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Liporaci es el juez que dejó libres de sospecha a los senadores señalados en el caso de las coimas. En setiembre del año pasado se compró el espectacular caserón de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, tasado en un mínimo de 950.000 dólares. Para justificar semejante inversión, el juez declaró varios préstamos que, curiosamente, no fueron obtenidos en bancos sino con amigos y con la financiera allanada.
Por Irina Hauser
�Dinero ya�, tentaban los panfletos revueltos por el aire de noviembre, en la esquina de Acevedo y Corrientes. A pocos metros de la volanteada, los investigadores ingresaron a la oficina de préstamos fáciles Cofiarsa y, después de identificarse, encontraron un departamento correcto y escasos papeles. Revolvieron todo sin encontrar nada de interés hasta que, al correr la heladera, advirtieron que había una falsa puerta que conducía, al mejor estilo Baticueva, a otra habitación. Cuando entraron al escondite descubrieron, junto a cientos de cupones de tarjetas de crédito en blanco, la carpeta de solicitud de uno de los préstamos con que el juez Carlos Liporaci justificó la compra de su mansión valuada en más de un millón de dólares que derivó en una causa por enriquecimiento ilícito en su contra. La forma en que se ocultó la documentación sintoniza con la denuncia que hizo Guillermo Gowland, uno de los ex secretarios del juez cuestionado, quien reveló a
Página/12 que el dueño de la financiera, José Levy, le había reconocido que Liporaci le pagó 20 mil dólares para que le fraguara un crédito que nunca existió. Liporaci, ante su grave situación, estaría negociando renunciar a cambio de inmunidad.
A medida que iban corriendo la heladera los presentes en el allanamiento se agarraban de los pelos. Parecía una película. Detrás, oculta, estaba la carpeta a nombre de Liporaci. Ese fue uno de los procedimientos que se hicieron como parte de la causa por posible incremento ilegítimo del patrimonio contra Liporaci, que está en manos del juez Gabriel Cavallo y el fiscal Pablo Recchini. El caso es a su vez analizado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde una mayoría de consejeros podría en febrero solicitar que se inicie el juicio político para destituirlo.
La Justicia incorporará la denuncia de Gowland al expediente, ya que agregaría elementos clave para esclarecer si el juez intenta ocultar el posible origen espurio de su patrimonio. De todos maneras, según pudo saber este diario, apenas los peritos contadores devuelvan el expediente Cavallo requerirá a su colega que justifique cómo obtuvo lo que tiene desde que fue sobreseído en 1998 en otro expediente por enriquecimiento ilícito. Le dará, para eso, entre 30 y 45 días de plazo. Ese es un paso obligado en los procesos de este tipo antes de la indagatoria.
A cualquier precio
 Liporaci podrá haber sido muy astuto para buscar casa pero según parece no lo fue tanto para elegir prestamista. Mientras se realizaba el operativo en la cooperativa Cofiarsa, en tribunales el investigado se descargaba con toda clase de insultos frente a sus conocidos de confianza. Levy, el dueño de la entidad, estaba atónito y aterrado. En su oficina no sólo se toparon con una regia entrada secreta sino que hallaron una parva de cheques cambiados, cupones de tarjeta vacíos y algunos otros indicios de que buena parte de la clientela de la financiera estaría compuesta por apostadores ávidos que aceptan plata en cualquier condición, venga de donde venga.
El escandalete que se desató en setiembre del año pasado, cuando se supo que Liporaci se había comprado un caserón en Gaspar Campos 471, Vicente López, que los tasadores de la Corte Suprema estimaron que cuesta entre 950 mil y 1.120.000 dólares, terminó embarrado por él mismo. En una manifestación espontánea de bienes dijo ante la Magistratura que lo había conseguido a 610 mil, una cifra que terminó siendo �además� inferior al valor fiscal (la relación es inversa). También alegó que una parte la pagó con un crédito privado de 210 mil dólares a devolver en un año que le dio Guido Torrisi, y no una entidad bancaria; otro tanto, dijo, lo saldó con un préstamo de 160 mil dólares que Cofiarsa le dio a su esposa, Lidia Inés Calb, a pesar de su bajo sueldo de 1.716,50 pesos con el que difícilmente otro ciudadano podría obtener semejante monto.
Amigos son los amigos
Según los investigadores, la mujer de Liporaci tiene �una relación cercana con Levy� y por eso el matrimonio le habría pedido ayuda. De acuerdo con la versión de Gowland, Levy le reconoció que el crédito de 160 mil dólares con que el magistrado justificó parte de la compra de la casa fue simulado por él a cambio de 20 mil dólares.
El ex secretario del juez de los sobornos decidió hacer pública esa situación el 31 de diciembre, cuando al escuchar los mensajes del contestador automático de su teléfono celular se encontró con una amenaza anónima. �Déjese de joder con Levy�, advertía la voz y remataba el mensaje con un �cuide a sus hijos�. Al presentarse para dejar sentado lo sucedido en la comisaría de Miramar, donde veranea, Gowland relató que se había reunido con Levy. Que el encuentro había sido gestionado �por el Dr. Issac Damsky, que es amigo de Levy y (...) le solicitó al deponente que si le podía dar una mano al Levy porque este había fraguado la carpeta de mención para obtener 20.000 pesos a cambio, debido a que estaba atravesando una grave situación económica, derivada de la enfermedad del corazón de uno de sus hijos (sic)�.
