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El
Gobierno apeló ayer el fallo judicial que suspendió la desregulación
del sistema de obras sociales. Lo hizo argumentando el derecho del Ejecutivo
a dictar decretos de necesidad y urgencia. Y además planteó
la incompetencia del fuero de Seguridad Social y el apartamiento de la
jueza que falló contra el decretazo por supuesto “prejuzgamiento”.
El recurso de apelación está firmado por el procurador del
Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, y la directora de Asuntos
Jurídicos de la cartera de Salud, Viviana Bompland, y cuenta con
el aval del Ministerio de Trabajo y de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
La última semana la jueza de feria de Seguridad Social, Adriana
Lucas de Tarradellas, haciendo lugar a un reclamo de gremios, dispuso
la suspensión de los efectos de los decretos de desregulación
del sistema de salud, que había permitido desde el 1º de enero
la libre competencia entre las obras sociales sindicales y las empresas
de medicina prepagas.
La medida se conoce como “innovativa”, ya que resuelve sobre
un paquete de decretos que ya estaban en plena vigencia. La jueza dispuso
dejar sin efecto los decretos hasta que la Justicia analice la cuestión
de fondo.
 El argumento
sindical se basa en la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia para abordar cambios en el sistema de seguridad social. Las
dos CGT consideran que el tema debe ser tratado en el Congreso y tener
carácter de ley. En el fallo la jueza es contundente en ese sentido.
“Sin que ello implique prejuzgamiento alguno, cabe señalar
que en reiterados pronunciamientos he hecho referencia a la ineludible
necesidad de tratamiento legislativo de las normas de la naturaleza que
reviste el decreto en examen (...) Y si, finalmente, el Congreso no asumiera
el tratamiento del decreto ni lo rechazara ni lo convirtiera en ley, esta
última omisión debería equipararse al rechazo, con
el efecto de que el decreto quedaría derogado.”
El Gobierno se manifestó molesto porque la decisión de la
jueza fue tomada “inaudita parte”, es decir, sin que uno de
los actores de la causa fuera escuchado en el expediente. Lombardo justificó
la apelación con otros argumentos. “La jueza invadió
el fuero que no le corresponde y creo que allí se ha excedido en
su atribución, porque acá estamos hablando de la constitucionalidad
de un decreto”, dijo. La presión sobre la magistrada también
llegará por otra vía, según admitió el propio
Lombardo. “El Consejo de la Magistratura le tomará declaraciones
a la jueza para ver realmente por qué razón actuó
en un fuero que no le corresponde”, dijo.
Desde la vereda sindical se oyeron quejas. “El Ejecutivo tiene derecho
de apelar, pero no forma parte de las reglas de juego la presión
sobre la jueza ya que muestra una falta de respeto a la separación
de los poderes. Además, no vi la misma reacción cuando la
misma jueza declaró la inconstitucionalidad de dos decretos de
Menem que disponían la rebaja de las asignaciones familiares”,
señaló el abogado de la CGT rebelde, Héctor Recalde,
uno de los promotores de la embestida judicial.
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