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Por
Pablo Rodríguez
 Cuando
el ser humano no confía en lo dictado por el propio ser humano,
es mejor encomendarse a Dios. Al menos eso es lo que parece pensar quien
supiera ser, justamente, un dictador ejemplar en Chile. Mientras el juez
Juan Guzmán lo esperaba en el Hospital Militar de Santiago para
el primer día de los exámenes médicos para ver si
estaba “demente”, Augusto Pinochet bajaba de una 4x4 para asistir
a una misa en su propia residencia veraniega de Bucalemu, a 130 kilómetros
de donde estaba Guzmán. Pero el ex dictador debe tener cuidado,
porque estar con Dios no lo exime de lo humano: Guzmán anotó
su ausencia y Pinochet ya ha cometido desacato, con lo que hoy mismo podría
ser procesado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en 1973.
En otro orden de cosas, el presidente chileno Ricardo Lagos hablaba al
país al cierre de esta edición para ofrecer su evaluación
de los informes presentados por las Fuerzas Armadas y congregaciones religiosas
sobre el paradero de los desaparecidos en la dictadura.
Estos informes fueron el resultado del compromiso de la Mesa de Diálogo,
suscripto en junio por el gobierno, las Fuerzas Armadas, autoridades religiosas
y abogados defensores de los derechos humanos. Este compromiso implicaba
que los involucrados en los crímenes de la dictadura dieran a conocer,
cobijados en el anonimato, datos para encontrar los cadáveres de
los desaparecidos. El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez,
declaró luego de recibir los informes de manos de Lagos que “los
antecedentes son muy valiosos”. Durante la semana, varias autoridades
religiosas (católicas, evangélicas y judías) habían
dicho que la información que ellos habían recibido era más
bien pobre y que quizás fueran las Fuerzas Armadas las que concentraran
la mayoría de los datos.
Según los informes de prensa, puede ser que los militares hayan
aportado la mayoría de la información. Según el diario
La Tercera, que publicó parte del informe, se logró recopilar
información nueva de 985 de los 1200 desaparecidos reconocidos
oficialmente por el Estado chileno. La mayor parte de los crímenes
fueron atribuidos a la DINA (policía secreta del régimen)
con 359 casos, a Carabineros con 304 casos, y al Ejército con 177
casos. Pero de todos estos casos, “en 200 se obtuvo información
sobre el destino o paradero de los detenidos desaparecidos”. Claro
que en realidad sólo se podrán identificar 45 cadáveres
de todos estos casos, ya que en las precisiones dadas por las Fuerzas
Armadas, los restantes aparecen como arrojados a ríos, al mar,
a cráteres de volcanes o directamente incinerados. En este sentido,
dice La Tercera, el informe de las Fuerzas Armadas contiene un reconocimiento
explícito de que durante la dictadura se cometieron atrocidades
que no deberían haberse producido.
Este reconocimiento estratégico de los militares (dado que están
buscando alguna forma de parar los juicios contra los responsables de
violaciones a los derechos humanos en el régimen militar) no es
compartido por su “Tata”. “Pinochet se veía tranquilo.
Se veía bien”, declaró un periodista que cubría
para Radio Cooperativa de Santiago la estadía del ex dictador en
su quinta. El camino legal de su caso no lo habilita a semejante tranquilidad.
Guzmán debería interrogar a Pinochet mañana, pero
el “Tata” se pegará otro faltazo, por lo que el miércoles
lo podría declarar procesado por los crímenes de la Caravana
de la Muerte.
Guzmán también podría procesarlo antes, ya que los
abogados querellantes presentaron un recurso alegando que Pinochet ya
cometió desacato y que en esas condiciones no hay nada que esperar.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago debe resolver hoy sobre
un recurso de los abogados de Pinochet para apartar a Guzmán de
la causa y cambiar el cronograma de exámenes médicos-declaración
indagatoria. La Corte Suprema ya rechazó estos pedidos el viernes
y es poco probable que la Corte de Apelaciones falle lo contrario. Lo
que sí es probable es que, según publicaron medios chilenos,
Pinochet se haga internar en el Hospital Militar durante varios días
para ver si algún resquicio del proceso lo salva. Es que él
parececonfiar más en Dios que en los hombres, pero sabe muy bien
cómo se manejan las cosas en la Tierra.
