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Por
Gustavo Veiga
 Se
atribuye a Aníbal, aquel general cartaginés que cruzó
los Alpes con una manada de elefantes, haber dicho: “Hallaré
un camino o me lo abriré”. Con una convicción parecida,
aunque a tono con estos tiempos de dificultades muy distintas, un hombre
adusto, de mirada profunda y persuadido de que transita por el sendero
correcto, habla de una empresa tan difícil como la de predicar
en el desierto. Se trata de Javier Castrilli y sus ideas para encontrar
un nuevo paradigma en materia de seguridad deportiva o, en otras palabras,
para dejar de ser más de lo mismo. El ex árbitro tiene propuestas
concretas: la creación de un cuerpo de policía especial
–se denominarían preventores– con formación universitaria,
un código de habilitación para los estadios, el registro
único de infractores, la constitución del fuero contravencional
deportivo, el estudio sistematizado de problemas sociales como las adicciones
y el fomento de asociaciones democráticas entre hinchas son, entre
otras, algunas de las ideas que impulsa el actual presidente de la Comisión
de Investigaciones sobre Seguridad en Espectáculos Deportivos.
Un ente que espera convertirse en Secretaría de Estado provincial
con el voto de la Legislatura bonaerense.
 La experiencia,
precedida por un trabajo que comenzó a mediados de agosto, cuando
el gobernador Carlos Ruckauf firmó el decreto 2827, es todo un
desafío para quien, de un portazo, un día abandonó
el arbitraje denunciando una serie de irregularidades que se cometían
en la AFA. Y se entiende que es un reto complejo, al analizarse el lugar
donde hoy trabaja Castrilli y los actores sociales con los que debe lidiar.
El ex referí se desempeña nada menos que en el conflictivo
territorio bonaerense, debe operar cambios en un sector de la policía
con peor reputación del país y disuadir a hinchas que se
ubican entre los más violentos del mundo.
Pese a todo ello, este personaje que dio sus primeros pasos en la política
junto a Gustavo Beliz confía en que su plan tendrá éxito.
En buena medida, sus pensamientos los difundió en un informe de
88 páginas que se presentó en la ciudad de La Plata durante
el mes de diciembre pasado. Castrilli demostró con el esbozo de
sus propuestas, y las actividades que encaró en un puñado
de meses, que no esperaba ungirse en un cargo de secretario de Estado
para actuar, aunque sí descontaba que contaría con el suficiente
respaldo político para cumplir su tarea. Durante algunos días,
su proyecto pareció zozobrar entre titubeos del gobernador y cierto
recelo del ministro de Seguridad bonaerense, Ramón Verón.
Pero ahora, con el horizonte despejado –durante una reunión
reciente, Ruckauf le ratificó su apoyo–, al ex juez sólo
le queda aguardar que los legisladores de Buenos Aires aprueben en febrero
la norma que convertirá a su área en una secretaría
que dependa directamente de la gobernación.
El paso siguiente sería la recepción de 500 efectivos de
los 2 mil que incorporará este año la Policía Bonaerense,
para trabajar bajo las nuevas normas de seguridad deportiva. El objetivo
de máxima es reemplazar a todos los agentes que cubren los servicios
ordinarios y adicionales de cancha con aquellos que se vayan modelando
a imagen y semejanza de lo que sugieren Castrilli y sus colaboradores
más directos: el comisario inspector Mario Gallina, el doctor Ubaldo
López Castro y el licenciado Pablo Alabarces. Para conseguirlo,
la fuerza especial debería componerse en el futuro de 3 mil integrantes,
aunque la actual comisión supone que a mediados de este año
estarían en funciones los primeros policías con instrucción
diferente, uniforme diferente y, como sostiene el informe, con la función
de “contribuir al arreglo pacífico de controversias y disputas”.
Se persigue que este grupo de efectivos profundice el estudio de materias
como sociología, psicología, ciencias de la comunicación
y ciencias jurídicas. En cuanto al modo en que operarán
en los estadios, no llevarían armas de fuego, aunque sí
algún tipo de protección. Además, necesitarán
capacitarse en técnicas de defensa personal, lo que hacesuponer
que ya no se verá más a un agente regordete corriendo sin
poder alcanzar a un pibito que se esfumó saltando el alambrado.
Un dato que será clave y, al mismo tiempo, delicado para resolver,
es el ingreso que percibirán estos policías especiales que,
según Castrilli, no tienen antecedentes en el mundo. Hoy, un efectivo
de la Bonaerense cobra 18,60 pesos el módulo de cuatro horas cada
vez que le toca trabajar en una cancha. La diferencia con lo que percibe
un uniformado de la Policía Federal es muy grande: 50 pesos el
módulo. De ahí que una idea sea crear un fondo provincial
para la seguridad deportiva, además de establecer en el futuro
cuál será el porcentaje que le corresponderá a una
provincia como la de Buenos Aires en la ley del Prode. Tampoco descarta
el ex árbitro un convenio con la AFA y hasta con Torneos y Competencias
(TyC), la productora televisiva que vivió en carne propia la inflexibilidad
del Sheriff cuando en cierta oportunidad pretendió retrasar un
partido para pasar una tanda publicitaria.
