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Por
Victoria Ginzberg
 “Los
argentinos siempre recordamos la histórica solidaridad del pueblo
mexicano con los perseguidos políticos y sociales más allá
de las convenciones y tratados por la defensa de los derechos humanos
y de colaboración para impartir justicia ante los delitos de lesa
humanidad. Confiamos entonces que su gobierno cumplirá con las
obligaciones que su tradición y normativa disponen”, expresó
la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos en una carta que entregó
ayer en la Embajada mexicana. Mientras se espera la decisión del
gobierno azteca acerca de la extradición del represor argentino
Ricardo Miguel Cavallo a España, su abogado defensor intenta apurar
los tiempos en medio de la feria judicial. Ayer reiteró ante el
juez Adolfo Bagnasco su pedido para que el marino sea juzgado en la Argentina,
donde lo amparan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La carta de la Asociación de Ex Detenidos está dirigida
al secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda,
quien tiene veinte días hábiles para confirmar o rechazar
la opinión del juez Jesús Guadalupe Luna Altamirano. El
magistrado mexicano resolvió el viernes –en base al tratado
de extradición y asistencia mutua en materia penal entre su país
y España y en diversas convenciones internacionales– que el
represor conocido como “Sérpico”, “Marcelo”
o “Miguel Angel” debía ser juzgado en Madrid, como lo
pidió el juez Baltasar Garzón. La Procuraduría General
de México también apoyó esa postura.
“Van a cumplirse más de 25 años de nuestra permanente
denuncia y aporte de testimonios del horror vivido. El derecho internacional
desconoce las leyes de exculpación y los indultos con los que legisladores
y gobiernos argentinos han obligado a las víctimas y familiares
afectados a recurrir, como en este caso, a las garantías de justicia
que debe ofrecer a los pueblos la comunidad internacional”, manifestaron
Jorge Miranda, Osvaldo Barros, Carlos Lordkipandise, Margarita Cruz y
Eduardo Lardies en el escrito dirigido a Castañeda.
Ayer, el abogado José Scelzi reiteró ante Bagnasco el pedido
para que el marino, miembro del grupo de tareas que operó en la
Escuela de Mecánica de la Armada, sea juzgado en la Argentina.
Página/12 reveló el domingo 7 de enero que el ex detenido
Juan Gasparini denunció que Bagnasco preparaba el pedido de extradición
reclamado por el defensor de Cavallo. El magistrado que investiga el plan
sistemático para apropiarse de bebés durante la dictadura
se había declarado competente para intervenir en la solicitud que
hizo Scelzi. Los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc, en cambio,
opinaron que debía intervenir la Cámara Federal y que los
planteos de la defensa debían ser efectuados en los tribunales
mexicanos. Bagnasco rechazó la habilitación de la feria
judicial para este caso pero ayer Scelzi insistió y reclamó
que “se resuelvan con urgencia los planteos pendientes”.
“El capitán Cavallo pide que se le dé la oportunidad
de ser juzgado por tribunales competentes en la Argentina por todos y
cada uno de los hechos que figuran en el pedido de extradición
que Garzón envió a México. También pidió
una medida cautelar y que se notifique a México que hay un proceso
en la Argentina”, afirmó Scelzi en diálogo con Página/12.
–Pero acá las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impiden
condenarlo.
–Esa interpretación no tiene relación con lo que pasa
en la Justicia argentina. La Cámara Federal en la causa Astiz dijo
que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no son de aplicación
automática y que no deben frustrarse las investigaciones.
–Pero la voluntad de Cavallo es ser beneficiado por estas leyes.
–No. Lo que él dice es “yo quiero ser juzgado en tribunales
de mi país porque estos hechos ocurrieron en la Argentina”.
–No está diciendo “soy inocente”; es decir que acepta
que esos hechos ocurrieron y que él participó.
–No, no. El pide que eso sea juzgado en la Argentina. Porque hay
que resolver qué juez debe conocer en estos hechos y debe ser un
juez argentino. No se puede aceptar a un juez que no sea el indicado.
Si pudiéramos escoger el juez no existirían las garantías
del debido proceso. El defensor del represor también intenta que
el Gobierno de Fernando de la Rúa –que hasta ahora se mantuvo
al margen–, intervenga en el caso. Scelzi presentó un escrito
con este reclamo en el Ministerio de Defensa. El pedido fue derivado a
la Cancillería.
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