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Por
Raúl Dellatorre
 La
Justicia podría volver sobre sus pasos y reabrir la causa en la
que fueron denunciados el ex ministro de Obras y Servicios Públicas
Roberto Dromi y los directivos de las mayores empresas constructoras del
país por supuestos ilícitos cometidos en relación
con la concesión de las rutas nacionales por peaje. La denuncia
había sido archivada el año pasado por el juez federal Rodolfo
Canicoba Corral, y el denunciante, Guillermo Laura, terminó procesado
por falso testimonio por Carlos Liporaci. Un fallo de la Sala II de la
Cámara Federal, sin embargo, revocó el procesamiento y ordenó
el sorteo de un nuevo juzgado para investigar los hechos denunciados.
Además, dispuso remitir los antecedentes de la causa archivada
por Canicoba Corral al Consejo de la Magistratura, lo cual podría
constituir el primer paso para su posterior juicio político. La
denuncia de Laura señala –apoyada en testimonios de testigos
e incluso grabaciones telefónicas a varios involucrados– que
el ex ministro Dromi habría recibido “coimas” por cinco
millones de pesos en una oportunidad y dos millones en otra, supuestamente
pagados en el primer caso a cambio de la concesión de los corredores
viales nacionales y en el segundo por la preadjudicación de los
accesos a Buenos Aires.
La denuncia original había sido formulada por el ex concejal metropolitano
por el partido Demócrata Roberto Azaretto, en su carácter
de presidente de la Asociación Civil de Defensa del Usuario de
los Servicios Públicos, en abril de 1999, quien ofreció
a Laura como testigo. Los denunciados eran las empresas adjudicatarias
de los corredores viales y se señalaban como principales responsables
del presunto cohecho al ex ministro Dromi y los empresarios Eduardo Baglietto
(Grupo Techint y titular de la Cámara Argentina de la Construcción)
y Rodolfo Perales (empresa Perales–Aguiar).
Tras su declaración como testigo ante el juez Canicoba Corral (septiembre
de 1999), Laura fue denunciado por falso testimonio ante el juzgado de
Liporaci. Canicoba citó posteriormente a los empresarios y ex funcionarios
involucrados por la denuncia: Aldo Benito Roggio, Sergio Einaudi (Techint),
Oscar Vicente (SADE–Pérez Companc), Luis Freixas Pinto (Dycasa)
y los ex funcionarios del área de Obras Públicas Mario Guaragna
y Eduardo Mertechikian. Todos ellos, como cabía esperar, negaron
la veracidad de los dichos de Laura. Sobre la base de tales testimonios,
Canicoba decidió archivar la causa y Liporaci ordenó el
procesamiento del denunciante.
Al considerar estos hechos, el fallo de la cámara, firmado por
los magistrados Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi,
señala que “si alguno (de los citados por Canicoba) hubiese
admitido la existencia de irregularidades en relación con los hechos
sobre los que se le preguntara, podrían haberse visto incursos
en responsabilidad penal”, por lo cual juzga que “no parece
adecuado darles la relevancia que les fuera otorgada (por el juez) en
autos” para desacreditar la denuncia. Y con respecto a Liporaci,
refiere que “de ningún modo debió subordinar su propio
criterio ni pudo considerarse compelido a hacer suya” la valoración
hecha por Canicoba.
Este último desestimó como prueba las transcripciones de
conversaciones telefónicas grabadas por Laura, que él mismo
había mantenido con empresarios que habrían participado
o sido testigos del pago de las supuestas coimas. Lo propio hizo Liporaci.
La cámara cuestionó ambas actitudes, considerando “como
mínimo, discutible” que Canicoba no tomara en cuenta las grabaciones
en la denuncia por coimas, y con respecto a Liporaci señala que
“no cabe ninguna duda de que en modo alguno podrían ser dejadas
de lado sin más” las conversaciones grabadas, dada su responsabilidad
de evaluar la conducta de Laura como denunciante.
Por otra parte, el Tribunal de Alzada les imputa a ambos jueces intervinientes
una “lectura sesgada” de pruebas y testimonios que habríallevado
a la desacreditación de la denuncia y al procesamiento de Laura.
Víctor Pellegrino Testoni, asesor de una de las empresas concesionarias,
fue citado por Laura como quien le habría relatado en un almuerzo
en el Jockey Club (junio de 1998) el hecho referido a “la coima de
cinco millones de dólares que habrían aportado las empresas
beneficiarias de los corredores viales”, supuestamente pagada por
el empresario Rodolfo Perales al ex ministro Dromi. “A partir de
la respuesta negativa dada por Testoni a una pregunta imprecisa referida
a si él le había comentado a Laura alguna circunstancia
vinculada a este hecho –refiere el Tribunal–, (el magistrado)
llegó a la conclusión de que los dichos (de Laura) habían
sido refutados en forma contundente”. La cámara rechaza esta
conclusión y señala, en cambio, que “las constancias
de la causa parecerían dar sustento a la versión de Laura”.
El Tribunal no sólo resolvió revocar el procesamiento y
embargo dictado por Liporaci contra Guillermo Laura, sino que le ordena
a aquél “remitir copia certificada de la declaración
indagatoria y de la documentación aportada por Laura en esa oportunidad,
del memorial presentado por la Defensa oficial del nombrado ante esta
Alzada y de la presente resolución, al Consejo de la Magistratura,
a los fines que ese órgano estime correspondan”. Esos fines
no podrían ser otros que juzgar si tanto la conducta de Liporaci
como la de Canicoba no serían pasibles de inicio de juicio político
por mal desempeño.
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