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Por Laura Vales
 “Habrá despidos,
aunque no masivos ni sin causa”, sostuvo ayer Federico Polak. El
interventor del PAMI sintetizó así la primera medida que
tomará apenas quede como única autoridad en la obra social
de los jubilados. Polak no quiere dar números del ajuste de personal.
Y argumenta, básicamente, que ésta es una de las únicas
salidas para que el PAMI se las arregle sin recibir ayuda del Estado.
–¿Cómo va a hacerse esa reducción de personal?
–El PAMI tiene personal contratado, personal de planta y personal
de la intervención. En el sector de contratados la reducción
va a ser fuerte: ahora tenemos 209 personas en esa situación y
la idea es reducir ese número drásticamente. Por otro lado
están los contratados del Probienestar, el plan que entrega bolsones
de comida. Estamos pensando en reemplazar, a largo plazo, los bolsones
de comida por cupones, por lo cual es posible que también se reduzca
el personal contratado para esa área.
–¿Qué va a pasar con los que tienen trabajo estable?
–Hay muchos que están en condiciones de jubilarse y debieran
hacerlo; otros serán reasignados. Y están los que tienen
funciones en categorías J y no las cumplen, porque entraron como
personal político en distintas administraciones. Es una categoría
alta; entre agosto y noviembre del ‘99 entró muchísima
gente en esas condiciones, más o menos unos 900. Me parece que
sobre esa gente hay que conversar con los gremios porque algo hay que
hacer. En la planta permanente del PAMI hay 11.502 personas, es decir
bastante más de lo que había en agosto del ‘99, y casi
lo mismo que cuando se fue Alderete.
–¿Con cuánta gente piensa usted que debería
manejarse el PAMI?
–No puedo anticiparlo a través de un medio sin haber hablado
antes con los gremios.
–Sea la cifra que sea, cualquier despido implica un costo político.
–Hay ideas para que los empleados que dejen el PAMI se integren en
cooperativas de trabajo y se ocupen de darnos servicios tercerizados.
En control prestacional, por ejemplo. Pero esto es un proyecto en el que
me tienen que ayudar los gremios, y para el que la gente tendría
que pasar primero por un período de aprendizaje.
–¿Cuánto planea gastar el PAMI en esta reducción
de personal?
–Estamos hablando de despidos con causa. Sobre los despidos sin causa,
si hubiera alguno por supuesto va a haber que pagarlo; pero todavía
no está decidido quién lo va a hacer.
–El ministro de Salud, Héctor Lombardo, habló de integrar
al PAMI “al nuevo sistema de salud” que se puso en marcha con
la desregulación de las obras sociales.
–El PAMI quedó excluido expresamente de la desregulación
de las obras sociales. Es decir que va a seguir funcionando como hasta
ahora, pero aspiramos a que lo haga con mejores prestaciones médicas.
–El defensor de la Tercera Edad porteño, Eugenio Semino, planteó
que el traspaso del PAMI a Salud es el primer paso para su vaciamiento
y posterior desregulación.
–Semino sabe que no es así y que la única diferencia
fuerte que yo tuve con el gobierno fue justamente por el tema de las gerenciadoras.
Pero lo que también hay que tener en claro es que no se puede vivir
del aire. El PAMI trabajó a pérdida los diez años
del gobierno justicialista y el año pasado, si bien se hizo un
ahorro grande, recibió aportes del Estado por 169 millones de dólares.
Este año ya no vamos a tener ayuda. Así que si no ahorramos
vamos a tener menos prestaciones médicas, o se va terminar eliminando
el plan Probienestar. Eso no puede ser.
–Los jubilados que representaban a la CTA en el PAMI acaban de retirarse,
en repudio a los últimos anuncios.
–Lamento que se hayan ido. Me parece bien que pidan la normalización,
pero tendrían que pensar que con la ley actual, si el PAMI se normaliza,van
a estar en minoría para manejarlo. De un total de trece directores,
habrá sólo 4 representantes de los jubilados. Ellos también
interpretaron equivocadamente una frase mía: yo dije que el 15
de diciembre el PAMI se iba a normalizar y ellos interpretaron que si
no era así yo me iba a ir.
–¿Qué cambió para que aquella promesa de normalización
se incumpliera?