Quienes se vayan incorporando al cuerpo que dependerá de Castrilli
recibirán capacitación y entrenamiento en la escuela de
cadetes Juan Vucetich. Mientas tanto, los integrantes de la comisión
continuarán con sus tareas en unas oficinas situadas en 4 y 51,
de La Plata. Allí alumbraron algunas de las propuestas señaladas
en el informe, como el fuero contravencional deportivo y el registro único
de infractores. El primero apunta a juzgar las contravenciones de cualquier
espectáculo deportivo con el objeto de, por ejemplo, descomprimir
la tarea de los juzgados de paz, donde las infracciones que se cometen
en las canchas a menudo prescriben o son archivadas. La segunda iniciativa
tiene como meta conformar un sitio de consulta que hoy no existe en ningún
ámbito, ni nacional ni provincial.
También se sugieren medidas que exceden el marco jurídico
y, porque tienen un perfil reformista, podrían generar ciertas
expectativas: la relación con las hinchadas mediante la convocatoria
“al diálogo con grupos organizados o no; canales permanentes
de consulta y reclamos (buzones, web, e-mail, líneas telefónicas
gratuitas); apoyo a iniciativas tendientes al establecimiento de asociaciones
democráticas y legales entre hinchas”; la difusión
intensiva de las normas a través de “la entrega de volantes
en los estadios” y el respaldo “político, administrativo
y financiero a los clubes que desalienten los hechos de violencia y restablezcan
lazos sociales y comunitarios con su territorio de influencia”.
Del trabajo que el ex referí y su gente desarrollaron en los últimos
meses del 2000, además de las propuestas que se ofrecen, surgen
datos relevantes sobre las consecuencias de la violencia en los partidos
de fútbol y que no han sido difundidos porque los tapa el fárrago
de datos que, a menudo, arrojan esos mismos incidentes (llámese
muertos, heridos, detenidos). Por ejemplo, que los inmuebles más
cercanos a las canchas se deprecian en su valor, en porcentajes que llegan
hasta un 25 por ciento con respecto a las viviendas más alejadas
de los estadios. O que durante el año pasado, TBA, la empresa que
controla los ferrocarriles privatizados, calculó los daños
cometidos contra las personas en 100 mil pesos. También se aporta
el resultado de la consulta efectuada a una empresa que instaló
varios sistemas de audio y video en escenarios ingleses (Derby County,
Stoke City, Coventry City...). Esta arrojó que por 110 mil pesos
podría equiparse una cancha en la Argentina con 24 cámaras,
varios monitores y una consola de comando, a diferencia de los costosos
sistemas ya adquiridos por instituciones como San Lorenzo, Boca o River.
Castrilli, como adelantándose a todos, ha ido ganando el desierto.
Sabe que los hechos concretos tendrán más peso que la retórica
hueca sobre la violencia. Espera su turno para salir a la cancha, como
en otros tiempos. Aunque la próxima vez no lo hará vestido
con pantalones cortos y pertrechado con el silbato y su tarjeta roja.
Deberá decidir en otro ámbito y con otras armas. Su misión,
no cabe duda, será mucho más difícil que dirigir
un clásico
LAS
CONVICCIONES DE UN HOMBRE DE BIEN
“No
pactar con delincuentes”
Por
G.V.
 A
Javier Castrilli se lo percibe entusiasmado como árbitro con silbato
nuevo. Confía en sus fuerzas y en quienes lo secundan en su primera
experiencia ejecutiva dentro de la política deportiva. La conversación
discurre entre sus propuestas, sus metas y algunos conceptos que hacen
pensar en una situación inexorable: de aquel espíritu justiciero
con que deambulaba por las canchas no ha perdido ni un ápice. Por
eso, cuando se lanza a describir esta nueva experiencia, sostiene sin
hesitar: “Vamos a mandar al frente a quien sea, sin excepción”.
La dureza con que se refiere a ciertas conductas (“no voy a pactar
con ningún delincuente”, afirma), enseguida da paso a un perfil
más contemplativo, acaso más político: “También
voy a escuchar a todo el mundo, no aplicaré la portación
de rostro...”. Castrilli está indignado porque entre octubre
y diciembre del año pasado se produjeron 400 detenciones en la
provincia de Buenos Aires y, en ningún caso, se aplicó la
ley de seguridad en el deporte, que agrava las penas para quienes sean
encontrados culpables de un delito o una contravención.
“Yo vengo a sumar, a mejorar, no a llenarme la boca con diatribas
contra la violencia. Considero que seguir dando charlas y propiciando
debates es perder el tiempo. La Justicia está colapsada y debemos
actuar”, declara. El ex juez quiere, entre otras cosas, “filmar
todo lo que pase en las canchas”, porque “hay barras que trabajan
con punguistas”, denuncia. Asimismo, promete que “las banderas
largas no van a ingresar más” a los estadios que se encuentren
bajo su jurisdicción.
Y, para que no queden dudas, a la pregunta acerca de cómo hará
para evitar las presiones de ciertos dirigentes en un año electoral,
responde sin titubear: “Me iré si las cosas no cambian, si
pasa lo que usted me dice”. Por último, cuando la consulta
apunta a su pasado como árbitro y a si lamentó haber dejado
la actividad, contesta: “No me arrepiento de haber dejado esa carrera”.
Si hubiese continuado dirigiendo, Castrilli, quien hoy tiene 43 años,
podría haber seguido como referí internacional durante dos
temporadas más. Y algunas otras como juez en el medio local. Una
encuesta realizada entre jugadores a fines del 2000 aportó como
dato que, para ellos, ya no existe un modelo de árbitro confiable.
La mayoría coincidió en que desde el alejamiento del Sheriff,
el fútbol no volvió a ser el mismo
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