El jueves pasado el abogado de Liporaci, Héctor Rodríguez, consiguió un escribano para dejar constancia en un acta notarial de los dichos de Levy en los que aseguraba que las declaraciones de Gowland eran �una mentira total�. El ex secretario, sin embargo, ratificó su relato e interpretó el episodio del acta a una nueva jugada de Liporaci (ver aparte).
Levy, Damsky y Gowland también deberán declarar ante la Justicia en febrero. La situación de Levy ya venía agravándose desde que quedaron en evidencia sus negocios aparentemente truchos. Ahora también lo investiga por posibles estafas la fiscalía de instrucción 7. �Es uno de esos típicos financistas que se aprovechan de gente en situación de emergencia económica�, describió un funcionario allegado al expediente.
Asegure su futuro
Entre algunos de los datos que ya había recabado el fiscal Recchini, constaba que Calb se había comprometido a devolver el préstamo más los intereses en 5 cuotas anuales de 32 mil dólares. El informe judicial señalaba la insolvencia de Cofiarsa y decía que estaba bajo investigación (ver aparte). Aquellas alarmantes conclusiones llenaron más de dos carillas del dictamen con que los consejeros de la Magistratura Pablo Fernández y Fermín Garrote pidieron que fuera llamado a declarar y que recibió el apoyo de la mayoría de la Comisión de Acusación. Es �inexplicable que el Dr. Liporaci, cliente de distintas entidades bancarias, no recurriera a ninguna de ellas en esta ocasión, prefiriendo la contratación con un particular y con una cooperativa de cuestionada legalidad y de dudoso funcionamiento�, decía el escrito.
Lo cierto es que la declaración por escrito de Liporaci no resultó más convincente que todo lo que había dicho antes. A nadie se le escapa que su situación puede complicarse.
Funcionarios de Tribunales y del Gobierno relacionaron la falta de mérito que el 29 de diciembre el juez dictó en favor de los 11 senadores acusados de cobrar coimas para votar la reforma laboral, como una maniobra para evitar o dilatar su juzgamiento. En los despachos de Comodoro Py, los rumores de la última semana deschavaban que Liporaci �está esperando algún gesto �garantía de inmunidad y/o promesa de algún carguito� para irse antes de que lo echen�. Pocos ignoran, además, que en los últimos años se las supo arreglar para ubicar a su esposa en la Cámara de Diputados, a su hija Carolina en el Senado, a su hija María Florencia en la Auditoría General de la Nación, y a su hija Clarisa en el Poder Judicial.
Ni con cuenta habilitada
En la investigación por enriquecimiento ilícito contra Carlos Liporaci, la financiera Cofiarsa, de José Levy, quedó offside, y las irregularidades quedaron sentadas en el dictamen con que el juez fue convocado a declarar ante el Consejo de la Magistratura:
 Según los informes del Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Organización Veraz y el Banco Central, �la cooperativa tendría inconvenientes en cuanto a su solvencia, existiendo expedientes administrativos y judiciales contra dicha entidad, en algunos casos por irregularidades detectadas por el organismo de contralor y en otros por juicios en el fuero comercial, llegando incluso a hacerse una denuncia penal por defraudación contra sus autoridades�.
También indicaba que �la cooperativa se encontraría inhabilitada por el BCRA para operar en cuenta corriente�; y que está bajo investigación por violación a la Ley de Cooperativas y por defraudación.
Además, refrescaba que una resolución del INAES del 13 de setiembre de 1999 basada en informes de los inspectores �estableció que la cooperativa no funcionaba desde el mes de junio de 1996�.
Un amigo consecuente
El abogado de Liporaci, Héctor Rodríguez, distribuyó el viernes entre varios medios de comunicación un acta notarial solicitada por él en la que el financista José Levy �quien nunca había respondido los llamados de este diario� aparece diciendo ante un escribano que es mentira que el juez le haya pagado 20 mil pesos para falsificar un crédito inexistente, según denunció el ex secretario del magistrado, Guillermo Gowland. El letrado también mandó un comunicado de prensa que decía que los hechos fueron �relatados falsa y tendenciosamente por el Dr. Gowland en
Página/12�. Y que a su entender, se trata de una maniobra de �ciertos medios de comunicación� a los que culpa de participar en un �operativo de �inteligencia��. E incluso les atribuye una �vocación golpista�. �Yo ratifico todo lo que dije porque es la realidad�, replicó Gowland, y sugirió que la cuestión del acta era parte de la estrategia de Liporaci. Curiosamente, el abogado Isaac Damsky, que aparece en el relato de Gowland y según dichos del propio Levy es apoderado de la financiera Cofiarsa, no testificó ante el escribano, como tampoco contestó los llamados de este diario. Rodríguez, al parecer, es un gran amigo de Liporaci. Ambos comparten antecedentes controvertidos en un mismo caso. El juez había intervenido la cooperativa ferroviaria Ferrocom, y puso al frente a Rodríguez. Más aún, lo mantuvo en ese cargo durante tres años con un elevado sueldo, a pesar de que la Cámara Federal le dio dos veces la orden de normalizarla. Finalmente los camaristas le quitaron el expediente. |
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