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Por Marta Dillon
 Inducción del parto
o interrupción del embarazo parecen sinónimos en el caso
de Silvia T., una mujer pobre que consiguió que la Justicia –en
un fallo de la Corte Suprema de la Nación, considerado unánimemente
como histórico– autorizara esa práctica atendiendo
el daño que ocasionaba a su salud estar gestando un feto anencéfalo
que no tenía posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, entre ambos
conceptos se abren brechas para un debate que empuja los límites
de este caso y que los funcionarios actuantes se ocuparon de negar expresamente.
Para la médica y psicoanalista Martha Rosemberg, integrante del
Foro de Derechos Reproductivos, “la forma de la negación es
una apelación muy clara a pensar lo que de veras está en
juego aquí. Que el discurso jurídico, médico y de
los medios se ocupe de subrayar que ‘esto no es un aborto’ y
que por eso el fallo es aceptable, sólo está tratando de
desmentir que el verdadero problema es el del aborto común y no
terapéutico, como en este caso”.
¿Importaría entonces hacer una distinción entre inducción
del parto o interrupción del embarazo? Aunque en el momento en
que el caso de Silvia T. llegó a la Corte, esa diferencia aparece
borroneada –ya lleva más de siete meses de gestación,
cuando la vida extrauterina ya es posible–, para Rosemberg es importante
situar claramente los términos por lo que pueden significar como
antecedente. “Se habla de aborto cuando se interrumpe el embarazo
de un feto no viable y éste es el caso, aunque su no viabilidad
dependa de malformaciones genéticas y no del tiempo de gestación.
Por eso creo que esta negación universal de que no es un aborto
hay que relativizarla”.
–Pero también se podría decir que introducir el tema
del aborto porque su definición es compatible con este caso es
sólo una operación gramatical.
–Es que los fetos que se abortan en general también son fetos
no viables, no porque tengan malformaciones congénitas que hacen
imposible la vida si el proceso del embarazo se cumpliera, sino porque
son no viables desde el punto de vista de la inserción de un individuo
en un grupo social. Porque no cumplen con la condición de motivar
el esfuerzo, la aceptación y la puesta en marcha de todo el entramado
subjetivo que supone traer un chico al mundo. Entonces esta negación
tan difundida pone en primer plano esto que está reprimido que
es que la viabilidad de un hijo depende de una serie de factores objetivos,
pero también subjetivos de la mujer que lo gesta.
–Justamente este fallo pone por primera vez en primer plano la salud
de la mujer y sobre todo su subjetividad, al tener en cuenta su salud
psíquica.
–Esto es muy auspicioso porque se trata de una apuesta muy fuerte
para reinterpretar qué es la salud de una mujer. Es un argumento
innegable en el que permanentemente estamos poniendo el acento desde el
movimiento de mujeres. Pero aquí se abre otro tema que aparece
junto con la judicialización de un caso que se debería haber
resuelto en el hospital público. Al apelar a la Justicia queda
clara la reticencia del sistema médico a considerar la decisión
de la mujer. La medicina es un recurso, no una normativa; la salud de
la mujer pasa por poder tomar las determinaciones que considere apropiadas
para continuar su vida con un grado mayor de bienestar. Lo que pasa es
que muchas veces para salir de una legislación que es punitiva
y restrictiva de la soberanía de las mujeres sobre las decisiones
en relación a sus cuerpos se apela a la normativa de la salubridad
que es muy importante, pero que hay que situar en su lugar. Lo importante
de este caso es que esta mujer, esta familia ha peleado por la legitimación
de una decisión que tomaron frente a una alternativa de su vida
para lo cual reclama los recursos de la medicina.
–Lo que usted plantea es cambiar la figura del paciente como un lugar
estático para darle participación activa dentro de lo que
significa salud para cada persona y más precisamente para cada
mujer.
–Es que hay una mistificación de lo médico como si
fuera lo “natural” y el peligro es quedar encerrados dentro
de una normativa que no aparece como tal. Y por eso es bueno que se conozcan
otros casos como aquellos en los que se ha decidido continuar un embarazo
aun cuando se sabe que el feto es anencéalo, porque lo que se pone
de manifiesto es que cada uno puede tomar la decisión que quiera
en relación a sus condiciones de bienestar, o de su salud, aunque
preferiría no medicalizar los términos.
–En los fallos de los jueces que votaron en contra de la interrupción
del embarazo se habla de permitir la vida “todo el tiempo que la
naturaleza lo permita”. Sin embargo nadie cuestiona que se altere
la “naturaleza” cuando se trata de intervenir por medios científicos
con procesos que postergan el momento de la muerte.
–Es que hay contradicciones en esos discursos. El juez (Antonio)
Boggiano, por ejemplo, dice que por un problema anímico de la madre
no se puede privar a esa criatura de las semanas de vida que le quedan.
