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Por
David Cufré
 En
Bahía Blanca el agua sale turbia. En Carlos Casares y Pehuajó
los vecinos denunciaron que estaría contaminada. Desde hace ocho
meses, los usuarios de la distribuidora de agua en 71 localidades bonaerenses
vienen reclamando por el pésimo servicio que prestaría la
empresa. Las protestas se multiplicaron luego del temporal de la semana
pasada, que dejó a numerosos distritos con graves problemas de
suministro. No hace falta encargar una encuesta para descubrir que la
indignación de los bonaerenses está por salirse de cauce.
Ante semejante cuadro, que involucra a buena parte de los 2,5 millones
de usuarios atendidos por Azurix, la empresa que en abril de 1999 ganó
la privatización de Obras Sanitarias de Buenos Aires, el gobernador
Carlos Ruckauf decidió cambiar de postura. Ayer firmó un
decreto convocando a una sesión especial de la Legislatura para
que se analice la rescisión del contrato con la distribuidora.
Hasta la semana pasada, no obstante, cuestionaba con dureza a quienes
le sugerían esa opción y desafiaba a sus críticos
con la pregunta de “quién se haría cargo del servicio”.
Más allá de las implicancias políticas del caso,
la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires anule una privatización
es un hecho inédito. El único antecedente desde que comenzó
la etapa de concesión de servicios públicos durante el menemismo
es el conflicto que mantuvieron el gobierno tucumano y la también
distribuidora de agua provincial: Aguas del Aconquija. En ese caso, la
rescisión del contrato derivó en un conflicto mayúsculo,
que fue saldado recientemente en favor de la parte argentina en un tribunal
internacional. Pero al ser el distrito más grande del país,
la trascendencia del caso bonaerense será mucho mayor. De hecho,
la embajada estadounidense le transmitió informalmente a Ruckauf
su preocupación por la controversia y expresó su deseo de
que se llegue a un acuerdo con la empresa de su país. Azurix es
una compañía del Grupo Enron, especializado en transporte
de hidrocarburos por tubería y con diversos negocios en el país,
fundamentalmente en el área energética.
Además de la convocatoria a la Legislatura por parte de Ruckauf,
otra novedad de peso que se produjo ayer fue la decisión de un
juez bonaerense de intimar a Azurix a resolver los problemas de suministro
en cinco días. En caso contrario, la empresa deberá procurarse
los medios para abastecer de agua a los distritos afectados: La Plata,
Bahía Blanca, Bragado, Villegas, Carlos Casares y Pehuajó,
además de varias localidades menos populosas (ver aparte).
Los problemas con Azurix comenzaron casi desde el mismo momento en que
asumió la responsabilidad de brindar el servicio de agua y cloacas
a 71 municipalidades bonaerenses. Además de los centros urbanos
citados más arriba, la firma atiende las localidades de Berisso,
Florencio Varela, 9 de Julio y Gonnet, entre los más importantes.
Tiene 600 mil clientes y 2,5 millones de usuarios. El mayor conflicto
estalló a mediados del ‘99, cuando los vecinos de Bahía
Blanca se encontraron un día con que de las canillas salía
agua “de color marrón y con olor a insecticida”, según
la definición que dio por entonces el propio Ruckauf. La repercusión
pública del hecho amplificó otras denuncias de distintas
localidades bonaerenses. Las quejas eran por falta de presión de
agua y otras anomalías. Ante la emergencia, Azurix debió
trasladar camiones con agua potable a varios distritos. Sin embargo, los
problemas de fondo no se resolvieron y, meses más tarde, los intendentes
de Carlos Casares y Pehuajó denunciaron que el agua estaba contaminada.
Durante todo ese tiempo, Ruckauf mantuvo negociaciones con la empresa
para estudiar una solución a las evidentes deficiencias de servicio.
La semana pasada, el presidente de Azurix a nivel mundial, John Garrison,
estuvo reunido con el gobernador y su secretario de Obras Públicas,
Julián Domínguez. Pero no lograron acercar posiciones. Hasta
entonces, Ruckauf se había mostrado proclive a buscar una salida
consensuada, basada en que la empresa realizara inversiones para superar
las dificultades del servicio.Frente a esa postura, el intendente de Bahía
Blanca, Jaime Linares, y el presidente del radicalismo bonaerense, Leopoldo
Moreau, se quejaban por la falta de acción del Ejecutivo provincial
y exigían una solución urgente. Ruckauf les respondió
a ambos con dureza, acusándolos de querer propiciar un conflicto
con la empresa que podría poner en aprietos a la provincia por
no respetar el contrato firmado.
Sin embargo, desde que el temporal de la semana pasada agravó la
situación en varios distritos, Ruckauf abandonó la postura
conciliadora y asumió un discurso claramente confrontativo. Según
dijo, fue una “verdadera provocación” que el gerente
de operaciones de Azurix, Raúl Pedernera, haya declarado al diario
El Día, de La Plata, que el contrato de concesión establece
un reajuste de tarifas que la provincia debería aprobar de manera
inminente. Domínguez señaló ayer a Página/12
que el aumento será denegado y que “la empresa debe cumplir
metas específicas, para que el servicio de agua sea eficiente”.
