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Por Manuel Délano
Desde Santiago
 El ex dictador Augusto Pinochet
regresó ayer desde su residencia campestre en Bucalemu, unos 150
kilómetros al suroeste de Santiago, hasta la capital, para presentarse
a primera hora de hoy al inicio de los exámenes médicos
en el Hospital Militar, los cuales podrán prolongarse hasta el
sábado si fuera necesario, en el prólogo de la declaración
indagatoria que deberá prestar ante el juez Juan Guzmán
el próximo lunes 15 y a la que su vocero anticipó que se
prestará. Entretanto, el pleno de la Corte Suprema nombró
a dos jueces especiales de las cortes de Apelaciones para investigar dos
denuncias de fosas donde están sepultados clandestinamente cuerpos
de detenidos desaparecidos en la dictadura, según los informes
que entregaron los militares y las iglesias al gobierno.
La nueva estrategia de la defensa de Pinochet de aceptar las diligencias
ordenadas por el magistrado y poner fin a su anunciado desacato judicial,
concretada en la noche del lunes, antes de que hoy se le tomara declaración
indagatoria según el calendario inicial, motivó a Guzmán
a modificar las fechas de los exámenes y el interrogatorio al ex
dictador, dándole así una segunda oportunidad para cumplir
con la Justicia, aplacando la tensión que rodeaba el caso. Los
exámenes mental y neurológico se realizarán en el
Hospital Militar, que pertenece al Ejército, y en el Hospital Clínico
de la Universidad de Chile y las pruebas de laboratorio serán analizadas
en otros dos centros médicos.
Después de constatar que la estrategia de la rebeldía judicial
ante el juez impulsada por el jefe del equipo jurídico de Pinochet,
abogado Pablo Rodríguez –quien entre 1970 y 1973, durante
el gobierno del presidente Salvador Allende, encabezó el grupo
terrorista de ultraderecha Patria y Libertad–, sólo había
logrado aislar a su cliente, al punto de que ni el Ejército estaba
en condiciones de apoyarlo en esa actitud, el entorno pinochetista hizo
un giro radical y abrupto resolviendo cooperar con Guzmán. La señal
fue fijar en Bucalemu su domicilio para el interrogatorio, a lo que se
habían negado hasta la tarde del lunes, lo que el juez correspondió
modificando las fechas de los exámenes y el interrogatorio.
Con el nuevo cronograma de las diligencias, Guzmán podrá
tener algunos resultados de las pruebas médicas, pero difícilmente
todos, antes de la declaración indagatoria. Los querellantes reaccionaron
ayer con satisfacción porque las diligencias por fin se realizarán,
pero plantearon su malestar con la ratificación de que el ex dictador
no es tratado como otros inculpados. Uno de los abogados acusadores de
Pinochet, Eduardo Contreras, reprochó ayer la “excesiva generosidad”
de la Justicia con el general, algo que no habría ocurrido con
otro inculpado y que “atenta contra la igualdad ante la ley”,
pero valoró que la defensa del ex dictador haya decidido apegarse
más al derecho. Entretanto, el Tribunal Superior dejó pendiente
para hoy su examen de la petición de remoción de Guzmán
que hizo la defensa del general.
Aunque los abogados defensores dicen que Pinochet se presentará
a los exámenes y esperan que éstos comprueben su incapacidad
de salud para enfrentar un proceso, todavía algunos de ellos insisten
en que tampoco está en condiciones de soportar un interrogatorio.
Pero Guzmán sostuvo en declaraciones al diario Le Monde que la
ley chilena es categórica y no toma en cuenta razones humanitarias.
“Para librarse de un proceso, el inculpado debe ser declarado loco
o demente”, afirmó.
Por otra parte, el pleno de magistrados de la Corte Suprema nombró
ayer a los jueces de tribunales de apelaciones Amanda Valdovinos y Héctor
Carreño para investigar, respectivamente, la veracidad de las denuncias
contenidas en los informes entregados al gobierno de una fosa en Colina,
25 kilómetros al norte de la capital, donde estarían sepultados
ilegalmente los cuerpos de 20 detenidos desaparecidos, y de otra en la
Cuesta Barriga, 65 kilómetros al oeste de Santiago, donde se encontrarían
los restos de otras seis personas. Se trata de la primera acción
del Poder Judicial para acelerar las investigaciones sobre los informes
que entregaron los militares y las iglesias al gobierno, dando cuenta
del paradero de víctimas de la dictadura.
La investigación no será una tarea fácil para los
jueces. Los datos concretos que aportan los militares son pocos, mientras
los que lograron recopilar las iglesias son muy generales. Además,
el secreto de la fuente que proporcionó la información está
protegido por ley. En la dictadura, en no pocos casos, restos de detenidos
desaparecidos que estaban sepultados clandestinamente fueron removidos
desde esos lugares por unidades de las fuerzas armadas, para evitar el
riesgo de que fueran ubicados.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
LAS
FARC LIBERARIAN A 150 SOLDADOS
Fantasma de la libertad
Un fantasma recorre Colombia:
el de la libertad de hasta 150 secuestrados desde 1997. Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas, primera guerrilla del país)
anunciaron que liberarían en febrero hasta esa cifra de policías
y soldados, de 450 que siguen capturados. Esta decisión unilateral
podría revivir la moribunda negociación de paz con el gobierno,
que atraviesa una de sus peores crisis desde que comenzó en 1999,
según analistas que temen una ruptura definitiva del proceso.
La crisis ocurre mientras Washington se dispone a efectivizar su ayuda
al Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana, dirigido según
éste a combatir el narcotráfico en las selvas del sur del
país y al que Estados Unidos aportará 1300 millones de dólares.
Las FARC tienen el control de una región de 42.000 kilómetros
cuadrados y liberarían a sus prisioneros, según analistas,
para que el gobierno prorrogue la desmilitarización de la zona
cuando venza su actual condición el 31 de enero. Esa guerrilla,
con unos 17.000 combatientes y acusada por Bogotá y Washington
de financiarse con recursos del narcotráfico, suspendió
en noviembre las negociaciones para presionar al gobierno a combatir a
los grupos paramilitares de ultraderecha, sus enemigos jurados en medio
del conflicto. La crisis del proceso se agravó en diciembre con
el asesinato del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara
de Representantes, Diego Turbay, su madre y cinco personas. Las FARC no
confirmaron el anuncio de la liberación.
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