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Por
Claudio Zlotnik
 El
debut del cheque cancelatorio vino con problemas. El nuevo instrumento
recibió fuertes críticas por parte de inmobiliarias, escribanos
y de las ligas defensoras de los consumidores. Se quejan de que trabará
las operaciones y de su elevado costo. Además, las inmobiliarias
protestaron porque los bancos todavía no disponen de los nuevos
cheques. Y prevén que la actividad del sector estará virtualmente
parada durante los próximos días. Advierten que podrían
iniciarse acciones legales pidiendo la anulación del cheque por
considerarlo inconstitucional.
El cheque cancelatorio entró en vigencia ayer, y forma parte de
la cruzada del Gobierno para combatir la evasión y el lavado de
dinero. El instrumento fue creado por la ley antievasión, presentada
por el Ejecutivo hace un año, y en la cual, entre otros puntos,
se prohíbe la utilización de dinero en efectivo para los
pagos superiores a los 10 mil pesos. Desde ayer, las operaciones por un
valor superior a ese monto deben efectuarse a través de cheques
comunes, de pago diferido, tarjetas de crédito, giros o transferencias
bancarias.
La creación del cheque cancelatorio intenta cubrir a aquellas personas
que no tengan una cuenta abierta en alguna entidad financiera. En caso
de que un “no bancarizado” compre una casa o un automóvil,
por ejemplo, que cueste más de 10 mil pesos, estará obligado
a adquirir un cheque cancelatorio en el banco, por el que abonará
entre 0,15 y 0,25 por ciento sobre el valor de la transacción.
Aunque el mínimo establecido es de 50 pesos. Es decir, por una
operación de 50 mil pesos habrá que pagar entre 75 y 125
pesos.
Como condición para recibir el cheque, el pagador deberá
depositar el dinero en la cuenta especial que le abra el banco. Precisamente,
este accionar es lo que hace “cancelatorio” al instrumento:
los fondos están en la cuenta antes de que se emita el cheque.
Sin embargo, las entidades financieras se tomarán entre 48 y 72
horas para efectivizarle el dinero al vendedor. A su vez, durante ese
tiempo, y a pesar de haber pagado, el comprador no será el dueño
legal del activo. “Así como fue diseñado, el sistema
complica las cosas. ¿Qué pasa si se detecta un cheque falso?
¿Por qué los bancos se toman tanto tiempo para definir la
operación? Por ahora, son preguntas sin respuestas. Mientras tanto,
la gente nos llama con temor a cometer errores y posterga sus decisiones”,
comentó a este diario Francisco Rocca, vicepresidente del Colegio
de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Desde el Gobierno intentaron
llevar serenidad. “A lo mejor, en el corto plazo la operatoria aparece
como complicada. Pero será hasta que la gente la conozca. El cheque
cancelatorio nos va a dar tranquilidad de que no hay evasión impositiva”,
apuntó Chrystian Colombo, jefe de Gabinete. No obstante, un reconocido
consultor impositivo dijo a este diario, pidiendo reserva de su identidad,
que “quienes trabajan en negro seguirán haciéndolo.
La clave está en los controles de la AFIP. No en lo que pueda hacer
el Banco Central con los cheques”.
Por ahora, las entidades financieras mostraron escaso interés por
sumarse al flamante sistema: sólo ocho se registraron en el Banco
Central para recibir los talonarios con los cheques cancelatorios, a pesar
de que el Ejecutivo vetó el artículo de la ley donde se
establecía que el instrumento sería gratuito y avaló
que las entidades cobraran una comisión.
La crítica principal de los agentes inmobiliarios y los escribanos
está dirigida a los costos que acarrea el cheque cancelatorio.
Porque, además de la comisión bancaria, advierten que quienes
utilicen el nuevo instrumento tendrán que abonar la formulación
de una “escritura complementaria”, una vez que se verifique
el cobro del dinero, equivalente al 2 por mil del total de la operación,
y honorarios adicionales por escribanía. No es todo. Además
deslizan que, tal como fue establecida, la operatoria podría ser
inconstitucional. “La ley impide la utilización del dinero.
No deja opción a que quien quiera pagar en efectivo, puedahacerlo”,
señaló en diálogo con Página/12, Gustavo Lumer,
directivo de la cámara inmobiliaria. Incluso, en Adecua, una liga
de defensa de los consumidores, evalúan realizar una presentación
judicial para que la utilización del cheque cancelatorio se suspenda,
según informó Osvaldo Riopedre, ya que en la entidad consideran
que el instrumento debería entregarse en forma gratuita.
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