Sin embargo esa “criatura” está condenada a no tener
nunca ese ingrediente anímico, ahí queda muy descarnada
la diferencia de una concepción de la vida que no se sabe de quién
es. Es una vida fetichizada, idealizada, que resulta de negar los aspectos
mortíferos que puede tener un embarazo tanto para el feto como
para la madre. Es el colmo de la abstracción del derecho a la vida.
¿De quién? De nadie, porque en este caso no hay sujeto,
es meramente orgánico y eso no da origen a derecho. Para eso se
necesita que esa vida entre en relación simbólica con un
entramado social y es un proceso complejo que no se garantiza por el mero
desarrollo orgánico.
–¿Usted cree que la existencia de este fallo habla de nuevas
condiciones para instalar un debate acerca del aborto?
–Creo que sí, es decir que haya condiciones para un debate
no quiere decir que se resuelva a favor de la legalización. La
masividad que tiene esta cuestión en el sentido de la negación,
“esto está bien porque no es un aborto”, psicoanalíticamente
es que sí, que lo que está en cuestión es el aborto,
y eso para mí indica que hay algo que elude una barrera bajo la
forma de ser negado como problema. En este país, según las
estadísticas, hay un aborto cada dos partos o sea que es un dato,
un problema de realidad que surge y va a surgir en cualquier momento bajo
la forma que tiene la impronta de la represión. Lo que pasa es
que hay fuertes presiones de la Iglesia y de grupos que sin ser religiosos
defienden esta concepción abstracta de la vida.
–¿Ese sería uno de los últimos bastiones del
patriarcado?
–No sé si el último, es un bastión muy importante,
también de la doble moral. Pero que la mujer recupere un poder
alienado sobre su corporalidad y su capacidad reproductiva tiene que ser
elaborado y redistribuido. Es complejo y es un tema de integración
social. Porque no se puede pretender que los varones tomen responsabilidad
en la crianza de los hijos y negarles participación sobre los momentos
en que se decide tanto la concepción como anticoncepción
y el aborto. Y no quiero decir que tenemos que estar supeditadas a esa
opinión, pero sí hay una demanda de diálogo verdadero
y no formal.
UN
CASO EN CHUBUT Y LA DEFENSA DE UN MEDICO
La salud no es sólo física
Por Soledad Vallejos
En 1997, el Servicio de Tocoginecología
del Hospital Dr. A. Isola, de Puerto Madryn, informó a una paciente
(una madre soltera de 20 años) que su feto padecía de anencefalia.
La gestación llevaba veinte semanas, por lo que, tras consultar
con la División de Medicina Legal, y con consentimiento de la mujer,
el hospital decidió solicitar al juzgado civil la autorización
para interrumpir el embarazo. Tanto el defensor de Menores e Incapaces
como el forense de los Tribunales de Puerto Madryn y un médico
de policía se expidieron a favor de la interrupción, en
vistas de que continuar con el embarazo implicaba un deterioro psíquico
para la mujer. Sin embargo, el defensor general, quien había tomado
la representación “de la persona por nacer”, recomendó
negar la autorización, una postura que fue compartida por la jueza.
Al presentar el caso en el Congreso de Medicina Forense de 1998, el Dr.
Juan Carlos Coronel (jefe de la División de Medicina Legal del
hospital) relató que “el magistrado dice que el aborto impune
se tipifica cuando está en peligro la vida o la salud de la madre;
que el pronóstico debe comprender el menoscabo de la salud de la
madre, siendo ésta el equilibrio fisiológico y que no corresponde
autorizar para evitar el peligro psicológico”. El hospital,
entonces, apeló la medida, pero no obtuvo ningún tipo de
respuesta judicial. Finalmente, el embarazo llegó a término
y el anencéfalo falleció minutos después del alumbramiento.
En este caso, señala Coronel, no se tomó en consideración
la definición de salud dictada por la Organización Mundial
de la Salud: “Un estado de completo bienestar físico, mental
y social y no una mera ausencia de enfermedad o dolencia”. “En
el ámbito médico, pretendíamos evitar un daño
psíquico. El magistrado determinó que, al no haber peligro
de vida y no afectarse la fisiología, no daba lugar a la petición.”
