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Por Carlos Noriega
Desde
Lima
 La avalancha de ambiciones
políticas y sueños presidencialistas terminó en nada
menos que 17 candidaturas a la presidencia del Perú. Un record
histórico. Pero si los candidatos son muchos, los protagonistas
del proceso electoral pueden ser pocos. Una sorpresa de último
momento ha alterado el escenario. Pocos minutos antes que se cierre la
inscripción de los candidatos presidenciales, los dirigentes de
la socialdemócrata Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)
registraron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la postulación
de su líder, el ex presidente Alan García (1985-90), asilado
en Colombia desde 1992 y denunciado en el Perú por enriquecimiento
ilícito.
García podría sacarle provecho a un discurso alternativo
al continuismo económico neoliberal que, palabras más palabras
menos, repiten los otros candidatos. Hiperinflación, un creciente
terrorismo y graves denuncias de corrupción marcaron la gestión
de García, quien llegó a la presidencia a los 35 años.
Sobre la hiperinflación, García se defiende señalando
que fue producto de “errores de juventud por querer hacer muchas
cosas”, y para responder a los juicios de corrupción regresará
al Perú con un video bajo el brazo en el cual el empresario Alfredo
Zanatti, quien lo acusara de estar involucrado en negocios ilícitos,
se arrepiente de lo que antes dijo y asegura que acusó a García
bajo las amenazas del gobierno de Fujimori. Hasta los más duros
enemigos de García le reconocen una gran capacidad como orador
y un talento poco común para encender y convencer a las masas.
Las últimas encuestas ubican a Alejandro Toledo como amplio favorito
para ganar. El líder de Perú Posible alcanza un 34 por ciento
de apoyo, mientras que en un lejano segundo lugar se ubica la candidata
de la derechista Unidad Nacional, Lourdes Flores, con un 12 por ciento.
Más retrasados vienen el economista Hernando de Soto, con 7 por
ciento y el congresista Fernando Olivera, con 6 por ciento. El ex ministro
de Economía, Carlos Boloña, quien encabeza lo que queda
del devastado fujimorismo, no llega al 4 por ciento de apoyo. Cifra similar
respalda la candidatura del ex defensor del pueblo, Jorge Santistevan.
Y el ex candidato presidencial Luis Castañeda apenas alcanza el
3 por ciento. Más atrás corre el pelotón de desconocidos.
En el terreno de las plazas, el único que parece capaz de hacerle
competencia a García es Alejandro Toledo, curtido en la manifestación
callejera durante los meses de resistencia al fujimorismo y con una demostrada
capacidad para comunicarse con los sectores populares. Si el verbo encendido
de García logra hacer despegar su candidatura, el proceso electoral
podría polarizarse entre el ex presidente y Toledo. De pasar ambos
a una eventual segunda vuelta, todas las apuestas ante un posible debate
entre ambos corren en favor de García. Pero esas mismas apuestas
indican que el antialanismo, todavía muy fuerte, aglutinaría
el voto del resto de candidatos en torno a Toledo. Así, si hace
un año Toledo se vio favorecido por el voto antifujimorista, esta
vez podría serlo por el sentimiento antialanista.
Toledo, por su parte, se ha autodefinido como un partidario de la Tercera
Vía y en la práctica defiende lo fundamental del modelo
neoliberal, agregándole una dosis de política social para
hacerlo más digerible. En el extremo derecho del panorama político
se ubica la candidata de Unidad Nacional, Lourdes Flores, dirigente del
socialcristiano Partido Popular Cristiano, la agrupación tradicional
de los empresarios, que para estas elecciones se ha aliado con el ultraconservador
Movimiento Avancemos, ligado al Opus Dei. Lascandidaturas del congresista
Fernando Olivera, quien espera cosechar votos como premio por haber sido
quien reveló el video en el que Montesinos aparece sobornando al
parlamentario Alberto Kouri, y del ex defensor del pueblo, Jorge Santistevan,
se diferencian muy poco de las propuestas de Flores. Los tres estuvieron
negociando por largo tiempo una alianza, pero al final pesó más
la ambición de cada uno de ellos y el acuerdo fue imposible.
El economista Hernando de Soto pretende presentar la propuesta más
orgánica en defensa del neoliberalismo. Exhibe como su mejor capital
el prestigio ganado internacionalmente como economista. De Soto es reconocido
en los medios intelectuales, pero su figura está alejada de los
sectores populares. Algo que tendrá que revertir rápidamente
si pretende algún éxito. Y aunque el fujimorismo está
en desbande, uno de sus representantes ha decidido tentar el retorno al
poder. Se trata del ex ministro de Economía, Carlos Boloña,
quien impuso de manera radical la política neoliberal a comienzos
de los ‘90.
EL
EJERCITO MEXICANO CERRO UNA BASE EN CHIAPAS
Corre la cuenta regresiva del Sub
Para el presidente mexicano,
Vicente Fox, ya se ha dado un gran paso; para el Subcomandante Marcos
importan sobre todo los que faltan dar. Ante diplomáticos extranjeros
acreditados en México y con la presencia del canciller Jorge Castañeda,
ayer fue cerrada una base militar en Chiapas. Localizada en el municipio
de Ocosingo, Cuxuljá es la tercera base militar cerrada de las
siete que el gobierno de Fox deberá retirar. Si es que quiere cumplir
las condiciones de los zapatistas para el reinicio del diálogo
de paz, suspendido desde 1996.
“El Estado y la sociedad mexicanos tenemos una deuda histórica
con los pueblos indígenas, por ello el presidente Fox ha hecho
suyo el compromiso de construir puentes para una nueva relación
con todos ustedes”, dijo el comisionado para la Paz del gobierno
de México, Luis Alvarez Alvarez, dirigiéndose a cientos
de indígenas prozapatistas presentes en el acto. Los zapatistas
le gritaban consignas exigiendo el retiro de otras cuatro bases que aún
quedan en la zona de conflicto.
Las comunidades indígenas exigieron a Alvarez “la reparación
del daño que se ha causado”. Un agrupamiento de 120 soldados
salió de la base militar con sus mochilas y equipo militar, mientras
que los zapatistas les gritaban “¡Chiapas no es cuartel, fuera
ejército de él!”.
El liderazgo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) exige el desmantelamiento de siete cuarteles (faltan cuatro) en
Chiapas, la liberación de todos los presos zapatistas y la aprobación
por el Congreso de una ley sobre derechos y cultura indígenas,
que dejó en suspenso el anterior gobierno.
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