
fue convalidado por leyes durante la gestión de Raúl Alfonsín.
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Ratifican el paro
Envalentonado por el fallo judicial que suspendió la desregulación
del sistema de obras sociales, la CGT oficial que encabeza Rodolfo
Daer ratificará hoy el paro general de 36 horas dispuesto
para el 1° y 2 de marzo. Los sindicalistas realizarán
un plenario de secretarios generales en la sede de Azopardo para
ultimar detalles de la “segunda etapa” del plan de lucha
que se inició el 24 noviembre con un paro general de 24 horas
y el 19 de diciembre con una concentración en la Plaza de
Mayo.
Si bien la desregulación es el tema de cabecera, la razón
de la protesta –que además del paro incluirá
marchas y concentraciones en todo el país– también
contempla el rechazo a los decretos que dispusieron la reforma previsional
y la rebaja salarial en el sector público.
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Aumentos en las prepagas
“Ya van a venir a golpear la puerta para adherirse.”
La frase del ministro de Salud, Héctor Lombardo, hizo referencia
a las empresas de medicina prepaga que a pesar de la desregulación
del sistema de salud –amén del fallo conocido ayer–
no se inscribieron para competir con las obras sociales sindicales.
De paso, el funcionario se quejó del aumento dispuesto por
las prepagas en las cuotas de sus afiliados. “No hay ninguna
razón que lo justifique. La desregulación del sistema
no es justificativo. No sé por qué lo hacen. Se ve
que a muchos no les satisface lo que hemos hecho con al desregulación,
pero no por eso se la tienen que agarrar con la gente”, aseguró
el funcionario a Página/12.
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EL
FREPASO ACUERDA CON DIPUTADOS PERONISTAS
Todos contra el decretazo
Por Eduardo Tagliaferro
“No aceptaremos convertirnos
en los meros acompañantes parlamentarios del Ejecutivo, también
queremos compartir las decisiones de gobierno. La Alianza no es de un
sólo partido. Es de dos”, dijo a Página/12 el diputado
Alfredo Villalba, sintetizando el espíritu de la reunión
en la que hoy se formalizará la “Comisión Parlamentaria
pro-derogación de la Reforma Previsional” impulsada por los
frepasistas. Si el Gobierno especuló con la escasa actividad política
de los meses de verano para atenuar sus diferencias con el Frepaso, sus
aliados hoy pondrán en duda su optimismo. Aunque en un comienzo
la comisión estará integrado por frentistas, los convocantes
no descartan sumar los apoyos de peronistas como Hilda Chiche Duhalde,
Oraldo Britos, Graciela Camaño, Alberto Atanasof, radicales como
Alfredo Allende y hasta menemistas como Mabel Müller, quienes les
manifestaron su oposición al decreto presidencial.
“Si es necesario, tanto yo como Aníbal (Ibarra) estamos dispuestos
a reforzar las posiciones del Frente en contra de la reforma.” Según
dijo a este diario la diputada María América González,
ese habría sido el comentario del líder frentista Carlos
“Chacho” Alvarez, luego de que el gobierno anunció la
firma de un decreto de necesidad y urgencia para implementar la reforma
del sistema jubilatorio.
“En un primer momento queremos informarles a nuestros compañeros
sobre las tratativas que tuvimos con el gobierno y sobre el contenido
final de los decretos”, dijo María América González
a este diario. “En febrero pensamos convocar a un foro del que participen
todos los diputados que se quieran sumar”, concluyó la legisladora,
a la hora de explicar su iniciativa.
La movida frentista está llamada a dejar heridas profundas en la
coalición gobernante. En un primer momento el Gobierno atemorizó
a sus socios con los riesgos que corre el blindaje financiero si es que
el decreto termina finalmente impugnado por las cámaras legislativas.
Luego minimizó la oposición de sus socios. “No creo
que pueda romperse la Alianza”, fue la opinión del Jefe de
Gabinete, Chrystian Colombo a la hora de hablar de las críticas
frepasistas.
En este punto, los convocantes a la reunión en la que hoy se conformará
la comisión que impulsará la derogación del decreto,
coincidieron con el gobierno. “No queremos la ruptura de la Alianza.
Pero el Gobierno tendría que saber que el déficit fiscal
no se soluciona con medidas como éstas”, dijo Villalba a Página/12.
La comisión convocará al Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, a juristas como Germán Bidart Campos, al
sociólogo Horacio González y a legisladores de todas las
extracciones partidarias. También estudian presentar denuncias
ante foros internacionales. En este sentido, la legisladora María
América González precisó ante este diario que “el
gobierno podría tener un voto de censura de la OEA por no dar cumplimiento
a las reiteradas recomendaciones para que se cumplan las sentencias judiciales
que favorecen a los jubilados”.
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