Por Laura Vales

El episodio fue relatado por Emilio Cantarero: “Recuerdo –dijo en tono autobiográfico el senador, en mayo del ’99– que asumí como ministro de Economía en 1983 en Salta y teníamos un fallo en contra de los petroleros por los impuestos. Yo hablé con Oscar Vicente y le pregunté ‘cómo arreglamos esto’. El me dijo ‘vamos a ver cuánto te pagamos y venime a ver’”. La evocación quedó archivada en el Senado, gracias al trabajo de los taquígrafos. Y fue rescatada hace unos días por la senadora Silvia Sapag, quien la sumó al escrito que acaba de presentar en el juzgado federal de Gabriel Cavallo aportando nuevas pruebas. En esa causa, Cantarero es investigado por supuesto cohecho para lograr la sanción de la Ley de Hidrocarburos.
Apoyándose en investigaciones periodísticas y en dichos del propio Cantarero, Sapag planteó en su presentación que el senador aparece vinculado a variados actos de soborno en la provincia que representa, Salta. Algunos de ellos, admitidos y refrescados por su conocida incontinencia. En el caso de las peculiares negociaciones que el senador confesó haber mantenido con el empresario Oscar Vicente, no se sabe cómo se terminaron; sólo que existía un fallo judicial que Salta debía cumplir, y que en su rol de ministro de Economía provincial, Cantarero “arregló” o intentó “arreglar” sus efectos.
Sapag solicitó que se envíen copias de todas las investigaciones judiciales abiertas en la provincia de Salta en las que Cantarero haya sido imputado, y muy especialmente las grabaciones ofrecidas como prueba en esos expedientes. El objetivo es que se investigue qué correlación existe entre su notorio incremento patrimonial y las denuncias de sobornos en las que fue involucrado. Y saber, por ejemplo, si en las fechas en que se cometieron los delitos sospechados Cantarero engrosó sus bienes con nuevos fondos.
La presentación –patrocinada por el abogado Pablo Jacoby– subraya que este cotejo debería incluir también las admisiones de delito realizadas por el legislador y determinar si el cohecho es una práctica habitual en su historia política.
La causa contra Cantarero fue abierta en setiembre del año pasado, cuando Sapag –hija del ex gobernador de Neuquén– denunció que su par del PJ había intentado sobornarla a cambio de que votara a favor de la ley de Hidrocarburos. Sapag reveló que Cantarero le había dicho dos veces que “había plata” de las empresas petroleras para aprobar esa norma. “Las internas en Salta nos salieron 14 millones de dólares”, sostuvo entonces Cantarero para justificarse.
En su denuncia la legisladora también involucró al senador radical Juan Ignacio Melgarejo. “Cuando le pregunté a Cantarero si la Alianza participaba de este arreglo, él me respondió: ‘Melgarejo es más pirata que yo’”, contó Sapag.
Cantarero denunció a su vez a Silvia Sapag por omisión de denuncia ante el juez federal Gustavo Literas, con el argumento central de que, en su calidad de funcionaria pública, la legisladora había dejado pasar un año para llevar el tema a la Justicia. Pero en los últimos días de diciembre Literas desestimó la presentación, tras considerar que la senadora no había incurrido en delito alguno y que el tiempo transcurrido fue utilizado por ella para acumular pruebas en las cuales sustentar sus dichos.

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