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Por
Pablo Rodríguez
 
Chile
nunca tuvo un juicio a las Juntas, como la Argentina. Tampoco votó
una ley de Amnistía, como Uruguay. Lo que siguió a Pinochet
no fue una continuación de la dictadura por otros medios, como
Paraguay. Chile debió esperar a que una jugada del juez español
Baltasar Garzón armara la trama. Y ayer se produjo lo más
parecido al espejo del horror que vivió nuestro país en
aquel 1985. Luego de juicios esporádicos que ofrecían una
verdad en retazos, el domingo a última hora de la noche el presidente
Ricardo Lagos mostró algo más que retazos: dio a conocer
al país el informe del paradero de los detenidos desaparecidos
durante la dictadura elaborado por las FF.AA. y diversas instituciones
religiosas. Ayer, las reacciones fueron dispares: algunos familiares de
las víctimas denunciaron la jugada como “una burla”,
otros reconocieron el valor de la información y el gobierno dijo
que “no era suficiente” (ver nota aparte). Pero quizás
haya un personaje que aprovecha la ocasión para salir del cuadro:
por sorpresa, cuando tenía todos los elementos para procesarlo,
el juez Juan Guzmán decidió postergar la declaración
indagatoria a Augusto Pinochet y ordenar nuevas fechas de los exámenes
médicos a Pinochet este jueves y viernes.
“La información que he recibido es cruda y dolorosa, y habla
de muerte, sepulturas clandestinas, cuerpos arrojados al mar, a los lagos
y ríos de Chile.” Una verdad que muchos sospechaban, pero
el gesto duro de angustia del presidente Ricardo Lagos cuando dijo estas
palabras en cadena nacional dejó traslucir de qué momento
en la historia de Chile se está hablando. Como resultado del acuerdo
de la Mesa de Diálogo (conformada por militares, funcionarios del
gobierno, abogados defensores de los derechos humanos y autoridades religiosas),
las FF.AA. recopilaron durante seis meses y entregaron el sábado
lo que nunca jamás pensaban entregar.
Lo que entregaron fue poco: datos concretos de poco más de 100
desaparecidos sobre los más de mil reconocidos oficialmente y los
3 mil que asumen otras versiones. Y no fue como un simple gesto heroico
sino como un toma y daca en el cual el gobierno (así lo admitieron
algunos militares) debía hacer su parte frenando los juicios a
los militares que participaron de la represión ilegal. “Es
una maniobra de inteligencia del ejército”, señaló
la abogada Carmen Hertz, querellante en el caso Pinochet y viuda de un
desaparecido. “Es una burla, porque las FF.AA. siempre han sabido
qué ocurrió”, clamó la secretaria general del
Partido Comunista Chileno, Gladys Marín, viuda del dirigente comunista
desaparecido Víctor Muñoz.
En cambio, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, consideró
“positivos” los informes de las FF.AA., al menos hasta donde
llegan. La presidenta de la AFDD, Viviana Díaz –quien se enteró
ayer que su padre, el dirigente Víctor Díaz, fue arrojado
al mar en 1976–, aclaró que “lo que se entrega es insuficiente
porque no nos basta con saber que fueron lanzados al mar. Aquí
tiene que haber una investigación que determine quiénes
son los responsables”.
Lagos admitió que “la gente que no entregó la información,
no la entregó en estas condiciones, ni la va a entregar en otras
condiciones. Habrá que buscarla de otra manera”. El presidente
chileno fue muy enfático en su mensaje al país sobre “el
coraje y la valentía de las FF.AA.”, que en realidad aportaron
la información bajo garantía de anonimato. Y desmintió
que haya un arreglo para frenar los juicios a los militares. “Sería
muy lamentable pensar que alguien puede condicionar la información
que conoce a determinados gestos. La información se entrega a partir
de la conciencia moral de cada chileno.”
La potencia de la noticia en Chile está multiplicada por el caso
Pinochet, quien ya parece en la recta final de su procesamiento, y el
país se pone en carne viva. El jefe del ejército, Ricardo
Izurieta, “no defiende a mi padre como debiera” porque “quiere
quedar bien con Dios y con el diablo”, se enfureció Jacqueline
Pinochet, hija favorita del ex dictador. “Ojalá Pinochet estuviera
a la altura de su institución hoy día.Por una vez, Pinochet,
respóndale a Chile”, pidió el senador oficialista democristiano
Alejandro Foxley. Pero parece que el juez Guzmán le está
dando a Pinochet una oportunidad para que siga sin responder. Sin asistir
a los exámenes médicos de este domingo y lunes, sin visos
de presentarse a la declaración indagatoria de hoy, Pinochet quedaba
en posición de desacato y listo para ser procesado. Pero Guzmán
decidió sorpresivamente armar un nuevo calendario en el cual los
exámenes médicos podrían terminar en una oportuna
declaración de “demencia” para Pinochet y luego en el
fin de su juicio. Si es así, demostraría que, al igual que
los datos de los detenidos desaparecidos, Chile parece condenado a conocer
la verdad a medias. Antes de la excursión de Pinochet a Londres,
estaba condenado a no conocer ninguna.
La
letra chica del informe
 El
Informe Rettig (el Nunca Más chileno) reconoce casi 1200 desaparecidos
durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, de los cuales, al
momento actual, resta identificar a 985. Extraoficialmente, serían
3000. Lo que dio a conocer Ricardo Lagos (foto) a última hora
del domingo fueron apenas datos sobre 200 personas, de las cuales
se especifica que 151 personas fueron lanzadas al mar, ríos,
lagos o volcanes; 20 fueron enterrados en fosas comunes y otros 29
sepultados ilegalmente. Ninguna de las fuerzas armadas se hizo cargo
de la información que debería proporcionar la DINA (ex
policía secreta de la primera etapa de la dictadura), a la
que corresponde un tercio de los desaparecidos. Hay casos muy polémicos,
como el que contó Nelson Donato, pariente de un desaparecido.
