Las negociaciones de paz del presidente Andrés Pastrana con la primera guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), están a punto de derrumbarse. Tenía su lógica entonces que decidiera probar suerte con el segundo grupo guerrillero: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ayer el alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, anunció que se le cedería una “zona desmilitarizada” de 2000 km2 para comenzar negociaciones de paz. Si bien parece una versión en miniatura de la gigantesca zona entregada a las FARC en 1998 (de 42.000 km2), Gómez aseguró que en este caso habría resguardos para verificar la buena conducta de la guerrilla en su santuario. El ELN confirmó casi simultáneamente que “cesamos toda operación ofensiva en la región del Magdalena Medio”. No obstante las promesas de Bogotá de que no se repetirá la infeliz experiencia de negociación con las FARC, la agenda de diálogo con el ELN es igualmente larga, con un plazo inicial de nueve meses antes de que se discuta cualquier cosa entre el gobierno y la guerrilla.
La política de paz del gobierno puede parecer demasiado optimista durante una escalada casi inexorable de la guerra civil. Sin embargo, el actor que muchos consideran uno de los motores del conflicto podría estar a punto de dar un giro drástico en su política hacia Colombia. Durante su audiencia anteayer ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, Donald Rumsfield, nominado por George W. Bush para ser ministro de Defensa para cuando asuma el 20 de este mes, se manifestó fuertemente en contra de la política antidroga de la administración Clinton. Rumsfield destacó que la escalada militar que propicia el Plan Colombia (al que Clinton aportó 1300 millones de dólares) “puede perjudicar a los países vecinos, en su lugar yo también estaría preocupado”. Rumsfield recalcó que “si hay demanda siempre se encontrará cómo satisfacerla”. La declaración podría resultar extraña viniendo de boca de un republicano, especialmente considerando que el padre de George W. Bush fue el autor de la estrategia de combatir la droga atacando su producción. Pero ya en 1997 Rumsfield había considerado públicamente que el uso de la fuerza militar contra el narcotráfico “no tiene sentido”. En su audiencia en el Congreso, instó a lidiar con el problema dentro de Estados Unidos trabajando “con las familias, la ciudadanía y las iglesias, antes que con los militares”.
No es imposible entonces que la toma de mando de Bush sea un buen marco para los renovados esfuerzos de paz de Pastrana. El presidente se anotó un éxito completamente inesperado ayer cuando logró acordar iniciar un diálogo de paz con el ELN. Menos involucrados con el narcotráfico que las FARC, este grupo “guevarista” se sustenta del secuestro y la extorsión a las compañías petroleras. Pero los pagos de estos últimos no tienen mucho efecto contra un grupo con el objetivo jurado de acabar con el “saqueo” de los recursos naturales de Colombia. Sus aproximadamente 8000 combatientes están muy bien situados para hacerlo, ya que la mayor parte del petróleo colombiano se extrae cerca de sus bases en el noroeste. El año pasado realizaron 97 ataques contra la infraestructura petrolera y el domingo pasado volaron el segundo oleoducto más importante del país. Sus comandos urbanos contribuyeron con una serie de atentados en el puerto fluvial de Barrancabermeja, la principal vía de exportación del petróleo colombiano. Que el diálogo surja de este contexto fue ciertamente sorpresivo.
La clave podrían ser los paramilitares. Hace dos semanas anunciaron que intensificarían sus operaciones en la región y el fin de semana pasada asesinaron a 11 civiles a quienes acusaron de ser colaboradores de la guerrilla. Ya hace dos meses la revista The Economist había afirmado que el ELN estaba “cerca del colapso” por la ofensiva paramilitar, y quizá su presión dio efectivamente el impulso decisivo para el acuerdo preliminar.
La hipótesis se refuerza si se consideran las numerosas concesiones que realizaron los guerrilleros. Redujeron su demanda inicial de recibir 2700 km2 a sólo 2000 y aceptaron una serie de medidas para vigilar su conducta en la “zona de encuentro”. Gómez detalló ayer que se crearía una “comisión de seguimiento” con miembros de Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza,habrá una “policía civil” con armas cortas, 150 funcionarios para recibir quejas contra la guerrilla y las autoridades judiciales permanecerán en la “zona de encuentro”. Los guerrilleros prometieron respetar los derechos humanos y la libertad de culto. Sin embargo, el ELN retuvo lo que puede ser la condición clave: la realización de una “convención nacional por la paz” con representantes de todos los sectores de la sociedad civil. Esta cumbre durará, según los guerrilleros, nueve meses y aparentemente no se negociará antes de que concluya.

JOHN ASHCROFT ES LA PROXIMA BATALLA DE GEORGE W. BUSH
El ministro de la Injusticia

Por Javier Valenzuela *
Desde Washington

Eufóricos por la renuncia de Linda Chavez a la cartera de Trabajo, su primera victoria frente a George Bush, el Partido Demócrata y sus aliados de izquierda están concentrando su artillería en John Ashcroft, el ultraconservador designado como fiscal general (o ministro de Justicia). Mientras Chavez denunciaba la persistencia en Washington de la “política de destrucción personal”, los demócratas informaron que, en las audiencias en el Senado sobre la confirmación de Ashcroft, que comenzarán el próximo martes, citarán como testigo al juez negro Ronnie White.
La intención de los demócratas es demostrar motivaciones racistas en la oposición que Ashcroft lideró en el Senado en 1997 al nombramiento de White por Bill Clinton como juez federal. Ashcroft, entonces senador por Missouri, consiguió que la mayoría republicana en la Cámara alta vetara a White con el argumento de que se oponía a la pena capital. Pero el magistrado, como confirmará la próxima semana en el Capitolio, había firmado hasta ese momento 41 de las 59 condenas a muerte que le habían sido propuestas. Las audiencias sobre el nombramiento de Ashcroft se celebrarán con un Capitolio rodeado por manifestantes contrarios al político de Missouri. Una coalición de grupos feministas, gays, sindicales y afroamericanos exhibirá pancartas que recordarán el historial de oposición al derecho al aborto y defensa de las armas de fuego del candidato de Bush a la cartera de Justicia.
Con 50 demócratas y 50 republicanos en la Casa Blanca, la batalla por la confirmación de Ashcroft será reñida, pero es difícil que concluya con el rechazo de su candidatura. Hasta ahora, los demócratas sólo tienen contra él argumentos ideológicos y políticos. El caso de Chavez fue diferente. Esta hispana que no habla español no dimitió el martes por su oposición a la enseñanza bilingüe, la discriminación positiva y el rigor en los casos de acoso sexual, sino por una presunta ilegalidad. La de haber albergado, y remunerado a cambio de trabajos domésticos, a una inmigrante ilegal guatemalteca, a comienzos de los años 90. Chavez cayó en desgracia a los ojos de Bush por no haberle informado de ese potencial problema en su historial. Los republicanos no podían defenderla después de haber vetado en 1993 a Zoe Baird por haber utilizado mano de obra doméstica ilegal. Baird era la primera candidata de Clinton para la fiscalía general.
Con la amargura en las filas demócratas por la tormentosa derrota de Al Gore frente a Bush, es muy difícil que la próxima presidencia esté marcada por el clima de reconciliación que todo el mundo predica.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.

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