Mediante su sentencia, continúa Coronel, la jueza no sólo
ignoraba la definición de la OMS, sino, además, la Constitución
de la provincia del Chubut (que vela por el derecho “a la dignidad
e integridad psicofísica y moral”), el Pacto de San José
de Costa Rica (que defiende el derecho a la integridad física,
psíquica y social), la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cuyo artículo
16 tutela el derecho a decidir libre y responsablemente cuándo
y cuántas veces una mujer quiere embarazarse) y la Ley de los Derechos
Humanos (que protege el libre ejercicio de los derechos humanos). Pero
es en el Código Penal donde hay que rastrear las fisuras que permitieron
fallos como éste (hay un antecedente dado a conocer en 1997): el
artículo 86 determina que no es punible el aborto practicado “con
el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este
peligro no puede ser evitado por otros medios”. A fines de tipificar
el aborto terapéutico, Coronel señala que el artículo
34 determina que no es punible “el que causare un mal por evitar
otro mayor inminente a que ha sido extraño”. Lo que estuvo
en juego, entonces, fue una definición de salud que comprendiera
algo más que un mero funcionamiento fisiológico. Tras este
tipo de fallo, concluye el médico legista, “cabe presumir
que siempre habrá daños psicológicos, que podrán
ser irreparables. Si pensamos en la definición de la OMS, estas
personas perderán su salud para siempre”.
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Donación de
órganos e ideología
Silvio Barreto y su esposa María del Carmen decidieron
continuar con el embarazo de ella, a pesar de haber recibido un
diagnóstico semejante al de Silvia T.
Barreto, en una declaración al diario Clarín, fundamentó
la decisión en el hecho de profesar la religión católica
y estar en contra del aborto, aunque reconoce que hay diversas posiciones
sobre el tema. También planea bautizar al recién nacido
y donar sus órganos “cuando muera”. La ley, sin
embargo, descarta a los anencefálicos para el diagnóstico
de muerte cerebral y no los considera donantes.
Hugo Luján, que forma parte del Consejo asesor de pacientes
del Incucai y es miembro de la fundación Provida, que agrupa
a transplantados y a personas en espera de transplante, opina que
“el deseo de donar los órganos, en estos casos, parece
enmarcarse en un mensaje en contra de la despenalización
del aborto. Nosotros podemos luchar porque se legalice la donación
de órganos de anencefálicos, pero en una situación
donde esa reivindicación funcione en otro marco. En este
momento es como si, ya que no se puede hacer una defensa de la vida
del feto para impedir la interrupción del embarazo, se desplazara
el valor vida a los órganos. Además, las personas
que quieren continuar con el embarazo parecen no estar informadas
sobre las limitaciones legales en la donación de órganos
de anencefálicos”.
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UN
PARTO INDUCIDO Y UNA LECCION MORAL
Ana, la medida del sufrimiento
En un artículo titulado
“Historia de Ana”, de Alejandra Oberti y July Edith Cháneton,
perteneciente a la antología Aborto no punible (concurso de ensayo:
“peligro para la vida y la salud de la madre”, se relata un
caso sobrecogedor que puede dar la medida del sufrimiento de Silvia T.
Se trata de una mujer de 28 años, estudiante universitaria, que
está esperando un hijo deseado. Con más de tres meses de
embarazo recibe el diagnóstico de que el feto tiene riñón
poliquístico y que morirá al nacer. Inscripta en una conocida
obra social, consulta al jefe del servicio de ginecología y obstetricia
para pedirle que interrumpa el embarazo. Este la deriva al médico
legista de la institución y a un grupo de autoayuda de mujeres
en situaciones similares, todas decididas a llegar al parto “naturalmente”.
El Comité de Etica, luego de una serie de dilaciones, determina
que no puede acceder al pedido de Ana si no está en riesgo su salud.
“¿Dónde quedo yo? Durante dos meses no existía,
yo sentía que era una incubadora que iba y a mí me interpelaban
como incubadora. Yo, Ana, no existía, no les importaba nada que
estuviera mal, que estuviera desesperada (...) en un momento una no existe
más, está embarazada, deja de ser una persona, pasa a ser
una embarazada, nada más, nada más...”, testimonia
ante Oberti y Cháneton quienes, refiriéndose a la experiencia
del grupo de autoayuda, escriben: “El reclamo de Ana (‘que me
lo dejen hacer’) encuentra la oposición simbólica de
toda una producción: los relatos de ‘hijos’ y ‘madres’
temporarios, por dos horas”.
Ana es enviada por la misma institución que le cubre la prepaga
a recibir tratamiento psiquiátrico. La terapeuta comprende que
la experiencia de Ana es terrible, aunque le recuerda “que está
llevando un bebé en la panza, situación sagrada y esencial
que relativiza todo sufrimiento y, por eso, en el fondo no es tan terrible”.
Ana encontró respuesta a su demanda en lo que las autoras denominan
“red de género”. Una médica clínica la
conecta con una mujer que pasó por una situación similar
quien a su vez la conduce a un médico que, en una clínica
privada, induce el parto. Ana relata lo que el médico les dice
a ella y a su marido: “Lo que les quiero contar es que la mejor manera
de elaborar el duelo en estas situaciones es (...): vas a tener que sufrir,
vas a tener que poner todo lo tuyo para que este bebé nazca, esto
les va a quedar en la cabeza toda la vida... que cuando tengan otros hijos
tienen que saber que tuvieron un hermanito, ¿cómo se llama?”.
