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Por Eduardo Videla
 Tras la ampliación del
control fotográfico de infracciones de tránsito, el gobierno
porteño está preocupado por mejorar el nivel de cobro de
las sanciones que, según fuentes oficiales, alcanza a un 36 por
ciento de actas confeccionadas. Entre otras medidas, el gobierno estudia
la privatización del cobro de multas, a través de mandatarios,
pero también la ampliación de la red de pago voluntario
–actualmente se abona sólo en sucursales del Banco Ciudad–.
Las multas fotográficas son las que más dificultades presentaron
para el cobro: las empresas concesionarias –que sólo perciben
el canon por las multas pagadas– aseguran que el gobierno apenas
cobró el 6 por ciento de las actas realizadas durante el 2000.
El resto está a punto de ingresar a la categoría de incobrable:
los tribunales de Faltas porteños mantienen la suspensión
decretada en agosto sobre esas infracciones, hasta que el Tribunal Superior
de la Ciudad resuelva un planteo de inconstitucionalidad del sistema.
Aunque las autoridades porteñas insisten en que el sistema de multas
fotográficas no tiene como finalidad recaudar fondos sino “corregir
la conducta social de los conductores”, los funcionarios apuntan
a mejorar el nivel de cobro, que consideran bajo. El director general
de Infracciones, Lautaro Erratchu, aseguró que el 36 por ciento
de multas cobradas es un porcentaje histórico, y añadió,
incluso, que en el 2000 se recaudó más que en 1999 en concepto
de multas de tránsito: 31 millones contra 28 millones del año
anterior. Sin embargo, pretenden mejorar esa cifra: para ello estudian
extender el sistema de cobro por mandatarios –que actualmente se
aplica a las deudas de Rentas y a las multas con sanción judicial–
a todas las infracciones.
Entre las causas de no pago, el funcionario precisó que “hay
un alto porcentaje de gente que es absuelta, porque el acta está
mal confeccionada, mientras que otro porcentaje directamente no recibe
la notificación porque los padrones están desactualizados:
son los casos en que los conductores han vendido el vehículo y
cuando reciben la boleta, por supuesto, no la pagan”, explicó
Erratchu.
Para resolver ese inconveniente, la Dirección de Infracciones firmó
un convenio con el Registro de Propiedad del Automotor, para tener acceso
on line a los padrones que están al día (hasta ahora recibía
la información con seis meses de demora).
Otras de las causas de no pago es la imposibilidad de afrontar el monto
de la multa, o la especulación con la eventual prescripción
de la sanción: las faltas leves, como el mal estacionamiento, prescriben
al año, mientras que las graves –exceso de velocidad o violación
de luz roja– expiran a los dos años, siempre que no haya una
reincidencia.
Como respuesta a la primera de las causas, el gobierno estudia la implementación
de “planes de facilidades para que los infractores puedan hacer frente
a las multas”. Además, se facultó al Banco Ciudad para
que celebre convenios con sistemas como Pago Fácil, Unipago y otros
bancos para extender la red de cobro, “de manera que el infractor
que vive en La Matanza no tenga que venir a una sucursal del Banco Ciudad
para pagar la multa”, dijo Erratchu.
Las concesionarias del servicio de control fotográfico del tránsito
formularon otras propuestas, como “reducir el monto de las multas:
a una persona que gana 1500 pesos se le hace muy difícil pagar
200 por ir a 70 kilómetros por hora en una avenida”, dijo
José Ibarzábal, vocero de la empresa Meller.
Las dos concesionarias, que se hicieron cargo del servicio en febrero
de 2000, confeccionaron multas en forma furibunda en los primeros siete
meses: un total de 500.000, a razón de 2500 por día, contando
sábados y domingos. La fiesta terminó en agosto, cuando
el gobierno suspendió el sistema por dos meses, ante la detección
de irregularidades. Sólo se cobraron 32.000 boletas de esas 500
mil. Del resto, la Legislatura condonó las realizadas por mal estacionamiento
en forma reiterada. Las demás están vigentes, pero los jueces
de faltas las mantienen suspendidas “hasta determinar si las infracciones
realizadas sin presencia de la autoridad policial son legítimas”,
dijo a Página/12 César Losa, miembro de la Cámara
de Apelaciones de Faltas.
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“Hay que cumplir
las normas”
“No se puede tratar de la misma manera al que respeta los
límites de velocidad y la luz roja que al que, desentendiéndose
de la seguridad del resto de la ciudadanía, no respeta la
ley”, dijo ayer el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra,
al salir al cruce de las quejas por las multas fotográficas
realizadas en avenidas.
Las protestas se hicieron sentir porque muchos automovilistas consideraron
exiguo el límite de velocidad de 60 kilómetros por
hora para avenidas como Figueroa Alcorta y Del Libertador.
Ibarra se pronunció en contra de modificar esos límites
y a favor de hacer cumplir la ley. “Uno de los problemas que
tenemos en la ciudad de Buenos Aires es el tránsito –argumentó
Ibarra–. Tenemos uno de los niveles más altos de accidentes
de tránsito, y hay una cultura de algunos sectores de incumplimiento
de las normas. Por eso, además de implementar medidas de
fondo, como la ampliación de la red de subtes, estamos generando
una campaña de concientización y ejerciendo un control
más fuerte, que era lo que faltaba en la ciudad.”
En ese contexto, Ibarra defendió el sistema de multas fotográficas:
“La fotografía es una herramienta para verificar y tener
pruebas de la infracción”. Por su parte, el subsecretario
de Obras y Servicios Públicos, José Luis Calvo, admitió
que, si bien fueron colocados 2500 carteles de señalización,
“la tarea aún no ha terminado”.
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