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Ahora sí que el panorama de Augusto Pinochet es sombrío. El pleno de la Corte Suprema chilena rechazó en forma abrumadora (17 votos contra dos) el pedido de recusación que la defensa del ex dictador lanzó contra el juez Juan Guzmán, tratando de apartarlo de la causa por sus supuestas �irregularidades procesales�. Por su parte, el mismo Guzmán negó al equipo legal de Pinochet otra solicitud para que se postergue la fecha de la declaración indagatoria que le tomará a Pinochet. Frente a este escenario, el ex dictador no se presentará a los exámenes médicos que están previstos para mañana y Guzmán quedará listo para procesarlo, bajo rebeldía, como autor intelectual de los crímenes de la Caravana de la Muerte, en setiembre de 1973. Entretanto, autoridades religiosas y militares entregaron ayer los informes que prepararon sobre la información para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, tal como fuera acordado hace seis meses en la Mesa de Diálogo.
Los resultados de esta búsqueda no serán satisfactorios en ningún caso. De los 1200 desaparecidos durante la dictadura (1973-1990) reconocidos oficialmente por el Informe Rettig (el Nunca Más chileno), el acuerdo suscripto a principios de julio iba abrochado con un número probable: debía haber información relativamente precisa sobre por lo menos 300 desaparecidos. �Por las características de las informaciones recibidas, nos ha resultado completamente imposible determinar ni siquiera la cantidad de víctimas ni tampoco los nombres de las personas. Hay contados casos en que hay avances en algunos nombres�, declaró el obispo Manuel Camilo Vial, encargado de redactar el informe de la Iglesia Católica sobre los antecedentes recibidos. Vial dijo que sólo hay datos de 38 personas en su informe; el secretario del judaísmo, León Cohen, coincidió con el obispo católico y el pastor de la Iglesia Evangélica, Neftalí Aravena, aclaró que la información recopilada por su congregación alcanza a apenas 30 casos.
Todos fueron al Palacio de La Moneda a entregarle lo recopilado al presidente Ricardo Lagos y centraron sus esperanzas de información más contundente en lo recogido por las propias Fuerzas Armadas, incluida en ellas la de Carabineros. Los militares se adelantaron a la fecha prevista para la entrega de información (el 6 de enero) y lo hicieron ayer, a través del obispo castrense Pablo Lizama. No se conocen la cantidad ni la calidad de la información aportada por las FF.AA., pero es probable que no sea demasiado distinto que lo ocurrido con los religiosos.
Los propios militares aducen que es difícil lograr información precisa por lo que hicieron con los desaparecidos (como arrojarlos al mar, al cráter de un volcán, etc.) y por la falta de confianza de los uniformados que debían hablar, a quienes se les garantizó el anonimato. Pero lo cierto es que este acuerdo de la Mesa de Diálogo fue pensado por los militares como una contrapartida a un hipotético freno a los juicios a los responsables de violaciones a los derechos humanos. El freno no llegó, lo de Pinochet está a la vista, y los militares, tal como dijeron explícitamente muchos de ellos, no tienen la predisposición del principio a que se conozca la verdad de lo sucedido. En todo caso, Lagos hablará mañana al país para presentar el informe.
En este momento, la situación legal de Pinochet parece demasiado complicada como para zafar. El juego a varias bandas que sus abogados pergeñaron no funcionó: el juez Guzmán sigue al frente de la causa, nada lo obliga a separar los exámenes médicos (previstos para el domingo) de la declaración indagatoria (para el martes) y la rebeldía de Pinochet respecto de presentarse a ambas instancias sólo puede desembocar en su procesamiento casi inmediato. El Código de Procesamiento Penal chileno es claro: Guzmán podrá �omitir la declaración previa del inculpado y proceder desde luego a procesarlo, cuando, al ponerse a disposición del juez, estuvieren ya suficientemente comprobados el cuerpo del delito y la participación que en haya cabido al inculpado� y también podrá ordenar la detención de Pinochet �cuando la indagación del delito exigiere laconcurrencia de alguna persona para prestar informe o declaración y ésta se negare a comparecer� (artículo 255).
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La Corte Suprema chilena rechazó el pedido de los abogados de Pinochet de apartar al juez Juan Guzmán de la causa contra el ex dictador. Guzmán también se negó a cambiar las fechas de las diligencias en el caso.