La convocatoria a la Legislatura bonaerense para que analice la eventual
rescisión del contrato fue justificada por Ruckauf en que la empresa
incurrió en “graves incumplimientos en la prestación
del servicio y en las obras que se comprometió a realizar”.
En respuesta, Azurix emitió ayer un comunicado en el que expresa
que el último jueves invitó al gobierno provincial “a
iniciar discusiones formales para resolver una serie de temas que han
impedido a la empresa poder brindar el servicio que sus clientes merecen,
con el convencimiento de que los temas vinculados a la prestación
de agua potable son temas estratégicos que requieren soluciones
de largo plazo”.
El director general de la compañía, Juan Martín Lutteral,
quien firma el comunicado, también destacó que “desde
que nos hicimos cargo de la concesión, hace 18 meses, hemos mantenido
diálogo con organismos del gobierno provincial, pero sin avanzar
en resultados para solucionar temas muy importantes que afectan a los
clientes”. El Ejecutivo concluyó que la concesión es
por 30 años y que “se requiere tiempo para revertir los problemas
generados por años de desinversión”. Pero los usuarios
no quieren esperar, y Ruckauf finalmente parece haberlo comprendido.
UN
FALLO ORDENO NO COBRAR EL SERVICIO DEFICIENTE
El
juez le cerró la canilla
Por
D.C.
 Ante
los problemas de suministro de agua potable en numerosas localidades bonaerenses,
el juez de Garantía Nº 2 de la ciudad de La Plata, César
Melaso, falló ayer en favor de un recurso de amparo que obliga
a la distribuidora, Azurix, a brindar el servicio gratuitamente a aquellos
clientes que reciben el servicio en forma deficiente. El recurso fue presentado
por el presidente del bloque de concejales justicialistas platenses, Pablo
Bruera, y el fallo obliga a la prestadora a resolver definitivamente,
en un plazo que no supere los cinco días, los problemas en las
zonas afectadas. La resolución judicial estipuló que la
empresa deberá dar a publicidad la forma en que distribuirá
el agua y tendrá que abastecer a la totalidad de los damnificados
que estén dentro de su radio de acción.
Los puntos sin suministro se dispersan por todo el territorio bonaerense,
con problemas registrados en Bahía Blanca, La Plata, Bragado, Villegas,
Carlos Casares y otros pueblos del interior. Bruera, quien presentó
a la Justicia el recurso de amparo, puntualizó que “la empresa
deberá devolver la plata que cobró mientras no brindada
el servicio”. “Sólo en La Plata no se cumple con el 70
por ciento del contrato; en algunos lugares el agua es amarronada, la
presión no es la correcta o directamente se interrumpe el servicio”,
detalló. El concejal reclamó que Azurix “cumpla con
su plan de inversiones”, y enumeró, dentro del mismo, mayor
cantidad de perforaciones, tecnología para normalizar la presión
y reemplazo de los tendidos viejos, además de ampliar su radio
de acción.
Ese reclamo es coincidente con el que vienen haciendo desde hace meses
legisladores provinciales de la Alianza e intendentes de los distritos
afectados. Pero recién ayer Ruckauf decidió convocar a una
sesión especial de la Legislatura, a principios de febrero –aún
no se definió la fecha exacta– para que se analice la posible
revocación del contrato con Azurix. La medida generó distintas
reacciones. Por un lado, la mayoría de los legisladores bonaerenses
de la Alianza expresaron su intención de anular la privatización.
Por caso, el presidente de la Cámara baja, Aldo San Pedro (Frepaso),
comprometió su apoyo personal a la iniciativa de Ruckauf, por entender
que la empresa no cumplió con sus obligaciones contractuales.
Pero los mismos legisladores cuestionaron severamente al gobernador por
haberles transferido la responsabilidad de resolver un caso polémico.
“Lo primero que debemos hacer es analizar si le corresponde a la
Legislatura definir este tema. No queremos que el Ejecutivo se lave las
manos. Ruckauf no puede hacerse el distraído, porque fue la gestión
anterior la que hizo la privatización, pese a nuestra oposición,
y él estuvo meses criticando a quienes marcábamos las deficiencias
de Azurix”, manifestó a Página/12 el senador bonaerense
Eduardo Sigal (Frepaso).
COMISION
MINISTERIAL PARA LA PRODUCCION Y EL EMPLEO
El
equipo sale a la cancha
Por
Claudio Zlotnik
Decidido
a darle nuevo impulso a su gobierno en medio de la tranquilidad financiera
por efecto del blindaje, Fernando de la Rúa firmará en las
próximas horas un decreto por el cual se crea el “Equipo para
la Producción y el Empleo”. El equipo estará integrado
por los ministerios de Trabajo, Economía y la Jefatura de Gabinete,
y tendrá como misión reunirse “por lo menos” dos
veces por semana con los distintos representantes del sector productivo.
