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Por
Santiago Rodríguez
 
Educación
es el ministerio elegido por el Gobierno para empezar a ensayar la reforma
del Estado. Así lo anunció el secretario de Modernización
del Estado, Marcos Makón, quien dijo que “en diez días”
comenzará una reestructuración de esa cartera para transformarla
en un “organismo rector en planificación y evaluación
educativa” y avanzó al punto de adelantar que “podría
ser” que algunos de sus empleados sean transferidos a la Policía
Federal. A pesar de haber estado ayer a la mañana con Makón
conversando del tema, el ministro Hugo Juri aseguró a Página/12
que del pase de su gente a las filas policiales “no escuché
nada” y relativizó el impacto de la reforma sobre la competencia
de su cartera. Detrás de la reestructuración aparece el
temor de unos y el auspicio de otros de que el ministerio termine por
vaciarse de contenido y pierda sentido mantenerlo dentro del organigrama
nacional.
El miedo de los que sostienen que Educación no debe desaparecer
radica en la sospecha de que después de la reforma –que es
apenas un capítulo de una reestructuración general del Estado–
se intentará avanzar en la provincialización de las universidades
nacionales. La desconfianza tiene razón de ser: hace un tiempo
el jefe de Asesores de Economía, Pablo Gerchunoff, le preguntó
a Juri cuán complicado y conflictivo sería deshacerse de
las casas de altos estudios y transferirlas a las provincias.
El asunto no pasó de aquella pregunta, pero muchos tienen el recuerdo
del traspaso de las escuelas secundarias y terciarias a las provincias
a fines del ‘91: entonces, el ministro de Educación, Antonio
Salonia, se enteró de la transferencia al ver que había
sido incluida por el titular de Hacienda de la época, Domingo Cavallo,
en una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
“Las universidades –destacó el ministro de Educación–
fueron pensadas y creadas como nacionales y si se provincializaran, habría
que repetir carreras en todas las provincias porque no todas se dictan
en todos los lugares. Por ejemplo, en la Patagonia habría muchos
paleontólogos, pero no médicos.”
Juri fue terminante en cuanto a su posición frente a la idea de
provincializar las universidades y advirtió que “no constituiría
una eficiente utilización de los recursos”. Aun así,
una mera comparación entre lo que fueron sus declaraciones sobre
la reforma en esa cartera y las que realizó Makón permitiría
inferir que no todas las decisiones pasan por Educación.
“En ningún caso se plantea despido del personal. Si se determina
que sobra, hay otros organismos que requieren de personal”, comentó
Makón por la mañana y precisó que un destino “podría
ser” la Policía Federal. Afirmó, incluso, que “éste
es un tema que se viene conversando desde hace tiempo” y que una
de las políticas para “mejorar la seguridad es que la mayor
cantidad de policías esté en la calle y que tareas administrativas
en las comisarías no las realice personal uniformado”.
“De eso no escuché nada”, sostuvo Juri por la tarde,
aun cuando horas antes había estado con Makón. Y la reunión
había sido precisamente para analizar los alcances de una reforma,
que –según el secretario de Modernización del Estado–
servirá para “fortalecer las capacidades de planificación
y supervisión” de la cartera educativa.
Juri dijo no poder “asegurar si después de la reforma va a
quedar más o menos gente” en Educación, pero dio alguna
que otra pista: adelantó que se buscará armar “una
estructura más ágil que la que el ministerio tuvo por años
cuando tenía las escuelas bajo su dependencia” y evaluó
que “así como nosotros podemos necesitar personal de otros
organismos, imagino que puede que haya gente en la cartera que sea más
útil en otras áreas”.
En la planta permanente de Educación quedaron unas 1100 personas
a partir de la reducción de personal que se realizó el año
pasado e incluyó la fusión de dependencias, retiros voluntarios
y no renovación dedeterminados contratos. Como resultado de esa
reingeniería la masa salarial de la planta estable bajó
de 32 a 24 millones de pesos y se redujo de 72 a 45 millones el gasto
en contrataciones.
La etapa que viene será para adecuar la estructura a “los
roles básicos del ministerio: el diseño de políticas
compensatorias para las provincias más atrasadas, la evaluación
de la enseñanza y la mejora de la calidad educativa”. Eso
dijo Juri.
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