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Silvina Labayru fue secuestrada el 29 de diciembre de 1976. Cuatro meses
después dio a luz una niña en la Escuela de Mecánica
de la Armada. A diferencia de la mayoría de las detenidas en sus
mismas condiciones, Labayru pudo salir de la ESMA y del país con
su hija. La defensa del ex dictador Emilio Eduardo Massera pretende utilizar
este caso como refutación de la existencia del plan sistemático
para apropiarse de hijos de desaparecidos. El juez federal Adolfo Bagnasco
solicitó a su par español Baltasar Garzón que le
tome testimonio a la mujer.
Bagnasco cursó ayer un oficio a Garzón en el que acompañó
el cuestionario que desea que responda Labayru. Funcionarios judiciales
aseguraron que la medida fue tomada a pedido de los fiscales Eduardo Freiler
y Federico Delgado, luego de que la mujer, radicada en España,
expresara su voluntad de declarar en la causa. La sobreviviente de la
ESMA habría tomado esta decisión luego de enterarse que
su nombre fue utilizado por la defensa de Massera.
El abogado del Almirante Cero, Miguel Angel Arce Aggeo, mencionó
el caso Labayru en su apelación al procesamiento y lo puso como
ejemplo para argumentar que el plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos
no era sistemático o, como dijo a este diario, “por lo menos
en lo que respecta al conocimiento del Comandante en Jefe”. Para
el mismo fin, la defensa del ex dictador también trató de
tergiversar la historia de Emiliano Hueravilo, recuperado por su familia
en la Casa Cuna después de haber nacido en la ESMA.
Labayru fue secuestrada el 29 de diciembre de 1976 en la esquina de Azcuénaga
y Juncal. Tenía 20 años y estaba embarazada. Según
la investigación del periodista Uki Goñi Judas, la verdadera
historia, El Angel Rubio se enamoró de la mujer, pero no fue correspondido.
El 26 de mayo de 1977 el ex marino se presentó junto con la mujer
en el Registro Civil para anotar a la criatura que había nacido
en la ESMA a fines de abril de ese mismo año. Astiz tenía
documentos elaborados en el sótano del centro clandestino a nombre
de Alberto Lennie, el verdadero padre de la niña que estaba refugiado
en Brasil. En los papeles que la pareja presentó en el Registro
Civil figuraba que la beba había nacido el 18 de mayo de 1977 en
el domicilio de sus abuelos maternos.
En junio de 1978 Labayru partió con su hija rumbo a Madrid. Pero
antes, en diciembre de 1977, acompañó a Astiz en su infiltración
en el grupo de familiares de desaparecidos que se reunían en la
Iglesia de la Santa Cruz. Como consecuencia de ese operativo fueron secuestradas
las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la fundadora de las
Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor. La misma Labayru lo aseguró
en el testimonio que dio a la Conadep en 1984. La mujer también
declaró en la causa por genocidio y terrorismo que instruye Garzón.
Aunque ya hubo pedidos de intercambio de documentación entre Garzón
y Bagnasco, ésta es la primera vez que el juez argentino le pide
al español que tome un testimonio para su causa. En 1998 ambos
magistrados protagonizaron una pequeña disputa. Bagnasco viajó
a Madrid para tomar declaraciones para su causa pero hizo su trabajo en
la embajada porque no cumplió con los trámites formales
para realizar las diligencias en España. El juez que investiga
el robo de bebés durante la última dictadura se molestó
porque Garzón no había respondido un pedido de colaboración
que, en realidad, el magistrado español nunca había recibido.
El papel proveniente de Buenos Aires había sido interceptado por
la fiscalía de la Audiencia Nacional, que desde el comienzo se
opuso a la labor de Garzón.
MEXICO
DECIDE EL FUTURO DE CAVALLO
Una resolución histórica
“Va a ser una resolución
histórica”, dijo a este diario el juez mexicano Jesús
Guadalupe Luna Altamirano, quien mañana a las cuatro de la tarde
(una de México) anunciará su decisión sobre el pedido
de extradición a España del represor argentino Ricardo Miguel
Cavallo.
El escrito que está preparando el juez ya tiene más de 700
páginas. Las señales indican que el resultado será
positivo. Un rumor que circuló en los tribunales mexicanos sugiere
que Luna Altamirano podría opinar que el represor argentino debería
ser juzgado en México en vez de ser trasladado a España.
De cualquier manera, la palabra final la tendrá la Secretaría
de Relaciones Exteriores, que en 20 días deberá definir
su posición. Pero si los abogados de Cavallo inician una acción
de amparo, todo podría demorarse un año más.
Ayer una docena de organizaciones de derechos humanos de Argentina, España
y México presentaron una carta al secretario de Relaciones Exteriores,
Jorge Castañeda. Allí expresaron que “independientemente
de la resolución del juez compete al Poder Ejecutivo asegurar que
el Estado mexicano cumpla con las diversas obligaciones que ha contraído
a nivel internacional”. “Por razones de la más estricta
justicia, por la enorme importancia de crear un primer precedente histórico
que permita abrir cauce al ejercicio de la jurisdicción universal
para el respeto de los derechos humanos, tenemos confianza en que el nuevo
gobierno cumplirá con los compromisos asumidos por la nación
de respetar y fomentar los derechos humanos”, dice la carta.
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OPINION
Por Pedro J. Kesselman*
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Otro político es posible
La breve crónica periodística da cuenta de la muerte
del concejal frepasista pampeano de la localidad de La Humada, Ramón
Morales. Víctima de graves quemaduras, dio su vida por concebir
la función representativa sobre la base de principios que
fueron razón de ser inicial de la fuerza política
que integraba: estar junto al pueblo, asumiendo cabalmente y hasta
las últimas consecuencias su rol representativo.
El fuego que amenazaba a la localidad en la que ejerció su
cargo lo llevó a participar en una brigada que con escasos
medios enfrentó el peligro. Seguramente, pudo optar por sentarse
a la mesa pueblerina del bar más cercano a su domicilio y
desde allí, conforme al moderno sentido del ejercicio político
tomado como profesión, hacer declaraciones sobre los incendios
y los modos de apagarlo. Optó por entender la política
como servicio, y la representación popular como una responsabilidad
que le imponía participar activamente, dando el ejemplo,
en la lucha para resolver los padecimientos de su pueblo.
Valga su inmolación como ejemplo para tantos que olvidando
estos principios éticos elementales han optado por apartarse
de las necesidades y dolores populares, dejando de lado a quienes,
en algún momento, los eligieron para acompañarlos
en los cambios necesarios que eviten y apaguen el fuego neoliberal
en que se consume nuestra sociedad. Esos políticos, a diferencia
de Morales y otros que como él mantuvieron los principios
fundacionales de la fuerza que integran, prefirieron abandonar los
mismos para danzar al son de la música de los poderosos en
la hoguera de sus vanidades.
Por cierto, no es inexorable que la muerte sea la única consecuencia
de ser fiel al ejercicio político signado por la coherencia.
Pero el ejemplo de Morales nos obliga a pensar que existe otro modo
de ser político: el de estar codo a codo con su pueblo (con
la gente, al decir de algunos), con menos discursos vacíos
y contradictorios, y más actitudes concretas que demuestren
fidelidad al mandato recibido y a las banderas que alguna vez se
levantaron, por cierto no para esconderlas luego en el desván
de la defraudación.
* Convencional nacional constituyente (m.c.). Abogado laboralista.
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