Por Manuel Délano*
Desde Santiago

El ex dictador Augusto Pinochet se sometió ayer, en la segunda jornada de exámenes en el Hospital Militar, a pruebas y entrevistas psiquiátricas y psicológicas ordenadas por el juez Juan Guzmán para determinar la condición mental del imputado, mientras sus abogados plantearon la posibilidad de que el general no se presente el lunes al interrogatorio si los resultados de las pericias médicas no están listos. Entretanto, el juez Héctor Carreño, uno de los dos magistrados nombrados por la Corte Suprema para buscar cuerpos de detenidos desaparecidos en fosas clandestinas de las que ha informado el Ejército, inició con apoyo de detectives el trabajo en la Cuesta Barriga, 65 kilómetros al oeste de Santiago, con la presencia de familiares de las víctimas.
Las pruebas psiquiátricas y psicológicas estuvieron destinadas a determinar la capacidad de discernimiento del ex dictador, su entendimiento de la situación judicial por la que atraviesa, su uso del lenguaje, habilidad reflexiva, memoria y ánimo actuales. Pinochet, que tiene 85 años, llegó a las 8.35 horas al Hospital Militar, rodeado por escoltas, e ingresó al recinto en silla de ruedas. En el exterior, una veintena de pinochetistas gritaba consignas de apoyo al ex dictador. La diligencia “ha sido muy dura para él (Pinochet), en cuanto al esfuerzo físico que ha tenido que desplegar (...) el senador terminó muy cansado”, dijo el coordinador de su defensa, general retirado Guillermo Garín.
La defensa del ex dictador intensificó su presión sobre Guzmán al advertir de la posibilidad que su cliente no se presente al interrogatorio del lunes si los resultados de los exámenes no están listos. Garín pidió que prime la lógica de que, si se están realizando las pruebas médicas, para establecer el estado de salud de Pinochet, “por supuesto que hay que esperar los resultados” y el juez los debe tener “en la mano” antes de iniciar el interrogatorio. Sus asesores jurídicos esperan que los exámenes determinen que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un interrogatorio y menos un debido proceso.
El diario El Mercurio reveló ayer un incidente que ocurrió el 1º de diciembre, cuando Guzmán procesó al ex dictador, que refleja el malestar del ejército con la conducta de algunos militares pinochetistas.
Temiendo que Pinochet fuera a ser detenido ese día, su guardia personal, que integran comandos de elite del ejército, activó un dispositivo de seguridad que incluyó aprestar su armamento pesado para resistir, lo que incluso fue observado por la prensa. La reacción de la institución fue rápida. Ese mismo mes fueron reemplazados los tres oficiales que tenían el mando de la compañía de comandos de la escolta. A lo anterior se suma la recomendación que le formularon a Pinochet el comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, y el jefe del Estado Mayor, general Emilio Cheyre, de que cesara su rebeldía ante el juez porque ponía en una situación difícil a la institución. El gobierno admitió ayer no tener conocimiento del incidente con la guardia y negó que dentro del ejército existan militares rebeldes.
Entretanto, el juez Carreño deslindó el terreno de la quebrada en la Cuesta Barriga donde se realizarán a partir de hoy las excavaciones en busca de los restos de seis detenidos desaparecidos, todos militantes del Partido Comunista, que se encuentran allí sepultados en una fosa clandestina según el informe que entregaron los militares al gobierno. “Vamos a organizar el trabajo”, dijo Carreño. Parientes de las víctimas observaban el ajetreo.
Uno de ellos, Antonia Zepeda, hija de Horacio Zepeda, contó que su padre salió de su hogar el 15 de diciembre de 1976 y nunca más fue visto. Relató que, con asombro, los detectives encontraron que en el lugar había señas indicativas de donde estarían sepultados los restos. “Vino gente a señalar el lugar. Los criminales vuelven al lugar de los hechos –dijo–. Encontrar a mi papá es un avance, pero hoy día es necesario abrir una investigación ya que están a la vista los hechos que siempre fueron negados”, agregó.
Ante las contradicciones que muestra parte de la información entregada por los militares sobre las víctimas, con la que habían logrado obtener los organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica desde los inicios de la dictadura, el presidente Ricardo Lagos sostuvo ayer que serán los tribunales quienes deberán aclarar los hechos. “El Poder Judicial va a ratificar, rectificar, clarificar los antecedentes que hay. Lo que yo he hecho, en aras de la transparencia, es recibir y entregar la información”, afirmó.
A través de una declaración pública, el Comité Permanente del Episcopado planteó ayer su rechazo a “los métodos inhumanos utilizados por algunos uniformados y civiles para encarar a sus opositores (en la dictadura). Nada autoriza a recurrir a esos medios totalmente reñidos con la moral. Es inhumano también haber ocultado la información que hoy conocemos, prolongando la angustia y el sufrimiento de sus familiares durante tantos años”. Junto con reconocer la “actitud positiva” de las fuerzas armadas al entregar información, pidió también a quienes tengan nuevos antecedentes sobre los detenidos desaparecidos que los proporcionen a la Iglesia Católica.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.

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