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Estuvo casi tres años y medio en la cárcel, acusado de enriquecimiento
ilícito, asociación ilícita y estafas reiteradas.
Después de pasar varios meses juntando los 500 mil pesos –entre
propiedades y dinero de cuentas bancarias– que necesitaba para la
fianza, el ex presidente del Concejo Deliberante porteño José
Manuel Pico finalmente pagó y quedó ayer a la tarde en libertad.
En realidad, el beneficio de la excarcelación le fue concedido
el año pasado pero no salió inmediatamente porque, según
su abogado Mariano Cúneo Libarona, no tenía un peso. Ese
argumento sintonizaba con los que usó en el juicio oral por el
aumento de su riqueza en el que hizo alarde de su supuesta austeridad
y esfuerzos de ahorro.
El 15 de octubre de 1999 Pico había sido condenado a cinco años
de prisión por el Tribunal Oral 29 (integrado por Eduardo Luis
Duhalde, María Deluca Giacobini y Juan Carlos Cardinali), que entendió
que su fortuna no era fruto de sus esfuerzos laborales sino que tenía
origen espurio. También le impuso una multa de 90 mil pesos y diez
años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En cambio su pareja, Karina Uroda, terminó absuelta. El ex edil
había reconocido ser propietario de 18 inmuebles y tener medio
millón de pesos en préstamos hipotecarios. Según
el fiscal Mario Montoya, su patrimonio superaba los 2 millones y medio
de pesos. Los jueces señalaron que “alcanza con la enumeración
de sus bienes para advertir el vertiginoso crecimiento patrimonial”.
Pico ya llevaba 26 meses en la cárcel de Villa Devoto para aquel
entonces. Había sido detenido por otro expediente, como sospechoso
de integrar una asociación ilícita, junto a otros 26 socios,
que estafó a 537 personas con la venta de viviendas. Pero por este
tema nunca llegó a desarrollarse el juicio oral.
En el caso de enriquecimiento ilícito, se le concedió la
libertad condicional porque ya había cumplido dos tercios de su
sentencia (teniendo en cuenta que según la llamada ley del “dos
por uno” a partir de los dos años de prisión cada nuevo
día de detención se computa doble). En el proceso por asociación
ilícita, a fines de agosto del año pasado los jueces del
Tribunal Oral 24 (Oscar Garzón Funes, Raúl Llanos y Ricardo
Rongo) también le otorgaron el beneficio de excarcelación
bajo una caución de medio millón de pesos. En el fallo los
magistrados reconocieron que no estaban en condiciones de iniciar el juicio
oral y que tampoco podían prever una fecha cierta para su comienzo.
Por ende, sostuvieron, su encierro “carecería de razonabilidad
por su indeterminación”.
Aunque en un principio Cúneo Libarona anunció que su defendido
saldría de Devoto enseguida, después dijo: “No tiene
un peso”. De hecho, Pico recién pudo pagar ahora.
Pero no todo para el ex titular del Concejo Deliberante será de
color rosa. Todavía le espera otro juicio oral en Corrientes por
una causa en la que fue procesado (aunque sin prisión preventiva)
por haber utilizado un documento falso para fugarse a Brasil, en julio
de 1997, cuando cruzó por el paso fronterizo de Paso de los Libres
escapando de la Justicia, que había ordenado su detención.
MENEM
CONTRA ANTICORRUPCION
Una oficina “represora”
El ex presidente Carlos Menem
aseguró ayer que la Oficina Anticorrupción (OA), que impulsó
numerosas denuncias que involucran a ex funcionarios de su gestión,
es “represora” e “inconstitucional”. Por eso presentó
ante la Justicia, a través de su socio en el bufete de abogado,
Carlos Baldi, una querella contra los miembros del organismo que depende
del Ministerio de Justicia por “violación del secreto de la
información judicial”.
El ex mandatario acusó a los investigadores de la OA de hacer “falsas
denuncias” contra quienes formaron parte de sus diez años
de gobierno, en lo que interpretó como una velada defensa de su
ex colaboradora, la ahora procesada María Julia Alsogaray. Dijo
que la repartición –que si bien conduce José Massoni
también está bajo la órbita del hermano del presidente,
el ministro Jorge de la Rúa– “es la desnaturalización
del Poder Judicial, y los mismos jueces tienen que hacer su propia defensa
ante el avance de esta comisión que, como lo digo en mi querella,
evidentemente es inconstitucional y no cumple una función que coadyuve
a investigar como corresponde”.
Manuel Garrido, director de Investigaciones de la OA, respondió
ayer por la tarde las declaraciones del presidente del PJ: “Más
allá de lo que se va a debatir en la Justicia, es terrible que
bastardee la causa por los derechos humanos, usando la palabra `represora’,
nosotros no perseguimos ideas sino delitos”, señaló
el funcionario.
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