|
Por Victoria Ginzberg
 “Nosotros los estamos
escrachando a ustedes”, “La Marina no olvida ni perdona”.
Estas frases fueron las que recibieron como respuesta los miembros de
HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
cuando interpelaron a supuestos policías o servicios de inteligencia
que filmaban sus actividades. Cansados de persecuciones y, sobre todo,
con miedo, los integrantes de la agrupación presentaron ante la
Justicia un habeas corpus preventivo en el que denunciaron las posibles
violaciones de la ley de Defensa y de Seguridad Interior, que prohíben
a las Fuerzas Armadas y a la policía realizar este tipo de seguimientos.
La Cámara Criminal y Correccional desestimó el habeas corpus
pero consideró que debían investigarse los posibles delitos
que surgían de las pruebas presentadas por HIJOS.
El escrito presentado por HIJOS ante la Justicia se centra en los hechos
ocurridos en dos escraches organizados por esta agrupación: el
del 7 de octubre de 2000, en el que se alertó a los vecinos de
Floresta que Ernesto Enrique Frimon Weber –alias 220– vive en
la calle Virgilio 1245 de Capital Federal, y el del 9 de diciembre de
2000 que se realizó en el domicilio del ex agente del batallón
601 Rubén Osvaldo Bufano, en Madariaga 6236, Vila Lugano.
Los jóvenes que asistieron a este último acto –que
se realizó poco después de que HIJOS denunciara la violación
del arresto domiciliario por parte del ex dictador Emilio Eduardo Massera–
observaron que los estaban filmando con una cámara tipo betacam
y una antena satelital. Ante las preguntas de los organizadores, los hombres
respondieron: “La Marina no olvida ni perdona”. Los HIJOS, a
su vez, filmaron y retrataron a varias personas que podrían ser
policías de civil o espías. Hoy a las 18 en Venezuela 821
los jóvenes realizarán una conferencia de prensa para denunciar
las intimidaciones y amenazas que sufren desde hace tiempo.
La agrupación de derechos humanos solicitó a la Justicia
que los ministerios de Interior y de Defensa y la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE) informen si las personas de las fotografías
y del video pertenecen o pertenecieron a alguna repartición de
la Policía Federal, la Gendarmería, las Fuerzas Armadas
o a la SIDE y en su caso si estaban de servicio y qué órdenes
tenían con respecto a los integrantes de HIJOS. También
solicitaron que, en cumplimiento de la ley de habeas data, el estado suministre
los datos reunidos sobre miembros de HIJOS.
El expediente está en manos del juez de instrucción Gustavo
Daniel Karam. Su colega Ricardo Arturo Warley había desestimado
el hábeas corpus después de que las Fuerzas Armadas y la
policía respondieran que no existían órdenes de captura
contra los dos integrantes de la agrupación que figuran como denunciantes.
Pero los jóvenes insistieron y volvieron a la Justicia con una
nota publicada a fines del año pasado por la revista Noticias.
“Es casi un trabajo de rutina. Se siguen las marchas y se realizan
cuadros de contactos y relaciones. De todas maneras no hay que sacarles
la mirada de encima: en algún momento puede aparecer alguien que
quiera utilizar su bronca para sacer provecho, como pasó con Quebracho”,
manifestó, según la revista, “un agente acostumbrado
a estas tareas”.
Los seguimientos, persecuciones y amenazas no son nuevos ni privilegio
de los HIJOS de la Capital. La regional de Rosario presentó un
habeas corpus preventivo a fines de noviembre de 2000. La abogada de la
agrupación en esa ciudad, Matilde Bruera, había recibido
un libro lleno de explosivos y varios jóvenes sufrieron amenazas
telefónicas de muerte. En Rosario y en Córdoba aparecieron,
en facultades o cerca de los domicilios de los integrantes de la agrupación,
carteles con sus datos personales.
JUICIO
A LA DICTADURA EN ALEMANIA
Testigos del horror
“La última vez que
vi a Elisabeth Käseman fue en El Vesubio cuando nos fueron llamando
uno por uno a todos. Se respiraba el olor a muerte que sentíamos
cuando había traslados. Nos dejaron allí esposados y encapuchados”,
relató ayer en Bonn, Alemania, la ex detenida Elena Alfaro. Ella
y Diana Austin declararán hoy como testigos en la fiscalía
de Nüremberg, que investiga 12 casos de ciudadanos alemanes o descendientes
de esa nacionalidad desaparecidos o asesinados en Argentina entre 1976
y 1983.
Elisabeth Käseman era la hija del teólogo más importante
de la Iglesia Evangélica alemana. En 1968 viajó a Buenos
Aires para hacer su tesis en sociología. Recorrió las villas
de Wilde, Lomas de Zamora y Retiro para recoger datos sobre los niveles
de pobreza. El 8 de marzo de 1977 fue secuestrada y llevada al cuartel
militar de Palermo. Tres semanas después el entonces general Guillermo
Suárez Mason informó públicamente de un “enfrentamiento
en el que murieron 16 personas, entre ellas cuatro mujeres”. El médico
de la embajada alemana comprobó que uno de los cadáveres
correspondía a Elisabeth.
La Coalisión contra la Impunidad, que organiza el juicio de Nüremberg
contra 41 militares argentinos, afirma que “la embajada ocultó
durante dos días la información oficial sobre esta muerte
a fin de no perturbar el partido de fútbol que disputaban las selecciones
de Argentina y Alemania”. El padre de Elisabeth, Ernst Heinrich Friedrich
Käseman, relató al escritor Osvaldo Bayer que le entregaron
el cadáver veinte días después que apareció
en Monte Grande. “No tenía cabellos, le faltaban los ojos,
le habían roto la nuca a balazos”, describió.
La reverenda Diana Austin, pastora de la Iglesia Presbiteriana de Nueva
York, fue secuestrada de su casa en Buenos Aires por militares argentinos
el 11 de marzo de 1977. Aseguró que fue interrogada durante 14
horas y que sus respuestas eran confrontadas inmediatamente con las de
la señora Käseman, a quien mantenían bajo torturas
en una habitación contigua. “Me aplicaron varias veces la
picana y me amenazaron con dañar a mis sobrinos”, manifestó
Austin.
Elena Alfaro estuvo en el centro clandestino El Vesubio entre abril y
noviembre de 1977. Allí vio que Käseman tenía señales
de tortura. “Su estado físico era lamentable, estaba muy delgada.
La última vez que la vi fue el 23 de mayo. Eran 16 personas indefensas,
encapuchadas y esposadas, llenas de ideales y de vida, que fueron ejecutadas
en el campo del Vesubio”, contó la ex detenida.
La Fiscalía de Nüremberg debe emitir en breve las órdenes
de captura contra Carlos Guillermo Suárez Mason, Pedro Durán
Saenz, José Montes y Juan Bautista Sasiaiñ, acusados por
el crimen de Käseman.
|
