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Por David Cufré
 El gobierno bonaerense, los
legisladores aliancistas y la empresa distribuidora de agua provincial,
Azurix, cruzaron ayer acusaciones de todo tipo, responsabilizándose
mutuamente por los gravísimos problemas de suministro que sufren
miles de personas. Como si fuera un globo que se fue inflando de a poco
y finalmente estalló, ahora nadie sabe qué hacer con los
pedazos desperdigados. Una alternativa que estudia el gobernador Carlos
Ruckauf es entregar la concesión –en caso de que la Legislatura
apruebe la anulación del contrato con Azurix– a la Federación
Nacional de Trabajadores de (la ex) Obras Sanitarias, sindicato conducido
por el menemista Rubén Pereyra. La fórmula sería
similar a la aplicada por Carlos Menem con el ferrocarril de carga Belgrano
Norte, cuando delegó la operación del ramal a Unión
Ferroviaria, otro gremio liderado por un amigo del ex presidente, José
Pedraza.
Hasta ahora, lo concreto es que Ruckauf convocó a una sesión
especial de la Legislatura para analizar la eventual rescisión
de la privatización. El contrato se firmó hace apenas 18
meses y la concesión es por 30 años. La empresa asegura
que las deficiencias del servicio son producto de incumplimientos previos
de la provincia, que debió haber realizado obras que permitieran
su trabajo posterior. El gobernador negó tajantemente ese descargo
e insistió en que se podría avanzar con la rescisión
del contrato. Desde la Alianza acompañaron esa postura, pero le
reprocharon al gobernador que haya dejado llegar el conflicto al punto
actual.
El ministro de Obras Públicas bonaerense, Julián Domínguez,
convocó para hoy a la presidenta de la Comisión para el
Control y Seguimiento de las Empresas Privatizadas, Elizabeth Moyano,
diputada radical. El funcionario tanteará en esa reunión
cuál es la posición de la Alianza. Si bien todos concuerdan
en que la prestación de Azurix es “espantosa”, resulta
menos claro cómo salir de esa situación. En efecto, los
diputados opositores sostienen que Ruckauf giró el tema a la Legislatura
para desembarazarse de la responsabilidad de tomar una decisión.
Pero, a la vez, dicen que busca aparecer ante la opinión pública
encabezando la defensa de los usuarios.
El diputado Henry Stegmayer (Socialismo Popular) enfatizó que Ruckauf
“evade en forma grave sus propias obligaciones, ya que según
el contrato de concesión es él quien debe decidir si hay
causas suficientes para anular o no la privatización”. El
legislador recordó que el contrato establece un procedimiento específico
para llegar a su rescisión, como por ejemplo intimar a la empresa
a que corrija su accionar y darle un plazo no inferior a 30 días
para que produzca su descargo. El Ejecutivo provincial no tomó
hasta ahora esa medida. “Si este procedimiento no se cumpliera, la
prestadora podría impugnar la rescisión y la provincia podría
ser demandada por cifras varias veces millonaria”, advirtió
Stegmayer.
Domínguez optó ayer por seguir cargando las tintas contra
Azurix. Dijo que resultó “grosero y despectivo” por parte
de la empresa que “su única propuesta para mejorar el servicio
sea incrementar las tarifas”. Para el ministro, esa oferta es equivalente
a “un tratamiento de segunda para los habitantes de la provincia”,
al tiempo que insistió en que “si hay inviabilidad en el cumplimiento
de las metas que prevé la concesión, la provincia estudiará
la rescisión del contrato”. Ruckauf, por su parte, especuló
que Azurix estaría buscando la rescisión, ya que el negocio
resultó menos rentable de lo previsto y las complicaciones operativas
la abruman. “Están buscando fabricar un juicio. Tienen la
típica actitud preparatoria para una acción judicial”,
afirmó Ruckauf.
