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El juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano se expedirá
entre ésta y la próxima semana sobre la extradición
a España del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido
por los crímenes que cometió en la Escuela de Mecánica
de la Armada. Luego, el gobierno mexicano tendrá 20 días
para tomar su decisión, pero si Cavallo presenta un amparo, los
trámites podrían durar más de un año. “Estamos
plenamente confiados en que la Justicia y el gobierno resolverán
favorablemente. Y esto va a significar un estímulo a todo el proceso
ante el acoso que está sufriendo el juez Garzón”, aseguró
el abogado Carlos Slepoy, en referencia al pedido de recusación
contra el magistrado español presentado por la defensa del marino
Adolfo Scilingo y apoyado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El abogado defensor de Cavallo en México, Benjamín Orozco,
presentó esta semana un escrito de 60 páginas en el que
alega que el represor “fue acusado sólo con base de dos imputaciones
directas” y que los otros testimonios son “de oídas”.
En Argentina, el abogado José Scelzi, reclamó a principios
de noviembre del año pasado que el hombre conocido por sus víctimas
como “Sérpico”, “Marcelo” o “Miguel Angel”
fuera extraditado y juzgado aquí, donde lo amparan las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. Esta solicitud basada en los principios
de “nacionalidad” y “territorialidad” está
en manos del juez federal Adolfo Bagnasco.
Luna Altamirano debería emitir su dictamen esta semana, aunque
sus plazos podrían extenderse unos días. Según el
procedimiento mexicano, el juez deberá manifestar si la extradición
pedida por su colega español es acorde con la legislación
vigente y los tratados firmados por ambos paísespero su opinión
no es vinculante. Todo indica que el magistrado apoyará el reclamo
de Garzón, pero la decisión sobre el traslado del represor
estará en manos del ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller
azteca, Jorge Castañeda, adelantó a este diario antes de
asumir que si no había trabas judiciales no pondría reparos
en formalizar la extradición. Los defensores de “Sérpico”
ya anticiparon que ante este panorama recurrirán a una acción
de amparo. Ese proceso, en el que se presentarían como parte las
víctimas de Cavallo y declararían testigos, podría
demorar el trámite más de un año. En ese caso, la
extradición sería resuelta por la Justicia.
Cavallo fue detenido en Cancún el 24 de agosto del año pasado,
mientras trataba de huir a Argentina después de que el diario mexicano
Reforma revelara su pasado como represor. En un primer momento el marino
argumentó que no era la persona buscada ya que sus víctimas
lo habían identificado como “Miguel Angel Cavallo”, uno
de los alias que usaba en la ESMA. Una vez aclarada la identidad de “Sérpico”,
Garzón pidió su extradición por considerarlo responsable
de 264 desapariciones y 159 secuestros y tormentos de personas que posteriormente
recuperaron su libertad.
Por haber estado a cargo del grupo de detenidos que eran obligados a trabajar
para los marinos en el sector de la ESMA conocido como Pecera, Garzón
acusó a Cavallo de “reducción a la servidumbre de los
detenidos” y lo incriminó por la coordinación de la
actividad represiva en el exterior, concretamente en el llamado Centro
Piloto de París, organismo creado por la dictadura para infiltrar
los grupos de exiliados argentinos y neutralizar las denuncias sobre las
violaciones a los derechos humanos, que los militares consideraban “propaganda
antiargentina”.
Mientras espera la respuesta de México, Garzón afronta un
pedido para que se aparte de todo el proceso. Esta solicitud fue hecha
por los abogados de Scilingo, que intentan evitar que su defendido sea
juzgado en España por los delitos de genocidio y terrorismo. El
ex marino recusó a Garzón acusándolo de “parcialidad
objetiva e indefectiblemente subjetiva” por presentar y prologar
la novela “Utumba”, de Rafael Flores. Scilingo agregó
también partes del texto de la escritora Pilar Urbano, “Garzón,
el hombre que veía amanecer”, una biografía del magistrado
que ya causó revuelo en España.
Los reclamos de los abogados de Scilingo fueron apoyados por la fiscalía
de la Audiencia Nacional, que desde el principio intentó trabar
el proceso contra los militares argentinos y chilenos. Entre otras medidas,
la fiscalía pidió que se investigara la amistad entre Garzón
y el escritor Ernesto Sabato y un viaje del magistrado a Londres, donde
asistió a una vista sobre la extradición del ex dictador
Augusto Pinochet. Ahora, el juez Guillermo Ruiz Polanco decidirá
si aparta a su colega de la causa por genocidio y terrorismo.
PROCESARON
POR USURA AL REPRESOR HECTOR VERGEZ
Con la cárcel en el destino
Héctor Vergez no sólo
es conocido por su participación como torturador del centro de
detención clandestino La Perla, en Córdoba. Después
de recibir los beneficios de las denominadas leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, el ex capitán dedicó su impunidad a estafar a pequeños
propietarios endeudados que apelaron a los servicios de una supuesta “Asociación
Nacional Contra la Usura” (ANCU), la pantalla de una organización
delictiva dedicada, en realidad, a quedarse con los bienes de los incautos.
Ahora, la Justicia aceptó querellar al ex represor.
El abogado Marcelo Parrilli informó que el juez Osvaldo Bergés
dio lugar a la querella que le inició Antonio Carlos Martín,
uno de los damnificados por la asociación que lideraba el ex militar,
su esposa y la asesora legal de la supuesta entidad de ayuda civil, Gabriela
Isabel Fuster.
Las maniobras de Vergez fueron reveladas por “Telenoche investiga”
en agosto del año pasado. En esa oportunidad, una cámara
oculta dispuesta por la producción del programa logró grabar
a uno de los testaferros de Vergez cuando le quitaba la propiedad a una
de sus víctimas.
El modus operandi del represor, por el cual deberá afrontar una
acusación de asociación ilícita –que no es excarcelable–,
consistía en detectar deudores morosos a punto de perder sus propiedades.
Los cómplices del ex militar primero se ponían en contacto
con los deudores, a los que les ofrecían defender sus derechos
ante una supuesta situación de usura. Luego se ponían en
contacto con los acreedores, a quienes obligaban mediante presiones a
reducir el monto de la deuda, que a su vez era comprada por la gente de
Vergez, convirtiéndose así en el nuevo acreedor de la persona
que supuestamente irían a defender. El paso siguiente era ejecutar
los bienes a los propietarios, incluso después de haberles cobrado
honorarios justamente para evitar que eso sucediera. A otros les cobraban
enormes comisiones para acciones legales que nunca se llevaban a cabo.
Las penas previstas para los delitos cometidos van de seis meses a seis
años de prisión en el caso de las defraudaciones; y de tres
a diez años en el caso de la asociación ilícita.
Al capitán retirado, en su carácter de jefe u organizador
de la asociación, le correspondería una pena mínima
de cinco años en la cárcel.
Según Parrilli, “Vergez, que dirigió durante la dictadura
militar el campo de concentración de La Perla, y señalado
por numerosos sobrevivientes de ese campo como autor de numerosos secuestros,
torturas y homicidios, ahora podría llegar a ir a prisión
por los delitos patrimoniales cometidos a través de esa asociación”.
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