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Por Carlos Rodríguez
 Con llamativa tibieza, sin
dar signos de alerta, el Gobierno reaccionó frente a una decisión
de la Justicia que le ordenó prohibir el ingreso a la zona de exclusión
económica de 200 millas del barco británico “Pacific
Swan”, que transporta por el Atlántico Sur 80 toneladas de
material radiactivo. Ante el fallo de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal pidiendo la intervención de los “órganos
competentes” para “prevenir contingencias que tengan aptitud
de producir un daño ecológico irreversible en el hábitat
de nuestro mar territorial y zona económica exclusiva”, el
vocero presidencial Ricardo Ostuni se limitó a decir que el Ministerio
de Defensa “está analizando” la forma de cumplir la medida
“sin contradecir acuerdos internacionales”. Mientras distintas
fuentes confirmaron que el barco navega dentro de las 200 millas, los
partes oficiales aseguraron lo contrario. Un inesperado percance (ver
aparte) frustró la acción de Greenpeace que iba a ser la
única protesta activa contra la presencia del “Pacific Swan”.
Un cable de la agencia DyN fechado en Ushuaia consignó que el jefe
del Area Naval Austral, contraalmirante Alejandro Kenny, admitió
que el barco extranjero había sido detectado el martes, a la altura
de Rawson, Chubut, navegando “en la milla 190”. En igual sentido
se manifestó el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante
Carlos Carbone, según informó a Página/12 el fiscal
general de la Cámara Federal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón.
“Si bien las aguas territoriales argentinas son las que están
dentro de las 12 millas, nuestra presentación apuntó a pedir
medidas preventivas concretas para preservar los recursos naturales y
el medio marino dentro de las 200 millas”, sostuvo Cañón
en diálogo con este diario y en coincidencia con lo resuelto, en
otro recurso judicial, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo
de la Capital Federal.
Consultado por este diario sobre las declaraciones que se le atribuyeron,
Kenny estimó que habían sido “sacadas de contexto”
y se limitó a decir que el “Pacific Swan” viene “como
jugando sobre el límite” mismo de las 200 millas. Concretamente
ni confirmó ni desmintió la afirmación puesta en
boca suya. Sin embargo, fue taxativa la confirmación en un escrito
firmado por Cañón, donde se dice textualmente: “Ha
quedado documentado que el buque ‘Pacific Swan’, a las 17.35
del día de ayer (por el martes), fue localizado por la Armada Argentina
en posición Latitud 43 grados 41’ Sur y Longitud 59 grados
49’ Oeste, a 22 millas dentro de la Zona Económica Exclusiva,
con rumbo general sur y velocidad de 12 nudos”, según lo informado
a Cañón por el vicealmirante Carbone.
La Cancillería insistió en que la nave fue avistada “en
los límites de la zona económica exclusiva” y desde
ese momento “se está monitoreando y controlando su navegación”.
Como respuesta a las críticas formuladas por Greenpeace y por la
Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que en
acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar), el “Pacific Swan” tiene “el derecho
de efectuar la navegación programada por la ruta elegida atravesando
aguas internacionales y aún pasando por la Zona Económica
Exclusiva argentina”.
La sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo,
integrada por Roberto Mordeglia, Luis Otero y Carlos Grecco, en ningún
momento cuestionó ese derecho internacional, pero reclamó
la intervención preventiva de los “órganos competentes”,
entre ellos la Cancillería y los ministerios del Interior y de
Defensa, para actuar preventivamente. “No se trata aquí de
que el tribunal pase a constituirse en autoridad de aplicación
de frontera” sino de “lograr mediante el mandato judicial el
amparo inmediato del bien protegido”, dijeron los jueces.
