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La
reforma previsional que el Gobierno sacó por decreto hace ya diez
días continúa siendo el principal tema de discusión
política, tanto dentro de la Alianza como afuera de ella. Para
el senador justicialista Jorge Yoma, con el decreto el Gobierno se colocó
“fuera de la legalidad”. Una de las voces que plantean la resistencia
dentro del oficialismo, la diputada frepasista Marcela Bordenave, acusó
al Ejecutivo de ser “más papista que el Papa” porque
la reforma no estaba incluida dentro de las exigencias planteadas por
el FMI para el otorgamiento del blindaje. Mañana, en tanto, el
ministro del Interior, Federico Storani, comenzará a sondear el
ánimo en la cúpula frepasista para que naufrague la comisión
antidecreto que encabezan un grupo de diputados rebeldes y que el presidente
Fernando de la Rúa teme que se termine convirtiendo en un nucleamiento
opositor. Todo parece indicar que Carlos “Chacho” Alvarez y
compañía no dejarán que la sangre llegue al río.
El peronismo tomó la reforma previsional como su primera bandera
opositora para el año electoral. El jefe del bloque de diputados
del PJ, Humberto Roggero, se anotó desde el vamos entre los más
entusiastas por la formación de la comisión que propicia
la derogación del decreto durante la primera sesión ordinaria
del Congreso, el próximo 2 de marzo. El riojano Yoma ayer aprovechó
para subirse a la ola y calificó a la reforma como “injusta,
arbitraria e inequitativa”, además de ilegal. “El decreto
de necesidad y urgencia requiere condiciones de urgencia para que el Ejecutivo
lo dicte. Si es tan urgente, no veo por qué no se convocó
a sesiones extraordinarias para que el Parlamento se aboque al tratamiento
del tema”, sostuvo el senador, quien también llamó
al Gobierno a “repensar seriamente” la utilización de
los decretos como una expeditiva vía legislativa, una herramienta
de la que abusó la gestión de Carlos Menem.
La frepasista Bordenave, en tanto, consideró que si su partido
no tiene voz en la discusión sobre la reforma “es muy difícil
hablar de gobierno de coalición”. “Lo que nosotros proponemos
es, primero, la derogación del decreto y la discusión en
serio de una reforma previsional”, explicó.
Mientras, el diputado socialista Alfredo Bravo anticipó que hoy
la agrupación crítica de la que es uno de sus fundadores
–Argentinos por una República de Iguales (ARI)– irá
a la Justicia para pedir formalmente la derogación de la reforma.
“Se presentará un recurso de amparo pidiendo la inconstitucionalidad
de la reforma previsional que el Gobierno decidió aprobar por decreto”,
explicó anoche Bravo al programa “La Posta”, que se emite
por la señal de cable P&E. De esta forma, la reforma previsional
podría comenzar también un periplo similar al que viene
siguiendo en Tribunales la desregulación de las obras sociales,
otro decreto firmado también el último día hábil
de año (ver aparte).
Pero al Gobierno no lo desvela lo que suceda en la Justicia porque entiende
que, de última, la Corte Suprema terminará avalando lo actuado
por el Presidente. En cambio, más le preocupa que en torno de la
reforma previsional se termine armando un frente opositor en el que confluyan
justicialistas y frepasistas. Por eso, De la Rúa le encargó
al ministro Storani que sondee con discreción las intenciones de
los diputados más cercanos a Chacho Alvarez, como Darío
Alessandro, Rodolfo Rodil y Juan Pablo Cafiero. El Presidente acepta la
diferencia de criterios en cuanto al cambio de sistema jubilatorio, pero
no la creación de una comisión multipartidaria. Al parecer,
según se desprende de las declaraciones de Alvarez desde Villa
La Angostura, donde pasa sus vacaciones, mantendrá la libertad
de conciencia para los legisladores de su fuerza, pero no alentará
la formación de una comisión como la que lanzaron el jueves
pasado el grupo de diputados más enfrentados con la política
oficial.
Sigue
la pelea judicial
El
Gobierno apelará hoy la decisión de la Justicia de suspender
la desregulación de las obras sociales. Así lo anticipó
ayer el ministro de Salud, Héctor Lombardo, quien además
explicó que se cuestionará ante el Consejo de la Magistratura
a la jueza Adriana Lucas de Tarradellas por entender que “se
excedió en sus funciones”. “La jueza es de seguridad
social y tomó un caso que habla de inconstitucionalidad, esto
no corresponde a su fuero”, agregó Lombardo, quien agregó
que el cuestionamiento no se traducirá en pedido de juicio
político. La semana pasada, la jueza Lucas de Tarradellas hizo
lugar al pedido de amparo presentado en Tribunales por dirigentes
sindicales. “Mucha gente entiende que el sistema de la seguridad
social está en una situación sumamente crítica
y no producir ninguna innovación significaría dejar
todo como está, es decir que muchas obras sociales no tienen
cobertura de salud porque tienen cortados los servicios”, fue
la defensa que hizo Lombardo del sistema que el Gobierno intenta poner
en marcha no sin dificultades. A los contratiempos en la Justicia
se agregó también la actitud de las empresas de medicina
prepaga que no se interesaron en sumarse al sistema. Lombardo prometió
que esta semana “va a haber grandes novedades en lo que respecta
al sistema de salud” porque “estamos avanzando en propuestas
de acuerdo para encontrar la solución al problema”. |
Cada
vez más lejos
Desde
el llano, el ex jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, continúa
mostrándose crítico con el rumbo del Gobierno del que
formó parte hasta hace apenas tres meses. Ayer eligió
cuestionar los decretos firmados por el presidente Fernando de la
Rúa durante el último día hábil del 2000
porque, a su entender, “no eran necesarios” ni habían
sido puestos como condición por el Fondo Monetario Internacional.
Un día antes, Terragno había adelantado que no sería
candidato a senador en las elecciones de octubre porque, hoy por hoy,
no se sentía en condiciones de defender la política
económica del Gobierno. Ayer centró sus críticas
en la seguidilla de decretos firmados por el Presidente que “no
favorecen la calidad institucional de un país”. Y, sobre
los decretos, se centró en el de la reforma previsional y descartó
que su sanción hubiera sido una exigencia del FMI para otorgar
el blindaje. “La idea de que se reúnen en Washington los
representantes de organismos internacionales y dicen ‘si en la
Argentina las mujeres no se jubilan a los 65 años, no les damos
el blindaje’, me parece infantil, no entiendo que se pueda creer
algo así”, añadió.
“Puede haber frente a un problema dos criterios, uno del Ejecutivo
y otro del Legislativo. Pero, ¿quién dijo que la eficacia
depende del Ejecutivo?”, se preguntó. Con respecto al
blindaje, el ex funcionario sostuvo que no debe tomarse como un gesto
de aprobación hacia el rumbo de la economía argentina
o, también, que la ayuda externa bastará para hacer
crecer al país. “Es una buena noticia pero a partir de
la tranquilidad, hay que hacer lo que hasta ahora no se hizo: una
política de desarrollo económico”, diferenció.
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