La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, recibió ayer a la diputada del Frepaso Marcela Bordenave para tratar de evitar que esa bancada avance en su pretensión de derogar el decreto de reforma previsional. El Gobierno busca así sortear los obstáculos políticos a la modificación del régimen jubilatorio, aunque día a día suma dificultades en el plano judicial: ayer, por caso, los diputados aliancistas “rebeldes” Alfredo Bravo, Jorge Rivas, Elisa Carrió y Héctor Polino presentaron otro nuevo pedido de nulidad del decreto de necesidad y urgencia firmado por Fernando de la Rúa.
“Hemos hablado con la diputada Bordenave sobre varios puntos de la reforma previsional, como temas que hacen al funcionamiento de la Alianza y las necesidades de un diálogo permanente”, declaró Bullrich al término de la reunión que duró casi dos horas. También adelantó que “la semana que viene vamos a seguir trabajando con otros diputados del Frepaso, hemos iniciado el diálogo, pero todavía no hay definiciones” y evitó definir si el Gobierno está dispuesto a rever algún aspecto del decreto en pos de un acuerdo con los frepasistas.
Bordenave consideró como “válido” el intento dialoguista. Además, destacó que es “algo que hace mucho tiempo reclamamos todos los diputados, que es por lo menos tener la posibilidad de tener la información previa de cosas que puedan pasar en el futuro para poder aclarar o modificar cosas que nos parezcan que no están de acuerdo con lo que la gente votó”.
Los aliancistas “rebeldes”, quienes recientemente formaron un bloque propio y convocaron a la conformación de una Agrupación para una República de Iguales (ARI), mantuvieron su decisión de recurrir a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del decreto de reforma previsional. “La cuestión es de una gravedad extrema y lo que se pretende a través de este decreto es la asunción de facultades legislativas excluyendo al Parlamento y por ende a los ciudadanos que han delegado en ellos la regulación de sus derechos”, señalaron en su presentación, que apunta a frenar la aplicación de la reforma previsional hasta tanto se resuelva si el decreto de De la Rúa es o no constitucional.
Los diputados cuestionan la reducción de la Prestación Universal Básica (PBU) para aquellos jubilados que cobren menos de 800 pesos, así como su eliminación para los que perciben un haber mayor a ése, y también que se sólo se pague el total de la jubilación a las mujeres que se retiren a los 65 años. “Para obtener un beneficio completo las mujeres deben esperar cinco años más, sino pierden hasta un 15 por ciento de sus haberes”, destacaron los legisladores.
Rivas advirtió acerca del camino que eligió el Gobierno para avanzar con la reforma previsional que “hay una idea peligrosa de estos intentos de cambiar la imagen para dar al Poder Ejecutivo una mayor ejecutividad, lo cual no nos parece mal, pero es grave que se demuestre trasgrediendo el marco jurídico vigente”.
“Esperemos que la Justicia interprete nuestro pedido, que nos deje discutir como corresponde en el Congreso y los funcionarios recuerden que también ellos serán jubilados”, señaló Bravo. Además, manifestó que “no hay necesidad y urgencia” que justifique el decreto de De la Rúa que establece la reforma previsional.

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