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Por Pablo Rodríguez
 Augusto Pinochet parece cada
vez más cerca de quedar oficialmente procesado como autor intelectual
de los crímenes de la Caravana de la Muerte. Quizás por
eso Pinochet esté cada vez más lejos de ser procesado. Ocurre
que, a medida que se hace visible el día en que el ex dictador
deba sacarse una foto y poner sus huellas dactilares para un prontuario,
crecen las presiones, las idas y venidas y las novedades que siempre le
dan a Pinochet otro día de respiro. Esta vez fue la declaración
indagatoria: a pedido de la defensa de Pinochet, el juez Juan Guzmán,
el mismo que esta semana denunció presiones “incluso del gobierno”
para terminar con el caso, postergó la declaración indagatoria
para el martes 23, momento en el cual tendrá el resultado de los
exámenes médicos. Estos exámenes, que terminaron
ayer cuando deberían haber seguido hoy, son la última esperanza
para Pinochet, si no fuera porque siempre tiene otra oportunidad.
Esta semana, Guzmán admitió ante el diario francés
Le Monde que había admitido “presiones que provienen de diversos
sectores, incluidos miembros del gobierno”, respecto de un pronto
fin para el caso Pinochet. El diario electrónico Primera Página
fue más concreto en la información: publicó que,
“según fuentes cercanas a Tribunales”, Luis Horacio Rojas,
jefe de gabinete del ministro de Justicia, José Antonio Gómez,
fue quien se comunicó con Guzmán para este tipo de “gestiones”.
Según otras fuentes citadas por el medio, puede ser lógico
que la presión venga de un funcionario de segundo rango (o sea,
menos expuesto), pero que reporta casi directamente al presidente de la
nación. El mismo Rojas negó rotundamente la versión,
tal como habían hecho otros funcionarios, entre ellos el ministro
del Interior, José Miguel Insulza, en días anteriores.
En todo caso, lo que sí se puede observar es el extraño
comportamiento que han tenido el juez Guzmán y la Corte Suprema
en el último mes. Primero, el juez procesó a Pinochet a
principios de diciembre sin atender a los exámenes médicos,
ya que ninguna ley o código chileno prescribe que haya una relación
entre ambos asuntos. La misma Corte Suprema ratificó este punto
de vista. Pero luego, súbitamente, lo cambió, y le ordenó
a Guzmán que siga el esquema de la defensa de Pinochet: exámenes
médicos, y sólo después declaración indagatoria.
Guzmán puso entonces un calendario donde ambas instancias estaban
lo suficientemente pegadas como para no tener que esperar los resultados
de los exámenes. Enterado de la intención de Guzmán,
Pinochet no se presentó a los exámenes y el juez, en lugar
de procesarlo, dio nuevas fechas, otra vez, muy pegadas. Pinochet aceptó
someterse a los exámenes, pero amagaba con no presentarse a la
declaración. Entonces Guzmán decidió ayer la postergación
del interrogatorio.
La defensa de Pinochet espera que quede claro que su cliente no está
capacitado para afrontar un juicio, a la luz de los resultados de los
exámenes físicos, mentales y neurológicos a los que
se sometió entre el miércoles y ayer. Pero la alternativa
no es tan segura. Primero, porque en los exámenes estuvieron presentes
peritos de la parte querellante, de los cuales es difícil suponer
que redacten un informe que lo “salve” a Pinochet. Y segundo,
porque Guzmán enfatizó que sólo declarándolo
“loco” puede Pinochet zafar del juicio, cuando la intención
de sus abogados es más bien apelar al “debido proceso”
para demostrar que Pinochet no está loco, pero no puede comprender
lo que ocurriría en un juicio en su contra.
Entretanto, continuaron ayer las diligencias ordenadas anteayer por el
juez Héctor Carreño para encontrar los restos de seis militantes
comunistas arrojados en diciembre de 1976 en una hondonada a mitad de
camino entre Santiago y Valparaíso.
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