Luego del parto, el médico insistirá en mostrarles al bebe
muerto, envuelto en una mantita y también la hinchazón de
la pancita puesto que carece de riñones.
Este supuesto progresista que ha realizado una intervención ilegal
bajo el falso diagnóstico de “feto muerto” no sólo
–como definen las autoras– ha inducido un parto sino también
una simbolización del mismo a través de la sugerencia de
elegir un nombre. “El nombre es sostén fundamental de la subjetividad,
en este caso del ‘hijo’, punto de pasaje de la dinastía.
No un bebé no viable, sino el Hijo que confirma al Padre.”
A partir de su experiencia, Ana, que simpatizaba con las ideas feministas,
es participante activa en la defensa de los derechos reproductivos.
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OPINION
Por Alejandro Kaufman*
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Razonabilidad y vaguedades
El fallo protege los derechos de una paciente particular frente
a la corporación médica. Sin embargo, la repercusión
que tuvo, las opiniones publicadas y lo que se difundió del
fallo evidencian que se está hablando de otra cosa: de los
temores y las esperanzas que suscita el inconmovible muro que tarde
o temprano ha de caer. La penalización del aborto.
A la gestante de un anencefálico, después de proporcionarle
el diagnóstico, se le requirió una orden judicial.
¿Exceso de celo? El eslabón más débil
en la problemática de la reproducción y la concepción
es la mujer, porque transita una especial vulnerabilidad. Los médicos
no denuncian a colegas que practican abortos clandestinos a las
pudientes. Denuncian a las mujeres que van a desangrarse a los hospitales
públicos por abortos clandestinos de alto riesgo y garantías
nulas. Muchas veces, ellas, intimidadas por la ley, mueren sin atreverse
a revelar datos esenciales para su atención. El celo puesto
en requerir a una mujer de escasos recursos una orden judicial forma
parte de ese conjunto de hábitos. Tampoco conocemos médicos
que aboguen públicamente por la despenalización del
aborto (como ha sucedido en otras partes).
El sistema judicial es selectivo. Los casos nos dicen algo acerca
de nuestras creencias, obsesiones y miserias éticas como
sociedad. Enseguida se abre un debate seudofilosófico, plagado
de inexactitudes y falacias. En el fondo se trata de una lucha religiosa
que consiste en imponer ciertas creencias, pero sin explicitar su
carácter antagonista. El suelo de un contexto democrático
requiere esclarecer el registro de los argumentos, en lugar de dotarlos
de una apariencia universal.
Algunas personas consideran el progreso del embarazo de un anencefálico
como una prueba de la fe y otras, como un suplicio. No se trata
aquí de una “grave enfermedad”, ni de un feto con
“escasas” posibilidades de sobrevivir. Un mínimo
de razonabilidad ahorraría las vaguedades enunciadas en estos
días acerca de un feto carente de encéfalo.
Si hay instrumentos capaces de proporcionarnos diagnósticos,
y los usamos, deberemos atenernos a las consecuencias. La obtención
de información que antes era inaccesible abre un espectro
de alternativas que modifican implacablemente el horizonte de creencias.
Quienes profesan creencias “mayoritarias” en nuestro país,
¿están empeñados en un esfuerzo serio, compatible
con la democracia y la justicia social, para afrontar estos problemas?
¿O se limitan a atrincherarse en principios rígidos
y generales que no se atreven a examinar, mientras pretenden obligar
al conjunto social a acompañarlos en la obediencia?
Desde el punto de vista de la fe, el debate es interesante y legítimo.
Comprende interrogarse acerca de la obtención de diagnósticos
que originan dilemas y sufrimientos ligados a la intervención
que permite la técnica. Las técnicas se presentan
en forma ciega y desencadenan problemas que no pueden resolver.
Tenemos la proclividad y la ambición de seguir el paso del
progreso en términos de artefactos importados, en lugar de
discutir y percibir la complejidad cultural que les concierne. El
asunto es global, pero por algo en las sociedades “avanzadas”
el desarrollo técnico se correlaciona de otra manera con
las prácticas culturales. No se trata de la legitimidad de
las creencias, sino de la consecución de un acuerdo razonable.
Nuestra sociedad muestra los signos del autoritarismo y la tolerancia
a la injusticia cuando se escandaliza de manera sesgada frente a
algo que afecta a las clases subalternas, que son las que recurren
a los servicios públicos. Los desamparados son carne de cañón
de un debate del que están excluidos por principio.
* Ensayista.
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