“Vamos a trabajar a fondo con los problemas de cada rubro para encontrarle
salida a los conflictos”, señaló a Página/12
Patricia Bullrich, ministra de Trabajo.
Según comentó Bullrich, el debut del equipo sería
la próxima semana, una vez que el jefe de Estado refrende el decreto
que desde ayer tiene en su escritorio y José Luis Machinea regrese
de su gira por el extranjero. La idea de la titular de Trabajo es que
los primeros en participar de los encuentros sean los empresarios y sindicalistas
de los sectores calzado, textiles, neumáticos y de la carne. “Con
ellos ya tuvimos varias reuniones y contamos con un diagnóstico
preciso de los problemas que los aquejan”, apuntó la funcionaria.
Justamente, la Cámara del Calzado, a través de su titular,
Carlos Bueno, criticó ayer con dureza a Javier Tizado, titular
de Industria. “No nos respalda por la competencia desleal que hacen
los brasileños”, dijo. Según Bueno, los últimos
acuerdos sectoriales rubricados con Brasil “nunca se cumplieron”
y las importaciones desde ese país excedieron en un 40 por ciento
el tope fijado “y nadie nos respaldó”, acusó.
Lo cierto es que después de conseguido el auxilio financiero, el
Gobierno cree haber superado la crisis de confianza desatada por la renuncia
de Carlos Alvarez a la vicepresidencia. Y quiere retomar la ofensiva,
mostrándose sensible a los problemas del sector productivo. Ya
lo intentó durante el primer año de gestión, anunciando
medidas como el tercer vencimiento en las facturas de servicios para las
pymes y el “compre nacional”, que los industriales denuncian
que nunca se pusieron en marcha.
–Cuando se forma una comisión se generan expectativas que
luego no son satisfechas. ¿No sucederá lo mismo en esta
oportunidad?” –preguntó este diario a Bullrich, gestora
de la idea.
–No. Por eso prefiero hablar de ‘equipo’ y no de comisión.
La idea es que éste sea muy dinámico y operativo. Vamos
a encontrar soluciones cada vez que podamos. Sabemos que existen muchas
trabas burocráticas o de índole impositiva que podrían
flexibilizarse para que el ámbito de la producción y el
trabajo mejoren –respondió la ministra.
Si bien está previsto que en las primeras reuniones participen
los propios ministros, el decreto también prevé que éstos
podrán designar técnicos de su área. Además,
tendrán participación directa las secretarías de
Industria, Turismo, Pyme y las subsecretarías de Política
Tributaria y de Inversiones.
MACHINEA
INICIO SU GIRA EUROPEA
Blindaje
for export
José Luis Machinea inició su gira de presentación
del blindaje ante banqueros, inversores y empresarios europeos
haciendo escala en París. El ministro utilizó las
12 horas que permaneció allí para reunirse con funcionarios
del Tesoro francés y del Banque de France. A última
hora se trasladó a Madrid, donde lo estaba aguardando Daniel
Marx. El secretario de Finanzas estimó que, dada la favorable
repercusión que el blindaje tuvo entre los financistas,
el canje de deuda contemplado en el auxilio financiero podría
iniciarse antes de lo previsto. Más concretamente, en algún
momento durante las próximas dos semanas.
Esta mañana, Machinea tiene previsto encontrarse con banqueros
y empresarios de compañías españolas instaladas
en la Argentina. Cabe recordar que, dada la magnitud de inversiones
de ese origen en el país, España colaboró
con 1000 millones de dólares en el operativo blindaje.
De ese total, casi la mitad, 470 millones, ingresarán hacia
mayo. Y el resto en cuotas trimestrales. La reunión del
ministro con su par español, Rodrigo Rato, recién
tendrá lugar mañana a las 9, debido a que éste
se encuentra en Asia. La gira de Machinea continuará por
Londres y Wall Street, adonde arribará el viernes.
Según Marx, quien ya recorrió Italia y Alemania,
el interés de los inversores en la marcha de la economía
argentina “es superior al que esperaba” y, en base a
este logro, aguarda que el canje de títulos de deuda (de
corto y mediano plazo por otros de largo alcance) será
un éxito. “Los financistas están muy motivados
porque pueden estar pensando que hay algo que se pueden perder
y no se lo quieren perder”, apuntó. En efecto, desde
que se anunció el blindaje, los bonos argentinos mostraron
una fuerte recuperación, que hizo bajar el riesgo país
desde los 1000 puntos a los 690, mientras que las acciones llevan
una mejora del 20,8 por ciento en lo que va del año. Ayer,
los papeles empresarios subieron 0,8 por ciento en promedio, con
un volumen de negocios de apenas 2,8 millones de pesos, debido
a que en Estados Unidos fue feriado y los mercados no operaron.
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El gobernador
firmó un decreto convocando a una sesión especial
de la Legislatura para tratar la rescisión del contrato con
Azurix.