El intento del represor Ricardo Miguel Cavallo para que el Gobierno argentino interviniera oficialmente para impedir su extradición a España fue, por ahora, inútil. “En el tema de fondo, que es la extradición de Cavallo, el gobierno argentino no es parte, son partes el gobierno español y el gobierno mexicano y allí no va a intervenir el gobierno nacional”, manifestó el vocero presidencial, Ricardo Ostuni. La Cancillería se mantuvo en la misma línea. “Son los jueces los responsables de actuar en tales circunstancias”, aseguraron colaboradores del ministro Adalberto Rodríguez Giavarini.
José Scelzi, abogado de Cavallo en Argentina, se presentó ante el juez federal Adolfo Bagnasco y ante el Poder Ejecutivo con un mismo pedido, que su defendido sea extraditado a Argentina, donde lo amparan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y no a España donde será juzgado por genocidio y terrorismo.
“El pedido acaba de llegar a la Cancillería y al Ministerio de Justicia, girado desde Defensa y está bajo estudio. Sin embargo, se puede adelantar que –de acuerdo con las normas vigentes– no es el Poder Ejecutivo quien debe tramitar las extradiciones. Son los jueces los responsables de actuar en tales circunstancias”, expresaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores en referencia al escrito de Scelzi, en el que reclama que el Poder Ejecutivo interceda por su defendido en base al principio de territorialidad. El vocero presidencial recordó que el gobierno nacional “lo único que ha hecho fue lo que se hace con todo argentino (detenido en otro país) que es otorgar la asistencia consular”. Sin embargo, en otras oportunidades el Gobierno se ha pronunciado en contra de la extraterritorialidad de la justicia.
Los organismos de derechos humanos están en alerta ante probables pasos del Gobierno porque recuerdan dos antecedentes: el caso del ex dictador Augusto Pinochet, en el que el gobierno chileno insistió para que fuera llevado a Chile y la funcional confusión entre el Ministerio de Justicia y el juez Gustavo Literas, que provocó que la orden de captura internacional contra 98 represores elaborada por el magistrado español Baltasar Garzón quedara en la nada y volviera a España. Pero hay algunas diferencias entre estos casos y el de Cavallo. En principio, la insistencia del gobierno chileno para repatriar al dictador estaba respaldada –además de en su “jerarquía”– por la Justicia de su país, que esperaba poder juzgarlo en Santiago. Esta no es la situación de Cavallo, a quien por el momento ningún magistrado argentino reclama. En el segundo hecho –las órdenes de capturas de Garzón– se le pidió al Estado argentino que extraditara a los represores. En cambio, con respecto a Cavallo, ni el juez mexicano ni el español reclamaron nada al gobierno de Fernando de la Rúa.
Sin embargo, hubo una actitud del juez azteca Jesús Guadalupe Luna Altamirano que incomodó a las autoridades locales. Desde la Cancillería rechazaron la expresión del magistrado acerca de que el país no respeta los pactos internacionales. “España y México son respetuosos de los tratados internacionales, pero Argentina no está cumpliendo con ellos a causa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impiden que Cavallo sea juzgado allí”, aseguró a Página/12 Luna Altamirano momentos después de leer la resolución que indicaba que el represor de la ESMA debía ser trasladado a Madrid.
El canciller mexicano, Jorge Castañeda, que tiene 20 días para expedirse acerca de la extradición de Cavallo, aseguró ayer que resolverá “sin la menor duda” en el plazo legal. Después de la resolución oficial, los abogados del represor en México presentarán un recurso de amparo, que podrá demorar un año el viaje de “Sérpico” a España.
En Argentina, Scelzi espera una señal de Bagnasco. El magistrado no desestimó la presentación en la que pidió la extradición de su cliente y, según informó este diario, estudia la idea de traer a Cavallo y declarar la inconstitucionalidad de las normas que impiden su juzgamiento en el país, aunque no hay seguridad de que este planteo resista una acordada dela Corte Suprema. Por ahora, el reclamo está congelado por la feria judicial.

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