Dicen que la mejor defensa es el ataque. En el último mes, los abogados del ex dictador chileno Augusto Pinochet hicieron de este aserto su artículo de fe. Luego de hostigar con éxito relativo al juez Juan Guzmán en los avatares anteriores de la causa por la que el ex dictador podría ser procesado, los abogados de Pinochet insistirán hoy con su estrategia: pedirán a la Corte Suprema la recusación del juez por sus supuestas “irregularidades procesales”. La familia de Pinochet confirmó lo que dijo ayer el abogado Pablo Rodríguez Grez: que el ex dictador no se presentará a los exámenes médicos que ordenó Guzmán para este domingo y lunes. “Soy un juez y, en este caso, un juez del crimen, así que yo tengo que apegarme al Código de Procedimiento Penal y eso es lo que haré”, declaró Guzmán. O sea: puede ser que Guzmán, a la luz de este desacato y como figura en ese mismo Código, ordene directamente el procesamiento de Pinochet.
Ha pasado sólo un mes desde que el juez Guzmán dictara sorpresivamente este procesamiento. En este poco tiempo, el caso ya pasó por varios avatares y quizás ya provoque cansancio, pero es claro que las rutas que puede tomar se están cerrando. Al menos esto es lo que, si se ha de creer en el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), opinan la mayoría de los chilenos: según un sondeo realizado durante el mes de diciembre, el 50 por ciento del país está de acuerdo con el enjuiciamiento a Pinochet, mientras que el 33 por ciento está en contra. Es una cifra importante, pero Carlos Hunneus, director del CERC, explicó que el apoyo al juicio es “notoriamente inferior” que a principios del mes. De todas maneras, un 43 por ciento de los encuestados dijo estar a favor de un acuerdo político para terminar con éste y otros juicios a militares chilenos sospechosos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, mientras un 38 por ciento quiere que los procesos continúen.
La carta que se juegan ahora los abogados de Pinochet es la más brava para su posición, porque si salen perdiendo, su cliente sería procesado inmediatamente. Se puede decir que, en un contexto judicial donde las pruebas de fondo que inculpan a Pinochet no son discutidas, el equipo legal del ex dictador había acertado en el último tiempo sobre aparentes errores procesales en la causa: logró primero que el juez Guzmán fuera amonestado por la Corte Suprema por una carta de apoyo que en su momento escribió a Clara Sczaranski, presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la sazón integrante de la parte querellante. Después consiguió que la propia Corte Suprema se desdijera de un fallo anterior y ordenara a Guzmán que dispusiera los exámenes médicos antes de la declaración indagatoria.
Ahora insisten en que Guzmán, al ordenar los exámenes pegado a la declaración indagatoria y al no permitir que se conozcan estos resultados antes del interrogatorio, está actuando en contra de su cliente. “Presentaremos otro escrito en la Corte Suprema donde haremos presentes irregularidades, a juicio de esta defensa, cometidas por el señor juez y vamos a solicitar que sea removido del cargo”, dijo a la prensa Gustavo Collao, uno de los abogados del ex dictador. “El senador Pinochet no va a aceptar la práctica de los exámenes médicos y también la práctica de la declaración indagatoria.” “Hay un tratamiento que la defensa insiste que es desdoroso y que atenta contra la dignidad y la persona de un (ex) mandatario”, añadió Collao. El cálculo de los abogados de Pinochet es que la Corte Suprema podría tratar hoy mismo el pedido de recusación, en su reunión habitual de los viernes.
En otro orden de cosas, el secretario general de gobierno, Claudio Huepe, informó que el presidente Ricardo Lagos no postergará el plazo de entrega de la información que las Fuerzas Armadas, como resultado de la Mesa de Diálogo, se comprometieron a recopilar en los últimos seis meses sobre el destino de desaparecidos en la dictadura. Tampoco habrá ninguna ceremonia especial para la entrega, prevista para mañana. En su momento, esta entrega de información estaba relacionada con la posibilidad de ponerun punto final a los juicios contra los militares. Pero Lagos reiteró ayer que él no está a favor de ningún punto final.

RECLAMAN LEVANTAR EL SECRETO BANCARIO EN PERU
Por sus cuentas los conoceréis

Si hasta Suiza admitió cada vez con mayor frecuencia levantar el secreto bancario, ¿por qué no Perú? Esta parece haber sido la lógica que siguió David Waisman, presidente de una comisión legislativa que investiga al prófugo ex asesor de inteligencia y monje negro de la fujicracia Vladimiro Montesinos. Y Waisman obró en consecuencia y a lo grande. Pidió el levantamiento del secreto de 300 personas en distintos bancos por negocios que fructificaron a la sombra de Fujimori; 200 son militares activos o en retiro. “Nunca en la historia de Perú se había atacado así una red de corruptos”, proclamó. Este último avance de la investigación se suma a la ofensiva anticorrupción, que en los últimos días ha iniciado procesos y aun arrestado a varios ex colaboradores de Montesinos.
La comisión ya ha tomado testimonios de 42 personas que permitieron determinar que el ex asesor estaría implicado en delitos de chantaje, coimas, tráfico de influencias, contrabando de armas, narcotráfico y mal uso de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En setiembre, la difusión de un video en que se ve a Montesinos presuntamente sobornando a un legislador llevó al derrumbe final del gobierno de Fujimori.
Waisman dijo que aún no se ha estimado el monto de dinero existente en las cuentas a las que se ha solicitado levantar el secreto bancario, pero que pueden “ser millones de millones”. En tal sentido reclamó mayor cooperación de algunos bancos locales para determinar la procedencia de esos fondos y evitar que los involucrados “fuguen” del país. “Estamos recibiendo la colaboración de algunos bancos, pero en otros hay resistencia y vamos a enviar un ultimátum a esas instituciones que no quieren cooperar”, agregó el legislador.
Como parte de la investigación, la comisión denunció al ex ministro de Defensa Víctor Malca por no justificar 16 millones de dólares en sus cuentas. Otros investigados, como el ex ministro del Interior José Villanueva y el ex jefe del SIN Julio Salazar, sufren prisión domiciliaria. Siguen en la mira el ex primer ministro Federico Salas, por presunta corrupción de funcionarios, y el ex ministro del Interior César Saucedo. El coronel Roberto Huamán, considerado como uno de los principales colaboradores del prófugo ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, está desde ayer bajo arresto domiciliario. El coronel retirado está acusado de ser el responsable del “espionaje telefónico” a políticos y periodistas de la oposición en el SIN. Los investigados han dicho que son víctimas de una cacería de brujas, pero el presidente interino, Valentín Paniagua, ha descartado esto reafirmando que su gobierno no parará hasta castigar con pruebas a los corruptos.

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