Por Irina Hauser

La Justicia investigará si el juez Carlos Liporaci le pagó 20 mil dólares al financista José Levy, dueño de la cooperativa Cofiarsa, para que le fraguara un crédito por 160 mil dólares a nombre de su esposa con el fin de justificar en parte cómo compró una mansión en Vicente López con su sueldo de 5521 pesos como magistrado. El relato de esa maniobra surge de una denuncia realizada por Guillermo Gowland, un antiguo secretario de Liporaci, revelada ayer en exclusiva por Página/12. Su constatación en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra el juez –que está a cargo de su colega Gabriel Cavallo y del fiscal Pablo Recchini– demostraría no sólo el origen ilegítimo de su riqueza sino otro posible delito que habría cometido para disimularlo. Y aumentaría las chances de que el Consejo de la Magistratura, que también analiza su evolución patrimonial, solicite en febrero su destitución.
“Es un profundo disparate”, despotricó Héctor Rodríguez, el abogado de Liporaci, consultado sobre la denuncia de Gowland. “Todo se trata de una maniobra de sectores vinculados con el Frepaso. Según la información de que dispongo, Gowland creo que asesora a alguien en ese partido”, dijo en defensa de su juez protegido, el mismo que el viernes pasado dictó la falta de mérito de los 11 senadores, en su mayoría justicialistas, sospechados de haber recibido coimas a cambio de votar la reforma laboral.
“Cuando denuncié a Liporaci con anterioridad decían que yo era de (Domingo) Cavallo, ahora resulta que soy del Frepaso”, replicó Gowland. “Por si hace falta aclararlo, sólo asesoré ad honorem a la diputada del Frepaso Graciela Podestá en 1998 durante cinco meses, pero como no compartíamos algunos criterios me fui ¿Por qué tiene que mezclar cuestiones políticas con una denuncia seria? No tengo ninguna clase de actuación política”, se defendió el ex funcionario judicial, que ya había denunciado a Liporaci en 1996 por pincharle la línea telefónica a otro empleado de su juzgado. “Yo soy garantista, él es un policía, un mal policía disfrazado de juez”, añadió.
El juez Cavallo interrogará como testigos –seguramente en febrero cuando se normalice la actividad judicial y los peritos le hayan devuelto el expediente– a Gowland y al financista Levy, según pudo saber este diario. También convocará al abogado Isaac Damsky, quien al parecer tenía pleno conocimiento del supuesto ardid desplegado por Liporaci. Cada uno de ellos tendría una razón para figurar en esta historia intrincada que se destapa cuando Gowland denuncia, el 31 de diciembre, que al escuchar ese día los mensajes del contestador automático de su teléfono celular se encontró con una amenaza anónima. “Déjese de joder con Levy”, decía la voz entre otras barbaridades que remataba con un “cuide a sus hijos”.
Al presentarse para dejar sentado lo sucedido en la comisaría de Miramar, donde veranea, el ex secretario de Liporaci explicó que José Levy le reconoció que el crédito de 160 mil dólares, con que el juez justificó parte de la compra de su casa, fue tramitado por él aunque en realidad nunca existió y que lo que hizo fue armar una carpeta para que fundamentara la compra. La denuncia policial dice que se reunió con Levy el 21 de diciembre y aclara que el encuentro había sido gestionado “por el Dr. Issac Damsky, que es amigo de Levy y (...) le solicitó al deponente que si le podía dar una mano al Levy porque éste había fraguado la carpeta de mención para obtener 20.000 pesos a cambio, devido a que estaba atravesando una grave cituación económica, derivada de la enfermedad del corazón de uno de sus hijos” (sic).
“Yo ya dije lo que tenía que decir. Damsky me pidió un favor y espero que me retribuya avalando lo que yo dije, que es la pura verdad”, redondeó Gowland, y criticó al fiscal que lleva el caso en Mar del Plata “porque no hizo nada y la custodia la tengo sólo gracias a la policía de Miramar”. Ayer ni Damsky, ni Levy, ni Liporaci contestaron los llamados de Página/12.
El abogado del juez aseguró que “todo fue legal y transparente”. “El dinero que Levy le prestó a Liporaci provino de una transferencia de fondos desde Uruguay”, dijo. El magistrado había mencionado el crédito de 160 mil pesos concedido por Cofiarsa a su mujer, Lidia Inés Calb, en una presentación espontánea que hizo a raíz del escándalo por la compra de su mansión ante le Consejo de la Magistratura. La Comisión de Acusación, sin embargo, advirtió que era insólito que Calb hubiera obtenido semejante suma con un sueldo de 1.716,50 pesos mensuales. También señaló la insolvencia de Cofiarsa, las denuncias contra la entidad y lo “inexplicable” de que hubieran recurrido a ella. Algunos investigadores sospechan que los movimientos financieros desde Uruguay, estarían ligados a las estrategias del magistrado para ocultar el posible origen espurio de su riqueza.

PRINCIPAL