|
Por Nora Veiras
 Desde fines de 1998, los diez
consejeros generales de Educación de la provincia de Buenos Aires,
que participan en la elaboración de planes y programas de estudio
y reglamentan todo el funcionamiento del sistema educativo y la carrera
docente, tienen sus mandatos vencidos. La irregularidad en la continuidad
de estos diez funcionarios con rango de subsecretarios de Estado, que
cobran alrededor de 5 mil pesos mensuales, motivó una denuncia
ante la fiscalía de Estado. Página/12 consultó a
uno de los asesores del director general de Escuelas, José Octavio
Bordón, quien off the record reconoció que la denuncia es
cierta, pero cuando “asumimos, en diciembre del ‘99, se habló
con los jefes políticos de la provincia y se acordó que
continuaran por un año. En marzo vamos a hacer la renovación”.
Los consejeros escolares de La Plata, Marcelo Antonow y María Entío,
explicaron que “la fiscalía de Estado es el órgano
de la Constitución que tiene que defender el erario público
y la legitimidad de las acciones administrativas y en función de
lo que establece la Constitución de la provincia las decisiones
tomadas por el Consejo General de Educación están viciadas
de nulidad y se pueden encuadrar, además, como un perjuicio al
erario”. Antonow remarcó que “la violación de
la Constitución desde el sistema educativo, que tiene como función
la formación del ciudadano, tiene un efecto nefasto”.
El artículo 39 de la Constitución prescribe que “los
consejeros durarán un año en sus funciones y podrán
ser reelectos”, y el artículo 146 establece que “estando
las Cámaras reunidas, la propuesta de funcionarios que requieren
para su nombramiento el acuerdo del Senado o de la Cámara de Diputados
(como es el caso de los consejeros), se hará dentro de los quince
días de ocurrida la vacante”.
De los diez consejeros, seis se designan con el aval de la Legislatura
y cuatro deben ser elegidos en forma directa por los docentes. El asesor
de Bordón, que aceptó hablar a condición de mantener
su anonimato, explicó que “los presidentes de las comisiones
de Educación de ambas Cámaras, que son de la oposición,
estaban al tanto de la continuidad de los consejeros porque forman parte
de la memoria del sistema. Se acordó con los jefes políticos
de la provincia la prolongación de esa situación”.
El acuerdo que hace caso omiso de la Constitución tiene sí
una lógica de equilibrio político: cuatro consejeros representan
al peronismo, dos al radicalismo y los otros cuatro son docentes. Los
consejeros son Susana Massobrio (vicepresidente primera), Eugenia Cabrera
(vicepresidente segunda), Mario Carpinetti, Alejandro Cebey, Carlos Alberto
Bartoletti, María Cristina Cafferata (docente), Luis Julio Rivera
(docente), Raúl Roberto Palazzo, Jorge Alberto Martín y
Marcos Emilio Genson (docente). “Todos se encuentran con sus mandatos
finalizados, sin ningún criterio de legitimidad que avale semejante
omisión institucional, ya que durante los años 1998-2000
no han habido ni elecciones docentes, ni propuesta institucional del Poder
Ejecutivo con el correspondiente acuerdo de la Cámara de Diputados”,
advierte la presentación realizada ante la fiscalía. “No
podemos avalar la ruptura de un criterio esencial de cualquier sistema
democrático como lo es la representatividad. La comunidad educativa
bonaerense –con aproximadamente 170 mil docentes y 4 millones de
alumnos– no cuenta hoy con representantes legítimos en un
organismo constitucional del gobierno educativo”, señala la
denuncia de los consejeros, que antes de llegar a esa instancia habían
presentado, sin éxito, una carta dirigida a Bordón.
Desde los gremios tampoco mostraron demasiada preocupación por
la irregularidad en el mandato de los consejeros generales. La Federación
de Educadores Bonaerense (FEB) tiene uno de los cuatro docentes. El Suteba,
el otro sindicato, descree de la utilidad de la estructura como tal del
Consejo General de Educación. Más allá de las críticas,
está vigente y la denuncia tuvo su efecto: en la última
reunión del año, el gabinete deBordón decidió
que en marzo se convocará a elecciones para designar a los representantes
docentes y para normalizar el resto de los cargos.
LOS
DIPUTADOS BONAERENSES, EN PLAN DE AUSTERIDAD
Adiós a la residencia oficial
La residencia oficial de la
Cámara de Diputados bonaerense fue clausurada ayer. Si se aprueba
la ley correspondiente, se pondrá a la venta en el marco de “una
política de austeridad” que se está implementando en
el cuerpo y que ya obligó a los diputados a devolver los autos
oficiales y los teléfonos celulares. El titular de la Cámara
baja provincial, el frepasista Aldo San Pedro, anunció también
una reducción de personal en la planta política.
San Pedro anunció el cierre de la residencia oficial, ubicada en
la calle 53, entre 3 y 4 de La Plata. Allí podría vivir
en su condición de presidente del cuerpo, pero sostuvo que “yo
puedo vivir donde siempre lo he hecho, sin necesidad de una residencia
para cumplir con mis funciones”, y agregó que “la casa
tiene un protocolo de no menos de 60 mil pesos y unos 20 mil de servicios,
así que para mí es una cifra significativa”. San Pedro
aclaró enseguida que los empleados que trabajaban en la cocina
y como guardias de seguridad serán trasladados a otras áreas
legislativas “porque se trata de agentes de planta permanente”.
El frepasista anunció que la decisión de cerrar la residencia
“tiene que ver con mi anuncio de manejar la Cámara con austeridad
y está en concordancia con el deseo y el reclamo de la gente para
que la política sea más barata”. El diputado consideró
que la decisión que tomó “es una señal a la
sociedad en un momento en que los bonaerenses están mal, muchos
sin trabajo y sin oportunidades”.
San Pedro adelantó que ésta es sólo la primera etapa
de su plan de reducción de gastos. “Esta medida continuará
con otras restricciones, como por ejemplo la clausura del depósito
donde se guardaban los autos, que ya hemos recuperado, y que próximamente
se enviarán a remate judicial”, dijo y explicó que
también han dejado de pagar los teléfonos celulares de los
diputados. Luego del dictado de la resolución 2403, los legisladores
y funcionarios de ese cuerpo tuvieron que entregar los 23 autos y 50 celulares
que se pagaban con el presupuesto de la Cámara.
San Pedro admitió que las medidas de ahorro generaron “algún
resquemor” entre sus pares, pero afirmó que pese a las caras
largas “todos han cumplido con la devolución de los autos
y con la entrega de los teléfonos celulares”.
|
