Por Carlos Rodríguez

Las denuncias por discriminación, a diferencia de años anteriores en los que los dos ejes principales eran la salud (rechazo a discapacitados o enfermos de sida) y el marginamiento laboral (por cuestiones de edad, nacionalidad o género), tuvieron en el año 2000 un nuevo ítem que pasó a liderar las protestas: las quejas contra bancos privados, tarjetas de crédito y organizaciones como Veraz por dejar sin posibilidades de créditos a personas de medianos o bajos recursos. Sobre 1884 denuncias recibidas el año pasado por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales que Luchan Contra la Discriminación, el 31,90 por ciento fueron por lo que la entidad denomina “incorrección de datos sobre actividad económica”, relegando al segundo y tercer puesto a salud (26 del total) y discriminación laboral (14,92), que mantuvieron de todas maneras su fuerte incidencia.
Otro dato importante de la estadística difundida por el Foro es que el número de denuncias superó en un 34,5 por ciento las recibidas en 1999, cuando fueron 1235. “La aparición del tema económico no sólo es llamativa sino que confirma proyecciones de años anteriores que estaban indicando que la sociedad civil avanza cada vez más hacia la identificación del acto discriminatorio, aunque no figure entre los casos más comunes”, explicó a Página/12 Daniel Barberis, coordinador del Foro.
Un caso típico de la “discriminación en materia económica” es el que le sucedió a Marcos L., un hombre de 61 años que hace unos años le salió de garante a un hijo suyo para la obtención de un crédito. Por problemas económicos el joven no pudo pagar las cuotas y el padre tuvo que responder, sometiéndose voluntariamente a un plan de pagos en cuotas. Mientras seguía “abonando puntualmente la deuda de su hijo”, Marcos L. se presentó ante un banco privado para solicitar un préstamo personal para acceder a la compra de una vivienda. La existencia de la deuda de su familiar, aunque estaba siendo saldada, le impidió la obtención delcrédito, luego de un informe presentado por Fidelitas, entidad que acumuló varias denuncias, lo mismo que Veraz.
“En todos los casos –aclaró Barberis– se trata de personas que tienen trabajo, que no son deudores morosos y que cumplían con los requisitos mínimos exigidos para acceder al crédito, pero que fueron desechadas por las entidades mencionadas sin mayores explicaciones o por deudas que ya estaban saldadas”. En materia de salud, los principales motivos de las denuncias por discriminación fueron la discapacidad (230 casos) y el VIHsida (90 casos). También hubo muchos hechos vinculados con otras dos enfermedades: diabetes (60 casos) y la obesidad (50).
En materia laboral, uno de los mayores problemas que tuvieron que afrontar los que buscan alguna ocupación es el de la edad (51 casos fueron denunciados) y en segundo lugar estuvieron las discapacidades (50 casos). Un escalón más abajo estuvo la nacionalidad (49 casos) y muy cerca la discriminación a las mujeres por problemas de género (44 casos). El Foro criticó la actuación tanto del Gobierno nacional como del de la Ciudad de Buenos Aires por entender que “no dictan ni ejercen políticas de Estado sino que actúan paliando la coyuntura”. Barberis comentó que “siempre que damos a conocer los informes, obtenemos respuestas respecto de los hechos denunciados, pero falta una política rectora tendiente a producir cambios de fondo”.

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