Fue el primer día del resto de su proceso. Ayer el ex dictador
Augusto Pinochet finalmente comenzó a realizarse los exámenes
que ordenó el juez chileno Juan Guzmán como preludio a su
interrogatorio y procesamiento formal. Los exámenes tienen lugar
en el Hospital Militar y otras clínicas, y durarán hasta
el sábado. Pinochet había decidido ignorar el consejo de
su defensa, de que no se presentara, luego de que el ejército y
sus aliados políticos le advirtieran que se quedaría aislado.
Resolvió así postergar el desafío hasta el lunes,
cuando Guzmán aseguró que le realizará el interrogatorio
esté o no el resultado de los exámenes. Pero la Corte Suprema
barrió ayer una de las bases de la estrategia pinochetista cuando
votó abrumadoramente en contra de la impugnación a Guzmán
por parcialidad que pidió la defensa. Eso no impidió
que el jefe de la defensa, Pablo Rodríguez Grez, asegurara que
el lunes podría llegar a pedir la postergación de
la indagatoria si se esperaba los resultados. Las bravatas de Rodríguez
no lograban ocultar que su estrategia judicial había sufrido una
fuerte derrota cuando a las 7 de la mañana Pinochet ascendió
lentamente las escalinatas del Hospital Militar en Santiago. De las promesas
de desafío e impugnación de la semana pasada se pasó
a un dócil acatamiento de las disposiciones del juez Guzmán.
El examen de ayer consistió esencialmente en extraer muestras de
sangre y orina, que luego fueron llevados a otra clínica (posiblemente
la de la Universidad de Chile) para ser examinadas. El momento clave se
desplaza así hacia adelante, hasta que se realicen los exámenes
neurológicos y psicológicos que, espera la defensa, probarán
que el ex dictador no está en condiciones de someterse a juicio.
Según el doctor Archibaldo Donoso, de la Universidad de Chile,
esos chequeos se centrarán en su capacidad de memoria, de
razonamiento, de resolver problemas. Todo esto se examinaría
utilizando medios bastante simples, con lápiz y papel: pruebas
de aprendizaje de palabras, mostrarle escenas para que las interprete.
De todos modos, Guzmán aclaró ayer que la justicia chilena
no permitía eximir a alguien por razones humanitarias
como las que salvaron a Pinochet en Gran Bretaña. Para escapar
un proceso, el inculpado debe ser declarado loco o demente, subrayó.
A la defensa de Pinochet no le agrada que se destaque ese detalle. Tanto
es así que el Rodríguez Grez se quejó ayer de que
las declaraciones de Guzmán son extremadamente graves porque
constituyen un prejuzgamiento: el ministro no puede anticiparse a una
garantía de carácter constitucional por medio de la prensa.
Para que no queden dudas, Rodríguez subrayó que es
una irregularidad más que nos hace temer que el ministro Guzmán
no está cumpliendo su función como corresponde. Pero
ayer quedó demostrado que estas imputaciones solapadas de imparcialidad
no cuentan con demasiados adherentes. Al menos, no en el lugar donde importa:
la Corte Suprema de Justicia. La defensa, dentro de su estrategia de impedir
a toda costa la realización del interrogatorio a su cliente, había
presentado la semana pasada una queja disciplinaria ante el tribunal para
reemplazar a Guzmán con algún juez verdaderamente imparcial.
La maniobra se redondeaba con un pedido de no innovar para detener todo
el proceso en tanto que se decidía el alejamiento de Guzmán.
La Corte Suprema, sin embargo, rechazó ayer por 13-3 dar lugar
al planteo de la defensa, que pierde así su principal esperanza
de eliminar de juego a Guzmán.
Ayer el juez no se mostraba muy aliviado por su confirmación. De
hecho, cada día parece más agobiado a medida que profundiza
el proceso contra Pinochet. Ante un periodista del diario Le Monde se
desahogó de que en los últimos seis meses he recibido
dos amenazas debido, supongo, a que he avanzado en mi investigación;
también hubo presiones de diversos sectores, incluidos miembros
del gobierno. Guzmán justificó el hacer públicas
estas presiones afirmando que no pueden más que perjudicar
a una justicia verdaderamente democrática, y por eso deben cesar.
Claves
Ayer el ex dictador
Augusto Pinochet comenzó los exámenes médicos
que ordenó el juez Juan Guzmán para posibilitar su
interrogatorio el lunes y, luego, su procesamiento formal. Estos
chequeos finalizarán el sábado.
Su defensa se mantendrá
pasiva hasta la semana que viene, cuando exigirán que Guzmán
no interrogue a Pinochet antes que estén los resultados del
chequeo. Trascendió que si éstos no favorecen detener
el juicio, la defensa recomendará a su cliente que no se
presente al interrogatorio.
Pero la mayor esperanza
pinochetista fue barrida ayer cuando la Corte Suprema rechazó
abrumadoramente el pedido de alejar a Guzmán del caso por
parcialidad.
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SAN
PABLO INDEMNIZARA A VICTIMAS
Un reclamo de 15 años
Habitado por 35 millones de
personas, Sao Paulo es el estado más industrializado de Brasil.
Su gobierno anunció ayer que indemnizará a los presos políticos
del régimen militar. El gobierno estadual indemnizará a
las personas que fueron detenidas bajo la acusación de participar
en actividades políticas entre 1964 y 1979, las cuales estuvieron
bajo la custodia de organismos de ese estado y sufrieron torturas que
resultaron en secuelas físicas o psicológicas, o en la muerte.
Las indemnizaciones se cifraron entre 3.900 y 39.000 reales (entre 2.000
y 20.000 dólares al cambio actual), informó la gobernación,
que no adelantó estimativas sobre el número de personas
que podrían acogerse a la medida. El régimen militar brasileño
se extendió entre 1964 y 1985. Las violaciones a los derechos humanos
fueron investigadas en 2000 por una Comisión del Congreso.
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