Tota
Quinteros, una vida buscando a su hija desaparecida
La “dictadura comisarial”, como alguna vez se llamó
a la uruguaya de los años 1973-1985, prefirió los
métodos de intimidación personalizada, por lo que
se calculó que una de cada tres personas había sido
detenida o aun torturada en aquellos años. Sin embargo,
también participó activamente en el esquema represivo
del Cono Sur conocido como Plan Cóndor. María Almeida
de Quinteros, la Tota, que murió ayer en Montevideo a los
82 años por problemas cardíacos, fue el símbolo
de la búsqueda por los desaparecidos de la dictadura en
Uruguay.
Almeida, de 82 años, había sido presidente de la
Junta Departamental (gobierno regional) de Montevideo y estaba
vinculada a organismos de defensa de los derechos humanos. Era
la madre de Elena Quinteros, una joven maestra secuestrada en
1976 de los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo,
donde se había refugiado buscando huir de las fuerzas de
seguridad de la dictadura. La detención de la maestra en
lo que técnicamente era territorio venezolano provocó
la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos
países, restablecidas recién al retorno de la democracia
en Uruguay en marzo de 1985, al comienzo del primer mandato de
Julio Sanguinetti (1985-1990).
Elena Quinteros fue una de los casi 170 uruguayos detenidos y
desaparecidos en el marco de los operativos de coordinación
de los servicios de inteligencia de los regímenes militares
que gobernaron el Cono Sur durante la década de 1970, en
el esquema represivo que se conoce como el “Plan Cóndor”.
La mayoría de las desapariciones de uruguayos ocurrió
en Argentina.
Una jueza de Montevideo ordenó al gobierno uruguayo el
año pasado realizar una investigación administrativa
para localizar los restos de la maestra, pero que no dio ningún
resultado favorable a los familiares. Tota Quinteros había
llevado adelante una larga búsqueda y militancia para tratar
de aclarar lo sucedido. El 1º de marzo del año pasado,
se entrevistó en Montevideo con el presidente venezolano
Hugo Chávez. En su diálogo con el mandatario venezolano,
le planteó su caso, tras lo que se sintió “francamente
aliviada, reconfortada”, según documentó en
la carta de agradecimiento que posteriormente le envió,
en noviembre último.
Chávez se interesó personalmente en el tema y realizó
una gestión ante el presidente de Uruguay, Jorge Batlle,
según se lo hizo saber a Quinteros el canciller venezolano
José Rangel, en carta que le remitió el 9 de mayo
último. Batlle, en una misiva a Chávez, aseveró
a mediados de junio último que “es objetivo fundamental
de mi acción gubernativa realizar los máximos esfuerzos
para avanzar, lo más rápidamente posible y en el
marco de la legislación vigente, en la indagación
de hechos tan dolorosos como lo es la desaparición de personas,
acaecida durante el período del gobierno militar (1973-1985),
en mi país”.
“Para nosotros es un enorme dolor, pero a su vez también
es el reconfortamiento que hay mujeres que han luchado tanto,
que no han perdido su paciencia y que han luchado por los derechos
humanos y por sus hijos”, resumió Berta Sanseverino,
presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la
alcaldía de Montevideo. Pero añadió, “yo
lamento que se haya ido con esa gran deuda que le quedó
debiendo el gobierno uruguayo al no haberle respondido nunca qué
pasó con su hija aquel día de 1976”. Tota Quinteros
destinó los últimos 24 años de su vida a
saber, a tratar de conocer el paradero de su hija desaparecida.
La muerte la sorprendió sin alcanzar su objetivo.
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