La resolución –que coincide en general con la postura planteada,
en otro recurso, por el fiscal Cañón– respondió
a un pedido de amparo interpuesto por el defensor del Pueblo, Eduardo
Mondino, y modificó la postura inicial de la jueza de primera instancia
María Cristina Carrión. Por toda respuesta, el vocero Ricardo
Ostuni hizo saber que el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy,
“está analizando” el contenido del fallo judicial y consideró
que el Gobierno “lo acatará si no se contradicen los acuerdos
internacionales” en la materia”.
Los cuestionamientos al Gobierno tuvieron como objeto requerirle “una
actitud activa y preventiva, para evitar que ocurra un problema que podría
ser irremediable y no para actuar recién cuando se haya producido
el desastre”, explicó el fiscal Cañón. Los reclamos
se basaron todos en el artículo 41 de la Constitución nacional,
que prohíbe el ingreso de residuos radiactivos al territorio argentino.
LA
MISION ECOLOGISTA, FRENADA POR PRESION CHILENA
Greenpeace no pudo zarpar
Por Horacio Cecchi
Desde Ushuauaia
Un remolcador diminuto, cinco
audaces de Greenpeace, tres periodistas dementes entre los que se cuenta
el enviado de Página/12 concentraron ayer las miradas de todo el
planeta desde la ciudad más austral del mundo. La empresa en cuestión
no era sencilla: internarse en las peligrosas aguas del Cabo de Hornos,
para denunciar, entorpecer y poner en evidencia el paso del gigante “Pacific
Swan”, cargado de 80 toneladas de desechos nucleares a través
del mentado cabo y en aguas jurisdiccionales argentinas. La partida fue
postergada y luego abortada con la intervención del mismo gobierno
chileno, que sospechosamente recomendó que el cascarón de
nuez no zarpara.
La partida había sido anunciada por Juan Carlos Villalonga, coordinador
de la Campaña Energía de la organización ecologista,
al mediodía de ayer, en un reducido espacio montado en el remolcador
para una conferencia de prensa. “El secreto en el que pretenden desarrollar
el recorrido del ‘Pacific Swan’ es una falta de respeto a los
países de la región”, denunció Villalonga. “Si
se permite el paso de este buque, lo seguirán otros cientos. Los
últimos tres transportes se realizaron por el Canal de Panamá,
pero los países centroamericanos se negaron a habilitar el ‘Pacific
Swan’ y decidieron tomar la ruta del Cabo de Hornos. Si los gobiernos
de Argentina y Chile no se ponen duros, ésta se va a transformar
en la ruta habitual de estos Chernobyles flotantes.”
Terminada la conferencia, la actividad del cronista de Página/12
–el único medio gráfico que participaría en
la persecución– se concentró en reunir la mayor cantidad
de comprimidos de Dramamine –una suerte de cura mágica contra
los mareos–. La preocupación no era vana. “Las olas más
bajas tienen 7 metros de altura”, describió el simpático
cocinero de a bordo, Demecio, de 61 años y 22 de navegación.
Aclaración: el remolcador charteado por Greenpeace apenas tiene
9 metros de altura, desde el punto más bajo de su quilla hasta
el punto más alto de su mástil. No fue suficiente que el
capitán, hosco y silencioso como un lobo de mar, invitara a la
tranquilidad con sus 44 años de experiencia. Las olas de la imaginación
se hacían demasiado grandes.
Las especulaciones sobre cómo se desarrollaría la estrategia
de Greenpeace tampoco alentaban demasiado: se decía que el remolcador
se arrimaría al gigante “Swan” o que se enviaría
un gomón para interceptarlo y hacerle fotos. Nada de esto ocurrió.
Ni siquiera fue necesaria la pastilla mágica. La anunciada partida
para las cuatro de la tarde se postergó hasta las 21 y después
una sugerencia del gobierno chileno a la empresa dueña del barco
–también de origen chilena– terminaría por abortarla.
A última hora de anoche, la decisión final aún no
había sido tomada. Mientras Greenpeace intentaba torcer el brazo
de la empresa y sondeaba otras soluciones, este cronista continuaba reuniendo
Dramamine.
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