Por Carlos Rodríguez

“Este es un ‘leading case’ en el que se dirime cómo investigar la corrupción policial.” Mientras prepara su contraataque para tratar de revertir el fallo del juez de feria Diego Barroetaveña que dejó sin efecto la detención de 18 policías del Comando de Patrullas de Vicente López acusados de integrar una “asociación ilícita”, el fiscal Hernán Collantes adelantó a Página/12 que considera “arbitrarios e inconcebibles” los argumentos que dispusieron esas libertades. El primer efecto notorio de la decisión tomada por Barroetaveña fue la situación de los 33 suboficiales de la Bonaerense que habían imputado a sus jefes por graves hechos de corrupción. En los últimos días se comunicaron varias veces con el fiscal Collantes y con otros miembros de la Justicia de San Isidro para denunciar “presiones recibidas desde la liberación de los imputados”, comentó a este diario una fuente del fuero. El vocero confirmó que la causa “desvela a los más altos funcionarios políticos y policiales de la provincia”, que enviaron “emisarios” para tomar contacto con acusados y defensores.
Collantes admitió que está “muy sorprendido” por la decisión de Barroetaveña, quien tuvo en cuenta como argumento principal el hecho de que los 33 denunciantes fueran “testigos de identidad reservada”, por considerar que eso vulnera las garantías constitucionales y el derecho a defensa en juicio de los acusados. “Lo que se está ignorando –replicó Collantes– es que las normas internas de la Policía le impiden a los suboficiales acusar a un oficial, porque eso significa el final de la carrera.” “¿Cómo puede pedirse que hagan público nombre y apellido?”
Los denunciantes, que acreditaron ante el fiscal su condición de funcionarios policiales, aportaron datos que llevaron a Collantes a concluir que había una “asociación ilícita” dividida en dos grupos. El primero operaba en el Comando de Patrullas de Vicente López, al mando del comisario Alejandro Blanco, y el otro en la comisaría de Florida, bajo las órdenes del comisario Federico Bludzun.
Entre otros delitos, les adjudicó los de realizar servicios de Policía Adicional (Polad) “en negro”, con empresas de primera línea, que eran cobrados por la asociación y no por la Jefatura de La Plata; inflar la facturación con horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio) nunca trabajadas que eran pagadas por la Jefatura; descuidar zonas de vigilancia habitual donde se incrementaron los robos y otros delitos; dictar órdenes contrarias a la reglamentación policial y amenazar a los numerarios para que no se presentaran a declarar en la causa. Para el fiscal, los hechos constituían una “defraudación a la administración pública en forma reiterada”, cargos que podrían derivar en penas de 8 a 25 años de cárcel.
La causa, que comenzó a principios del año pasado, está a cargo de la jueza Marcela De Langhe, quien había dispuesto la detención de los 18 involucrados. En un año, el expediente acumuló ocho cuerpos, varios anexos y 50 libros secuestrados que acreditaban las irregularidades. El pedido de prisión preventiva elevado por el fiscal quedó expuesto en 80 fojas. En apenas 20, luego de tomar conocimiento en muy pocos días sobre todo lo actuado, el juez de feria Diego Barroetaveña dejó en libertad a todos por considerar que los delitos “no están debidamente acreditados”.
Otra objeción de Barroetaveña fue que no se realizó, como había pedido Collantes, una pericia o auditoría contable para certificar las anomalías en materia de horas Cores y servicios Polad. Collantes la había desechado porque hubiera demandado cerca de un año y él, en cuatro meses, había establecido, comparando pacientemente los distintos libros y comprobantes, que esas adulteraciones habían existido. “Si el mismo servicio está asentado en una planilla de una forma y en un libro de otra manera distinta, no es necesario un experto para establecer la irregularidad”, es el argumento de Collantes. Para desechar lo afirmado por el fiscal, el juez analizó por unas horas lo que a Collantes le llevó meses. Recibió los libros en la tarde de un viernes y resolvió antes del mediodía siguiente.
Los servicios Polad “en negro” eran brindados a una popular empresa láctea (un policía iba en los camiones de reparto), un laboratorio de primera línea, una disquería top, una gran empresa de correos, una compañía de transportes, varias estaciones de servicio, agencias de quiniela, comercios de todo tipo y color, y una red de supermercados del norte del conurbano que, en lugar de dinero, pagaba con mercaderías que por lo general eran retiradas a bordo del móvil policial número 26071.
También se cobraban servicios truchos a un club de fútbol que milita en la Primera B Nacional. En este caso, las irregularidades incluían, los días de partidos oficiales, el envío de menos personal policial del que figuraba en las planillas. El fiscal sostuvo que el descuido de la vigilancia habitual incrementó los robos en general y los de autos en particular en un radio comprendido por las calles Yrigoyen, Avellaneda, Caseros, Libertad, Arenales, Roca y las avenidas San Martín y Maipú. Sobre este punto, Collantes aportó 222 actas labradas por la comisaría de Florida entre los meses de agosto y diciembre del año pasado.
La adulteración de los servicios está acreditada por libros de guardia y de control, y planillas Cores o Polad que van desde el año 1998 hasta mediados del año 2000. Los testimonios de los 33 denunciantes de identidad reservada mencionan también que se descuidaban las custodias en los bancos de la zona norte para cubrir puestos no declarados a la Jefatura. El lunes, Collantes comenzará su ofensiva para dar vuelta el traspié sufrido. La estrategia, según trascendió, podría dar lugar a que el planteo tenga que ser resuelto por la jueza De Langhe, una vez finalizada la feria judicial.

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