Por Victoria Ginzberg

Pablo y Carolina se criaron con el represor Norberto Atilio Bianco y su mujer Susana Wherli. Hasta hoy no saben quiénes fueron sus padres –aunque no hay duda de que están desaparecidos– y por lo tanto desconocen cuál es su verdadera identidad. Sin embargo, la Cámara de San Martín consideró prescripto el delito de supresión de estado civil y la identidad de ambos jóvenes. Poco antes de que comenzara la feria judicial las Abuelas de Plaza de Mayo se quejaron ante la Corte Suprema. “El daño producido sigue tan vigente como cuando se quedaron con los menores, éstos siguen en Paraguay con identidad falsa, con documentos falsos y con una vida de mentiras”, escribió la abogada Alcira Ríos en la presentación.
En mayo del año pasado el juez federal Roberto Marquevich condenó a Bianco y a Wherli a doce y diez años de prisión por los delitos de retención y ocultamiento de dos menores, supresión de estado civil y falsificación de documentos públicos. El magistrado ordenó también que se anularan los documentos a nombre de Carolina Susana Bianco Wherli y Pablo Hernán Bianco Wherli. Los jóvenes, que viven en Paraguay y se resisten a hacerse los análisis genéticos que les revelarían su verdadera identidad, pasaron a ser indocumentados para la Justicia argentina. Y deberían concretar el estudio de ADN para tener sus documentos.
Ante la apelación de este fallo, los camaristas Hugo Fossati, Narciso Lugones y Jorge Barral consideraron que la pareja se apropió de los chicos –y confirmaron las penas por estos hechos que calificaron como “delitos permanentes”– pero estimaron que la supresión de la identidad estaba prescripta y por lo tanto sobreseyeron a los apropiadores por estos crímenes. Para llegar a esa conclusión, los jueces decidieron que la “ilegítima guarda” de Carolina y Pablo (su robo) por parte de Bianco y Wherli “cesó el día 28 de abril de 1987 cuando el magistrado de Paraguay ordenó la disposición tutelar de los menores al carecer los mismos de filiación conocida”. Si los camaristas no sobreseyeron también a Bianco y su mujer por la apropiación de los menores fue porque consideraron que el plazo aún no venció.
Lo contradictorio es que si bien los jueces consideraron que la apropiación dejó de cometerse en 1987 –ya que a partir de ese momento empezó a contar el tiempo de la prescripción–, ni Carolina ni Pablo, las víctimas de este caso, tienen su verdadera identidad.
Para Ríos, abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo, la sentencia dictada por Fossati, Lugones y Barral lesiona el derecho a la identidad consagrado en la Constitución Nacional y vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. “¿Dónde estuvieron los menores después del mencionado cese de guarda? ¿Con quién viven hoy los dos menores? (que actualmente ya cumplieron la mayoría de edad) La fundamentación de la Cámara es además de formalista contraria a derecho”, aseguró Ríos en el recurso de queja que presentó ante la Corte Suprema en nombre de Abel Madariaga, quien podría ser el padre de Pablo.
La Cámara de San Martín también dispuso la reducción de las condenas de Bianco y Wherli a diez y ocho años, respectivamente. De cualquier manera, ambos apropiadores ya están en libertad. Lo dispuso hace tiempo el mismo tribunal. Bianco salió de la cárcel en octubre de 1998, en una decisión discutida por las Abuelas porque se consideró como tiempo de prisión el “arresto domiciliario” que la pareja mantuvo en Paraguay, donde contó con muchos beneficios. Según Ríos, “la Cámara analizó la situación de Bianco como si éste fuera un ciudadano común y no un militar que bajo la concreción de un plan sistemático del cual fue ejecutor se apropió de dos menores víctimas de desaparición forzada y no mostró en ningún momento intenciones de modificar su conducta”.
La causa contra Bianco y su mujer fue iniciada en 1985 por una denuncia de Abuelas. Ese mismo año el ex mayor y médico militar se mudó con los niños y su mujer a Paraguay, donde fue amparado por los funcionarios de la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1987 se pidió la extradición del matrimonio pero la medida tardó diez años en concretarse. Los empleados del Hospital Militar de Campo de Mayo concordaron al declarar en la causa que el represor dirigía los operativos, era el encargado de llevar mujeres embarazadas al pabellón de epidemiología –donde funcionó la maternidad clandestina– y trasladarlas una vez que habían dado a luz. Este caso fue el que dio pie para que el 9 de junio de 1998 Marquevich ordenara la detención del ex dictador Jorge Rafael Videla.

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