La investigación del juez Juan Guzmán determinó
que su padre fue cremado en un cementerio santiaguino, mientras el
informe de los militares dice que fue lanzado al mar. Lo que queda
claro es el resultado final: según la Mesa de Diálogo,
el 97,6 por ciento de los casi 1200 desaparecidos caen dentro del
período 1973-1978, donde tiene vigencia la Ley de Amnistía.
Si los datos permiten identificar los cuerpos o sustentar que están
realmente muertos e inhallables, cesa en su efecto la interpretación
de la Corte Suprema de que el delito de secuestro calificado continúa.
Y todos amnistiados. |
ENTREVISTA
AL SOCIOLOGO CHILENO TOMAS MOULIAN
“Entre
decepción y sospecha”
Por
P. R.
 “La
información dada por los militares provoca un poco de decepción
y otro poco de sospecha. Pero hay que admitir que las fuerzas armadas
reconocieron responsabilidad en lo ocurrido”. Tanto desde su militancia
política como de esa extraña virtud de “ver el cuadro”
de una situación a pesar de estar dentro de él, el conocido
sociólogo chileno Tomas Moulián, autor de Chile actual,
anatomía de un mito, analizó con Página/12 los vericuetos
de los informes de las fuerzas armadas sobre los desaparecidos.
–¿Cuál es su opinión sobre la información
aportada por las fuerzas armadas y autoridades religiosas sobre el paradero
de los detenidos desaparecidos durante la dictadura?
–Creo que todavía es temprano para pronunciarse de modo definitivo
y concluyente. Muchos defensores de los derechos humanos hemos sentido
una mezcla de decepción y sospecha sobre algunos de los datos entregados.
En las 120 desapariciones sobre las que hay datos concretos, hay algunos
casos emblemáticos, como el del padre de Viviana Díaz (presidenta
de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) o el
del esposo de Gladys Marín (secretaria general del Partido Comunista
chileno). Y estos son procesos judiciales que de este modo se cierran,
porque con la identificación o presunción de identificación
de los cuerpos vuelve a entrar en vigencia la Ley de Amnistía de
1978. Pero, por otro lado, al menos por el relato de lo ocurrido, resulta
un reconocimiento explícito de responsabilidades de las fuerzas
armadas. Esto es una verdad irrefutable. Ahora seguramente comenzará
una discusión sobre la calidad y cantidad de los datos. Es muy
fuerte la declaración de Carmen Hertz, una de las abogadas querellantes
en el caso Pinochet, cuando habla de una conspiración de inteligencia
para terminar con los juicios a los militares responsables de violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura. Desde este punto de vista,
las fuerzas armadas hacen este gesto para que el gobierno responda con
una suerte de ley de punto final. Y, efectivamente, hubo una parte del
discurso del presidente Lagos, llena de elogios a los militares, en el
que parecen prepararse las condiciones psicosociales para un punto final.
–Teniendo en cuenta la situación particular de un Chile donde
las fuerzas armadas son más omnipresentes en el debate político
que, por ejemplo, en países vecinos como Argentina, Brasil o Uruguay,
¿este gesto no es todo lo que se podía esperar de los militares?
Es poco probable que en Chile aparezca un Martín Balza.
–Para ser claros: si antes de la detención de Pinochet alguien
me hubiera dicho que iba a pasar esto, lo hubiera tildado de delirante.
Lo que iniciaron el juez Garzón y Gran Bretaña es lo que
define la situación actual. Es como un hombre que viene de un largo
ayuno, y al primer día le dan pan: al día siguiente ya está
pidiendo un suculento bistec. Pero esto, obviamente, no implica que no
haya que buscar justicia. Sólo que este buscar justicia seguirá
encontrando límites en lo que es posible hoy en Chile.
–¿Qué sigue de aquí en más: más
juicios, más informaciones o todo dependerá de cómo
termine el caso Pinochet?
–Digamos que el caso Pinochet ya está terminando: va a ser
procesado pero después encontrarán la forma de eximirlo
del juicio. En este punto, tenemos que anotar lo terrible que fue la defensa
de Pinochet. Aun cuando no quisieran hablar sobre las pruebas contra él,
al menos Pinochet podría haber salido con una barrabasada del tipo
de defender la obra de la dictadura, de decir “bueno, si llegaron
a la democracia no esperen que haya sido limpiamente”, o ese estilo
de aberraciones políticas que dice la derecha. En lugar de eso,
Pinochet quedará en la historia como un cobarde y como un monigote.
En cuanto a los juicios, no van a seguir muchos más. Creo que se
abre un panorama en el que el presidente Lagos deberá demostrar
un coraje realista, un coraje negativo, para terminar con losjuicios y
cargarse de críticas para quedar bien de miras a la historia. En
la política cínica en la que se juega esto, Lagos tendría
mucho que perder pero mucho que ganar de alguna forma de punto final.
Pero no sé, lo veo muy suave, muy invertebrado para hacer este
tipo de actos. Por otra parte, el Partido Socialista se le vendría
encima. Y en cuanto a la información, creo que las fuerzas armadas
ya no darán ninguna más, así sea que alguna instancia
lo salve a Pinochet del juicio.
–¿Puede hablarse de un cambio de mentalidad de las fuerzas
armadas a partir de la decisión de dar información?
–Bueno, se dice que el general Izurieta (jefe del Ejército)
está muy acongojado por no cumplir el rol que se le atribuía:
el de modernizar la rama y el de desembarazarse de Pinochet. La huella
del ex dictador destruyó sus planes. Ahora quedará esta
tarea para la próxima generación.
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