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Por Diego Schurman
 El Gobierno lanzará a
mediados de febrero un Plan Nacional de Regularización de Trabajo.
Así lo anunció a Página/12 la jefa de la cartera
laboral, Patricia Bullrich, tras la reunión de gabinete ampliada,
celebrada ayer en la residencia de Olivos. En la Argentina, más
del 30 por ciento de las personas ocupadas lo hace informalmente, y por
lo tanto no aporta al sistema previsional.
Con la medida, el Gobierno intentará recuperar para el mercado
formal a millones de trabajadores en negro que se desempeñan, básicamente,
en el servicio doméstico, la actividad rural y en empresas pequeñas
de no más de 5 empleados. De esta manera se buscará simultáneamente
financiar la seguridad social.
“Vamos a hacer una campaña intensa basada en la idea de que
no es tarde para regularizar. Esta es una apuesta grande porque es un
cambio cultural y los cambios culturales son procesos lentos”, señaló
Bullrich a Página/12. Además de la vía publicitaria,
se buscará sumar adhesiones a través de encuentros con diversas
organizaciones intermedias, la Iglesia y sectores políticos.
Según la funcionaria, el plan irá de la mano de la reforma
previsional. “Tiene que haber una unidad de concepto. La gente tiene
que entender que no es tarde para regularizar su situación y así
tener la posibilidad de poder jubilarse, porque ya no se trata de una
jubilación estática, ahora con una prestación proporcional
con 10 años de aportes puede recibir una jubilación de 150
pesos, cuando antes no recibía nada”, agregó.
En el sector del servicio doméstico se calcula en cerca de 1 millón
las personas que trabajan en negro y menos de 100 mil las registradas.
Desde del año pasado existe un régimen especial, en el cual
los empleadores deben aportar, de acuerdo con las horas semanales trabajadas,
entre 20 y 55 pesos, que se destinan al régimen del seguro nacional
de salud y al régimen público de reparto.
La iniciativa también reimpulsará la inscripción
de estibadores y trabajadores agrarios, a quienes se les entregará
gratuitamente la Libreta del Trabajador Rural. Se trata de una identificación
y prueba de inscripción en el régimen previsional otorgada
por el denominado Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.
La actual ley dispone multas para aquellos que desempeñan una actividad
rural y no poseen la libreta. Pero sólo en los papeles: el trabajo
en negro en este sector alcanza a 1,2 millón de personas.
En el caso de los trabajadores de empresas de menos de 5 empleados, el
ministerio está en plena discusión de un “régimen
especial” que facilite el blanqueo. El Gobierno no tiene una estimación
exacta de cuántos trabajadores en esta situación se encuentran
en negro.
“En todos los casos habrá otros componentes para facilitar
el blanqueo, como la capacitación, el seguro de desempleo y la
tarjeta de seguridad social para los informales que no llegan a ser monotributistas”,
señaló la ministra.
El trabajo en negro es un problema para el sistema previsional, por el
alto número de morosos y evasores, pero también para el
propio empleado, que ve acotado sus derechos: no puede jubilarse ni cobrar
pensión por invalidez, ni su familia puede cobrar pensión
por fallecimiento. Tampoco puede cobrar vacaciones, aguinaldo, salario
familiar, horas extra, ni puede pedir un crédito, ya que no cuenta
con un recibo.
En los últimos años hubo varios intentos por terminar con
el trabajo en negro. Reemplazando “negro” por “no registrado”
–luego que un sindicalista le advirtiera del tufillo racista del
término–, Bullrich emprenderá ahora otra “misión
imposible”.
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