El tema de fondo es que al tomar posesión de la concesión
Azurix presentó un plan de obras que fue aprobado por el entonces
gobernador Eduardo Duhalde. Pero los plazos previstos para esos trabajos
no eran consistentes con la mejora del servicio que prometió. Además,
surgieron problemas imprevistos –por caso, en Bahía Blanca
proliferaron algas en el dique Paso de las Piedras, que contaminaron el
agua– y haría falta elevar considerablemente las inversiones
para que el servicio general seaeficiente. La empresa se resiste a aportar
más dinero y reclamó aumento de tarifas. Pero el descontento
popular es tan grande que resulta políticamente imposible inclinarse
por esa vía.
Los problemas también se originan en desprolijidades groseras en
la privatización. La diputada Moyano señaló a Página/12
que el entonces gobernador Duhalde “tenía tanto apuro en que
se aprobara la concesión del servicio de agua y cloacas que obvió
cuestiones elementales, como hacer un inventario del estado en que se
entregaba OSBA (Obras Sanitarias de Buenos Aires)”. También
reveló que la totalidad de los legisladores aliancistas le advirtieron
a la embajada estadounidense sobre los riesgos que corría Azurix
–compañía del grupo Enron–, pero que esas advertencias
fueron desoídas. “Ahora la empresa no puede alegar desconocimiento
y lo que debe hacer es prestar el servicio para el que se comprometió”,
concluyó Moyano.
STANDARD
& POOR’S CRITICO EL ENDEUDAMIENTO BONAERENSE
Deuda con pronóstico reservado
El deterioro de las finanzas
públicas, la muy limitada capacidad de recortar gastos, el rápido
crecimiento de la deuda y la falta de indicios de una reversión
de los resultados negativos en las cuentas públicas de la provincia
de Buenos Aires para el 2001 determinaron, a criterio de la evaluadora
de riesgos Standard & Poor’s, que se le asignara la calificación
“BB-” a la deuda en moneda extranjera del distrito gobernado
por Carlos Ruckauf.
La evaluación realizada por S&P, a propósito de la emisión
por parte del gobierno bonaerense de la serie 19 de Eurobonos de mediano
plazo por 200 millones de euros (con vencimiento en enero de 2003), señala
que “luego de dos años de estrés financiero, el presupuesto
de la provincia preveía una mejora en su desempeño fiscal
en el 2000”. Sin embargo, refiere, “las ejecuciones presupuestarias
fueron afectadas negativamente por el lento ritmo de recuperación
económica y la incapacidad de la provincia de reducir sus gastos
operativos”. Las estimaciones del presupuesto original, con un déficit
operativo estimado de 734 millones de pesos y un déficit fiscal
de 1360 millones, resultarán ampliamente desbordadas, según
señala el informe de S&P. “En cuanto al 2001, el presupuesto
no prevé un cambio significativo en la evolución fiscal,
por lo que se espera un déficit fiscal de 1457 millones de pesos”,
agrega.
El informe consigna que la deuda provincial a noviembre del 2000 ascendía
a 3283 millones de pesos, que equivalen al 36 por ciento del total de
ingresos y el 3,2 por ciento del PBI. Sin embargo, si a esa cifra se le
suman otras obligaciones, como las emisiones de corto plazo y deudas que
la provincia contrajo con el Banco Provincia, el total de deuda alcanza
4800 millones, “un nivel moderado aunque creciente”.
Como uno de los signos preocupantes del contexto financiero de la provincia,
S&P señala la “considerable variación negativa”
de la recaudación de impuestos durante el 2000, “tanto comparado
con los resultados de 1999 como con los mismos pronósticos para
el año”. La amplia y diversa base económica de la provincia,
los indicadores de deuda relativamente bajos y el acceso a capital de
un gran número de fuentes son señalados, sin embargo, como
aspectos rescatables de la situación de la provincia para mantenerle
la calificación. Aunque el propio informe advierte que “la
falta de indicios que reflejen una reversión de esta tendencia
de amplios resultados negativos durante el año 2001 se combina
con expectativas de persistencia de desequilibrios de importancia hasta,
al menos, el año 2003”.
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