Por David Cufré

Dos días después que Página/12 revelara las escandalosas maniobras en la adjudicación de registros del automotor a familiares y amigos de políticos, el Ministerio de Justicia encomendó “en forma urgente” a la Oficina Anticorrupción que investigara el tema. El pedido se produjo el 10 del corriente y la respuesta del director de investigaciones del organismo, Manuel Garrido, demoró apenas cinco días. En tan corto lapso pudo comprobar que “prima facie” se cometieron numerosos ilícitos en una serie de nombramientos de titulares de registros. Se trata de quince designaciones, ocurridas entre noviembre y diciembre de 1999, dispuestas por el entonces ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo. El actual titular de esa cartera, Jorge de la Rúa, informó ayer que en función del dictamen de la OA resolvió suspender por 90 días aquellas adjudicaciones –ratificando una decisión previa de su antecesor, Ricardo Gil Lavedra– y solicitar a la Justicia que tome los antecedentes del caso para llevar adelante acciones penales, que podrían comprometer seriamente a Granillo Ocampo.
Garrido hizo un análisis detallado de las irregularidades detectadas en cada una de aquellas 15 designaciones. Todos los casos son sorprendentes, pero hay uno que supera a los demás. Se trata del registro que se concedió a Eugenia Sacco. “Este expediente se inició el 6 de diciembre de 1999 y el registro se asignó el 9 de diciembre”, el último día de mandato de Menem. A pesar de lo turbio del caso, Garrido revela que en el expediente de Sacco figura “una nota del senador nacional Alberto Tell –su cónyuge– del 4 de abril de 2000, urgiendo al ministro de Justicia a poner en funcionamiento el registro creado, aunque sin mencionar las razones de su interés en el tema”. Como es obvio, el senador justicialista –uno de los involucrados en la causa de los supuestos sobornos en la Cámara alta para la aprobación de la reforma laboral– estaba especialmente interesado en que su esposa obtuviera la titularidad del registro, ya que es un negocio –para algunos– sumamente rentable.
Otra perlita que denunció Garrido para recomendar la no asignación de las 15 dependencias es la siguiente: a dos de los candidatos se los “examinó” el mismo día, a la misma hora, por los mismos evaluadores, sólo que a uno en Reconquista 1032 y a otro en San José 352. Es decir, a 30 cuadras de distancia.
El evidente cambio de postura de De la Rúa en torno al tema abre una puerta para que finalmente el Gobierno vaya a fondo con la eliminación de un sistema plagado de irregularidades, que funcionó –y funciona, mientras no se corrijan decisiones de la administración menemista– como una forma de enriquecimiento de políticos y otras personas influyentes, como jueces y militares. Los beneficiarios son especialmente de la primera línea del menemismo, pero también de otras líneas del PJ, del radicalismo y del Frepaso (ver aparte). El cambio de actitud del ministro de Justicia se aprecia en que desde que asumió ese cargo jamás se ocupó del tema. De hecho, las designaciones que ahora ordenó suspender fueron autorizadas semanas atrás y algunos de los registros ya habían comenzado a funcionar.
De la Rúa también demostró mayor interés al convocar a Susana Rico a su despacho. La reunión se concretó la semana pasada, después que la auditora de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor relatara a Página/12 sus desventuras tras denunciar a la Justicia los supuestos actos de corrupción que pudo detectar. En virtud de esa denuncia, Rico vive amenazada de muerte con un policía en la puerta de su casa. A pesar de que hace cinco meses que soporta esa situación de máxima tensión, y a sus reiterados pedidos de ayuda al Ministerio de Justicia, nunca hasta ahora había conseguido que alguien la escuchara (ver aparte).
Los nombramientos de 15 nuevos titulares de registros que De la Rúa ordenó suspender habían sido realizados cuando a Carlos Menem le quedaban semanas –e incluso un solo día– en la Casa Rosada. La investigación de Garrido es reveladora de la increíble liviandad para designar a titulares de registros que primó durante la administración de Menem. Durante todo su mandato se crearon 398 delegaciones, más del doble de las que existían antes de que asumiera el poder.
En su dictamen, Garrido menciona la “inusitada rapidez” con que se resolvieron esos expedientes. En ninguno de ellos “se advierte la manera en que fue seleccionado el candidato a ocupar la vacante del registro seccional, circunstancia que demuestra la discrecionalidad con que fue ejercida la tarea por el entonces titular de la Dirección Nacional, Mariano Durand”, destaca Garrido. “Casi ninguno de los propuestos -continúa el director de la OA– acredita experiencia alguna en la materia. A esto se suma que sus antecedentes fueron analizados con llamativa ligereza, ya que muchas veces se nombra a personas sin título profesional alguno –¡incluso en algún caso sin siquiera estudios secundarios completos! (sic)– y, aquellos que aducen tenerlo, a lo sumo acompañan –y con suerte– sólo una copia simple del mismo.”

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