–Hubo una decisión del Presidente. El decidió que sigamos,
en beneficio de los jubilados, y en un sistema como éste las decisiones
del Ejecutivo no se discuten. Uno la acepta o se va. Yo comparto que todavía
quedan muchas cosas por hacer y estoy muy entusiasmado en hacerlas.
–¿Qué función va a pasar a cumplir la interventora
del Frepaso, Graciela Rosso?
–Bueno, el proyecto de decreto habla de una persona que “secundará
al interventor”. De manera que será una especie de coordinadora
de los subinterventores. Yo con ella trabajo muy bien y es seguro que
vamos a seguir haciéndolo.
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La CTA se retiró
El traspaso del PAMI al Ministerio de Salud cosechó ayer
sus primeros rechazos. La Federación Nacional de Jubilados
y Pensionados que responde a la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) decidió retirar a sus tres representantes de la obra
social. “Hemos llegado a esta determinación por toda
la política que está llevando adelante el Gobierno:
porque usa la seguridad social como variable de ajuste, por la reforma
previsional y como si fuera poco ahora anuncia que el PAMI va a
pasar a Salud”, explicó el dirigente de la Federación
Elías Moure.
Los jubilados reclamaron el fin de la intervención del PAMI
y criticaron duramente a Federico Polak. “En una reunión
el 3 de octubre él nos dijo que la obra social iba a normalizarse
el 15 de diciembre y que si no era así iba a renunciar”,
recordaron.
Los representantes de la CTA en el PAMI también plantearon
sus sospechas de que el traspaso al Ministerio de Salud sea el puntapié
inicial para que se deje de dar prestaciones sociales, como la asistencia
alimentaria a los abuelos de menos recursos, el turismo y la recreación.
“Se plantea hacer una política residual con el Instituto”,
sostuvo Moure, “porque el PAMI es una parte de él, pero
el Instituto tiene otros beneficios que no son exclusivamente de
salud y de esta forma van a liquidarlos”.
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RENUNCIAS
EN DESARROLLO SOCIAL
Más que cambios
En el Ministerio de Desarrollo
Social niegan las versiones sobre la renuncia del titular del Programa
Solidaridad, Guillermo Genta. Pero lo cierto es que el funcionario fue
desplazado de la conducción de uno de los principales programas
sociales que encaró el gobierno de Fernando de la Rúa. Voceros
del ministerio que conduce Graciela Fernández Meijide aseguraron
que sólo se trata de “un proceso de reorganización
y un reacomodamiento” en el único ministerio que está
en manos del Frepaso.
El reemplazante de Genta será Jorge Navarro, quien hasta la fecha
ocupaba el cargo adjunto en esa área. El Programa Solidaridad es
la mayor apuesta del Gobierno en el área social y pretende ampliar
la asistencia a los sectores más pobres mediante una cobertura
integral, que incluiría también la participación
de las carteras de Salud y Educación.
El destino de Genta quedó sellado en una reunión que el
funcionario mantuvo durante la última semana de diciembre con Fernández
Meijide en el despacho de la ministra. A partir de ahora pasará
a ocupar la Unidad de Coordinación y Administración Financiera.
La ministra también designó a Mario Siede como coordinador
de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), área que se
encarga de sostener las relaciones entre la cartera de Desarrollo Social
y los organismos de crédito internacional. Así Siede, que
hasta el momento era director del Area de Operaciones de la UFI, reemplazará
a Mario Rovere, promovido en diciembre último para el cargo de
secretario de Políticas Sociales.
De esta manera, Genta se transformó en la segunda baja de importancia
en el ministerio. Y todo indica que por las mismas razones: los programas
sociales. En noviembre pasado el ex director de Unicef Argentina, Eduardo
Bustelo, renunció a la Secretaría de Políticas Sociales,
tras varios meses de diferencias con Meijide. En esa oportunidad, Bustelo
elevó su renuncia al presidente De la Rúa luego de que se
volvieran irreconciliables las posiciones con la ministra. Bustelo consideraba
que Meijide estaba demasiado jugada al éxito del programa mientras
que él era partidario de darles un desarrollo parejo a todos los
planes con los que cuenta la cartera. En esa oportunidad, junto con Bustelo
renunciaron ocho técnicos, entre directores y coordinadores de
programas sociales.
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