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Por Cledis Candelaresi
 La sala de feria en lo Contencioso Administrativo revocó ayer la medida cautelar dictada por Martín Silva Garretón, que suspendió el ajuste de 10 centavos en las tarifas de colectivos. Aun así, el aumento seguirá frenado, ya que el último día hábil del 2000 el mismo juez federal dispuso otro no innovar que abarcó a trenes y, nuevamente, al autotransporte, y aunque esta decisión también fue apelada por José Luis Machinea, aún está a consideración de aquel tribunal. Pero el respiro a los bolsillos de los usuarios promete ser efímero. Tal como descuentan en Economía, en los próximos días podrían estar superados todos los escollos judiciales e, irremediablemente, los pasajes de ambos medios subirán 10 centavos, el primer aumento de una serie.
Apenas el Palacio de Hacienda emitió las resoluciones que habilitaron esos ajustes, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó un recurso de amparo contra el aumento de los colectivos, recriminando al Poder Ejecutivo no haber convocado a una audiencia pública para discutirlo. Según la defensoría, con esta omisión el Gobierno vulneraba los derechos constitucionales de propiedad e igualdad ante la ley de los usuarios y, al mismo tiempo, provocaba un daño irreparable en la economía de los usuarios, ya que sería muy difícil resarcirlos si se concluía que la suba no correspondía. Aludiendo a la urgencia por evitar este perjuicio, reclamó un no innovar.
La causa recayó en el juzgado de Silva Garretón, quien avaló los argumentos de Mondino e hizo lugar a la cautelar que Economía apeló de inmediato y con éxito. Ayer, la Cámara integrada por Roberto Mordiglia, Luis Otero y Carlos Grecco consideró que �no se configura mínimamente el requisito de verosimilitud del derecho o peligro en la demora�, mientras que otro fragmento del texto reza que �la mentada reunión pública no parece necesaria específicamente en los supuestos de fijación o aprobación de tarifas, para un servicio preexistente�. En otras palabras, que el Gobierno no necesita convocar a una audiencia pública para modificar el cuadro tarifario.
Después de este rechazo, los empresarios del autotransporte quedarían en condiciones de incrementar el precio del boleto en 10 centavos, llevando el mínimo de 65 a 75 centavos, aunque con la condición de que sea el Gobierno el que los habilite expresamente. Sin embargo, esta autorización oficial no llegará hasta tanto la misma Cámara resuelva sobre otro recurso, esta vez presentado por Alicia Oliveira, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
La funcionaria también realizó una presentación judicial contra los últimos aumentos autorizados, tanto del autotransporte como el de trenes y subtes. También en este caso, Silva admitió el amparo, aludiendo expresamente a su fallo anterior, donde consideraba necesario dejar en suspenso el ajuste en las tarifas de colectivos. El tribunal de feria aún tiene pendiente un dictamen sobre esta otra causa, en la que el Gobierno también apeló.
Aunque aún hay muchas puertas abiertas, sobran indicios de que los pronunciamientos últimos dejarán en pie los incrementos que el Gobierno resolvió con distintos argumentos. En el caso de los micros, el secretario de Transporte, Jorge Kogan, aseguró que el ajuste resultaba imprescindible para evitar una disminución en la cantidad y calidad de los servicios, producto de la crisis económica del sector. En el caso de los trenes, el aumento se funda en la necesidad de saldar una deuda por subsidios impagos que tiene el Estado a favor de las empresas. Pero también en el afán de permitir que las empresas obtengan mayores ingresos para cubrir inversiones no previstas en el contrato original.
Este primer capítulo judicial sólo está referido a la necesidad de suspender o no un incremento tarifario, hasta tanto la Justicia resuelva sobre la cuestión de fondo: si ese aumento es legítimo o no, es decir, si se dispuso respetando las condiciones que la ley impone para subir lastarifas. Silva puede opinar que no. Pero, en tal caso, y ante la previsible apelación de Economía, seguramente la Cámara volvería a revocar su dictamen: la historia judicial muestra que cuando se rechaza una cautelar, rara vez se da cabida a lo que exige quien promueve la demanda.
En primera instancia también existe otro antecedente favorable al aumento. El juez Osvaldo Guglielmino rechazó otro amparo interpuesto por Mondino, en este caso contra trenes y subtes. Aunque aún no resolvió sobre el fondo de la cuestión, los argumentos utilizados en su primer pronunciamiento permiten conjeturar que rechazará el planteo del defensor de la Nación. A juicio de este magistrado, el ajuste no vulnera ningún derecho de los usuarios, y la decisión misma de subir los boletos para financiar nuevas inversiones �no es judiciable�, ya que se trata de una determinación política, competencia del Poder Ejecutivo.
Aumentar las tarifas del transporte público de pasajeros es una decisión política inamovible de la máxima jerarquía oficial, que no será alterada con un eventual recambio de funcionarios. Lo que Fernando de la Rúa recrimina al equipo de Machinea, en todo caso, es la forma y el momento en que anunció el controvertido aumento, ya que, según los allegados al Presidente, éste se sorprendió con el anuncio mientras estaba de gira por México.
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Mejor liberen la tarifa
Por Julio Nudler
Lo que no parece haber comprendido el Gobierno es que el transporte es hoy un costo central en el presupuesto de los trabajadores, sobre todo de los más pobres, porque además de ganar poco viven lejos, y en zonas como el conurbano, donde el colectivo es mucho más caro que en la Capital Federal, de nivel medio de ingresos claramente superior. Por tanto, aumentar periódicamente el boleto afecta decisivamente la capacidad de acceder a otros consumos imprescindibles.
Muy pronto, cuando el pasaje en la ciudad de Buenos Aires vuelva a costar 80 centavos, triplicará virtualmente el precio con que ingresó en la convertibilidad en 1991: 28 centavos. ¿Cuántos asalariados que entonces ganaban 280 pesos cobran hoy 800? Mucho más fácil es encontrar trabajadores que perciban ahora lo mismo que entonces, o menos. Por tanto, hoy les cuesta el triple viajar. Con los trenes sucedió algo diferente: la privatización minimizó la posibilidad de viajar sin pagar, lo que era habitual al menos en las horas pico, precisamente aquéllas de más densidad asalariada.
Otra curiosidad, respecto de la política de alzas aplicada por Economía, es que encarezca el transporte en medio de la deflación. Para que el boleto subiera bastaría con no rebajarlo. La regulación estatal de esta tarifa se ha convertido en una maldición: mientras los precios libres bajan, los regulados suben. Es llamativa la manera que tienen los gobernantes de defender al consumidor.
A medida que viajar se volvía cada vez más costoso, el espacio económico se iba estrechando. A quien busque trabajo no le servirá de nada encontrarlo lejos de su vivienda, porque en el camino puede perdérsele entre un cuarto y la mitad de su ingreso si para llegar al conchabo debe conmutar una o dos veces. Esta limitación afecta duramente a los trabajadores que la pobreza expulsó hacia los cinturones más alejados del conurbano. Ellos fueron los más castigados por esta política tarifaria, al punto de que hoy, como dijo Jorge Kogan, ya ni los afecta porque no pueden subirse más a un transporte público. |
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