Por Diego Schurman

La CGT rebelde le solicitó al Gobierno un aumento gradual del salario mínimo, hasta llegar a los 500 pesos, un lugar en la mesa de discusión de la reforma tributaria, y la rebaja del IVA en los productos de la canasta familiar. Así lo informó ayer el sindicalista Hugo Moyano al finalizar un encuentro con la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien se comprometió a llevar las inquietudes a la reunión de gabinete ampliada que se realizará hoy en la quinta de Olivos. Previamente hubo un contacto entre la funcionaria y el jefe de la CGT oficial, Rodolfo Daer, a quien le pidió que desista de realizar el paro de 36 horas convocado para el 1º y 2 de marzo.
La reunión con Moyano sirvió para que los sindicalistas y la ministra intercambiaran una amplia agenda, a la que se comprometieron tratar en los próximos días.
La CGT rebelde insistió con reabrir la discusión del salario mínimo, vital y móvil, estancado hace años en 200 pesos. “¿Cómo puede ser que se ubique por debajo de la jubilación mínima, que está en 300 pesos?”, le preguntaron a Bullrich, quien tomó cuidadosamente apuntes, flanqueada por Guillermo Yanco, en su doble rol de marido y funcionario de Trabajo.
La propuesta de la CGT rebelde es ir aumentando gradualmente el piso salarial, ubicándolo en 300 pesos para después –sin especificar los plazos– llevarlo gradualmente a 500 pesos.
Lo que más entusiasmó a los sindicalistas es la forma en que la ministra recibió su pedido de participar en las discusiones de la reforma tributaria, un rubro por el que el Gobierno hasta ahora sólo rindió honores al diputado Domingo Cavallo. Bullrich, de todos modos, intentó bajar las expectativas a un compromiso de forma: llevar los reclamos ante el presidente Fernando de la Rúa.
El paquete de reclamos de la CGT también incluyó terminar con el IVA del 21 por ciento en los productos de la canasta familiar, aumentar las asignaciones familiares y crear un fondo de garantías para los créditos laborales frente a la insolvencia de las empresas. Es decir que, ante una situación de quiebra, exista un fondo financiado con aporte empresario para garantizar el pago a los trabajadores.
Bullrich, en cambio, fue por sus propios y anunciados objetivos: arrancó por la regularización del servicio doméstico, para luego pedir la colaboración de la CGT en la modificación del sistema de vida interno de los gremios, haciendo lugar así a las objeciones planteadas por la Organización Internacional del Trabajo. Y remarcó que le interesa, en especial, la participación de las minorías en las conducciones sindicales. Como era de prever, los dirigentes presentes no mostraron demasiada predisposición y hasta se quejaron por la visión “europea” del sindicalismo argentino como organizaciones asociadas al fascismo.
La discusión de la reforma previsional, en cambio, quedó “bajo un paraguas”, o sea, de lado. Esto es porque hay posturas irreconciliables entre el Gobierno, que la considera progresista, y la CGT rebelde, que la repudia del principio hasta el final.
No se habló allí ni de la reforma laboral ni de la desregulación de las obras sociales. Sin embargo, este último tema fue centro de las discusiones que representantes de la CGT oficial y también de la rebelde mantuvieron ayer en reserva con el ministro de Salud, Héctor Lombardo.
Esta vez no se hablaron de aspectos técnicos de la ley sino del “fondo innominado” que controla la AFIP y que se financia con dinero de las obras sociales sindicales. Son 37 millones de pesos que ahora se deberán devolver a los gremios, aunque todavía no está resuelto de qué manera se hará el reparto.
Una de las propuestas que circuló para sacar el porcentaje que le corresponde a cada obra social –más allá de a quién responda políticamente– es que se tome de referencia la recaudación promedio delos últimos tres meses. Lombardo tomó la idea y prometió seguir discutiendo el tema en nuevas reuniones con los caciques gremiales.

EL ABOGADO DE LA CGT REBELDE QUERELLO A CAVALLO
En manos del juez Liporaci

Por D.S.

Carlos Liporaci, el juez a cargo de la causa de los sobornos en el Senado, será el responsable de investigar si Domingo Cavallo incurrió en una presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho mientras se desempeñaba como ministro de Economía de Carlos Menem.
La denuncia contra el ahora diputado de Acción por la República fue presentada formalmente ayer por el abogado de la CGT rebelde, Héctor Recalde, al detectar una presunta comisión de delitos en la afirmación “por favor, no hablen más de los fondos reservados, porque ésa es la plata que hay para sacar las leyes”.
El textual figura en el libro El Divorcio de Martín Granovsky. Según el texto, Cavallo dijo la frase en 1993 en un encuentro reservado con Carlos “Chacho Alvarez, al que también concurrieron la actual ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y el diputado José Vitar.
De acuerdo a la denuncia, de comprobarse la veracidad de los dichos, Cavallo estaría incurriendo en los delitos de:
Malversación de fondos: por haber dado al dinero recibido del Estado una finalidad diferente para aquel a la que estaba destinado.
Cohecho: ya que el hecho de no rendir cuentas de los gastos reservados no implica que el mismo sea utilizado para cometer el ilícito de comprar votos para la sanción de leyes.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público: por haber hecho entrega de dinero con fines contrarios a la ley.
Recalde aseguró en el escrito que el último domingo, cuando concurrió a la presentación del libro El Divorcio, que se realizó en Villa Gesell, conversó con Granovsky sobre el contenido de la página 248, donde se transcribe el diálogo entre Cavallo y Alvarez. “Le pregunté sobre el párrafo que motiva esta denuncia y el autor lo ratificó totalmente”, aseguró.
Cavallo no admitió ni desmintió nada. Se encuentra de vacaciones en Europa y recién retornará al país a fin de mes. Su vocero, Sebastián García Díaz, aseguró a Página/12 que el ex ministro no hablará del tema. De todos modos, estaría obligado a hacerlo si prospera el pedido de Recalde al juez para que se cite al ex ministrode Economía junto a Alvarez, Fernández Meijide y Vitar para ratificar o rectificar los dichos publicados.

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