La Justicia y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, también ahora, tienen en sus manos la investigación para determinar si en el sector de Compras de la Legislatura porteña hubo o no pedidos de coima. Pero ya no quedan dudas de que los tres funcionarios involucrados en el escándalo –y separados de sus cargos– estuvieron vinculados con la polémica ex secretaria de Medio Ambiente menemista, María Julia Alsogaray. Así lo confirmaron ayer en Acción por la República, partido en el que recalaron después de su paso por la UCeDé y donde señalan al diputado nacional José Luis Fernández Valoni como responsable de haberlos incorporado al cavallismo. A propósito del caso y del argumento de los denunciados de que son víctimas de una “persecución política, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, advirtió que “los hechos de corrupción se investigan sin mirar la pertenencia política”.
El escándalo que salpica a la Legislatura porteña volvió a cobrar relevancia a partir de la llegada al edificio de Perú 130 de un equipo de seis profesionales de la Auditoría General porteña que se encargarán de revisar todas las cuentas del cuerpo. La intervención del máximo organismo de control externo de la administración porteña fue solicitada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Jorge Enríquez, quien el 2 de enero pasado denunció el caso ante la Justicia.
Los acusados de haber pedido coimas son el director administrativo de la Legislatura, Hugo Verdier; Felipe Crespo y Omar Vázquez. Todos pertenecen a Acción por la República y se los hace responsables de presuntas contrataciones con sobreprecios de hasta el 200 por ciento.
“En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nunca vamos a mirar la pertenencia política cuando se trate de investigar la corrupción”, destacó Ibarra, para después recordar que “yo he hecho denuncias, como jefe de Gobierno, que involucraban a sectores pertenecientes a la Alianza, y no me importó. Además es importante que intervenga la Auditoría, porque eso demuestra que los sistemas de control funcionan”.
“No importa nunca el color o la filiación política de nadie: cuando hay denuncias de corrupción, nuestra instrucción es derivarla de inmediato a la Justicia”, coincidió su vice, Cecilia Felgueras.
En las filas del cavallismo no hay ánimo de defender a los tres sospechados y se pedirá su expulsión al Tribunal de Conducta. “Verdier es un ex capitán del Ejército que fue tesorero de la UCeDé, mientras María Julia y Alvaro Alsogaray lideraban el partido”, confirmó a Página/12 un legislador, y agregó que “además estuvo muy ligado al ex concejal Jorge Pirra”. En 1993, Pirra pasó de la UCeDé al PJ, del cual fue años después desafiliado al ser procesado por enriquecimiento ilícito.
El vínculo de Crespo con María Julia es más reciente: se desempeñó como director del Plan Nacional de Fuegos en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación durante la gestión de Alsogaray. Los mismos cavallistas precisaron que Vázquez responde a los legisladores Atilio Alimena y Marta Talotti, ambos enfrentados con el secretario de Coordinación del cuerpo, Julián Licastro, exponente de otra línea de Acción por la República.
El escándalo podría complicar la situación interna de Fernández Valoni, a quien responsabilizan por el ingreso al partido de los tres hombres denunciados por corrupción. Fernández Valoni fue en su momento uno de los promotores de la incorporación de Elena Cruz a la lista cavallista de legisladores.

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