Fue el primer día del resto de su proceso. Ayer el ex dictador Augusto Pinochet finalmente comenzó a realizarse los exámenes que ordenó el juez chileno Juan Guzmán como preludio a su interrogatorio y procesamiento formal. Los exámenes tienen lugar en el Hospital Militar y otras clínicas, y durarán hasta el sábado. Pinochet había decidido ignorar el consejo de su defensa, de que no se presentara, luego de que el ejército y sus aliados políticos le advirtieran que se quedaría aislado. Resolvió así postergar el desafío hasta el lunes, cuando Guzmán aseguró que le realizará el interrogatorio esté o no el resultado de los exámenes. Pero la Corte Suprema barrió ayer una de las bases de la estrategia pinochetista cuando votó abrumadoramente en contra de la impugnación a Guzmán por “parcialidad” que pidió la defensa. Eso no impidió que el jefe de la defensa, Pablo Rodríguez Grez, asegurara que el lunes podría llegar a “pedir la postergación de la indagatoria” si se esperaba los resultados. Las bravatas de Rodríguez no lograban ocultar que su estrategia judicial había sufrido una fuerte derrota cuando a las 7 de la mañana Pinochet ascendió lentamente las escalinatas del Hospital Militar en Santiago. De las promesas de desafío e impugnación de la semana pasada se pasó a un dócil acatamiento de las disposiciones del juez Guzmán. El examen de ayer consistió esencialmente en extraer muestras de sangre y orina, que luego fueron llevados a otra clínica (posiblemente la de la Universidad de Chile) para ser examinadas. El momento clave se desplaza así hacia adelante, hasta que se realicen los exámenes neurológicos y psicológicos que, espera la defensa, probarán que el ex dictador no está en condiciones de someterse a juicio. Según el doctor Archibaldo Donoso, de la Universidad de Chile, esos chequeos se centrarán en “su capacidad de memoria, de razonamiento, de resolver problemas”. Todo esto se examinaría utilizando medios bastante simples, “con lápiz y papel: pruebas de aprendizaje de palabras, mostrarle escenas para que las interprete”. De todos modos, Guzmán aclaró ayer que la justicia chilena no permitía eximir a alguien por “razones humanitarias” como las que salvaron a Pinochet en Gran Bretaña. “Para escapar un proceso, el inculpado debe ser declarado loco o demente”, subrayó.
A la defensa de Pinochet no le agrada que se destaque ese detalle. Tanto es así que el Rodríguez Grez se quejó ayer de que las declaraciones de Guzmán “son extremadamente graves porque constituyen un prejuzgamiento: el ministro no puede anticiparse a una garantía de carácter constitucional por medio de la prensa”. Para que no queden dudas, Rodríguez subrayó que “es una irregularidad más que nos hace temer que el ministro Guzmán no está cumpliendo su función como corresponde”. Pero ayer quedó demostrado que estas imputaciones solapadas de imparcialidad no cuentan con demasiados adherentes. Al menos, no en el lugar donde importa: la Corte Suprema de Justicia. La defensa, dentro de su estrategia de impedir a toda costa la realización del interrogatorio a su cliente, había presentado la semana pasada una queja disciplinaria ante el tribunal para reemplazar a Guzmán con algún juez verdaderamente “imparcial”. La maniobra se redondeaba con un pedido de no innovar para detener todo el proceso en tanto que se decidía el alejamiento de Guzmán. La Corte Suprema, sin embargo, rechazó ayer por 13-3 dar lugar al planteo de la defensa, que pierde así su principal esperanza de eliminar de juego a Guzmán.
Ayer el juez no se mostraba muy aliviado por su confirmación. De hecho, cada día parece más agobiado a medida que profundiza el proceso contra Pinochet. Ante un periodista del diario Le Monde se desahogó de que “en los últimos seis meses he recibido dos amenazas debido, supongo, a que he avanzado en mi investigación; también hubo presiones de diversos sectores, incluidos miembros del gobierno”. Guzmán justificó el hacer públicas estas presiones afirmando que “no pueden más que perjudicar a una justicia verdaderamente democrática, y por eso deben cesar”.

SAN PABLO INDEMNIZARA A VICTIMAS
Un reclamo de 15 años

Habitado por 35 millones de personas, Sao Paulo es el estado más industrializado de Brasil. Su gobierno anunció ayer que indemnizará a los presos políticos del régimen militar. El gobierno estadual indemnizará a las personas que fueron detenidas bajo la acusación de participar en actividades políticas entre 1964 y 1979, las cuales estuvieron bajo la custodia de organismos de ese estado y sufrieron torturas que resultaron en secuelas físicas o psicológicas, o en la muerte. Las indemnizaciones se cifraron entre 3.900 y 39.000 reales (entre 2.000 y 20.000 dólares al cambio actual), informó la gobernación, que no adelantó estimativas sobre el número de personas que podrían acogerse a la medida. El régimen militar brasileño se extendió entre 1964 y 1985. Las violaciones a los derechos humanos fueron investigadas en 2000 por una Comisión del Congreso.

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