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Quizás no hacía falta, pero por las dudas lo aclararon.
En un comunicado publicado ayer en el diario independentista vasco Gara,
la organización separatista vasca ETA reivindicó ayer 15
atentados cometidos entre el 22 de octubre y el 31 de diciembre pasados,
entre ellos dos asesinatos, y la “liberación” de uno
de sus integrantes en Francia. Como si todo esto fuera poco, la ETA dijo
en el mismo comunicado que todos aquellos que firmaron y firmarán
el pacto antiterrorista entre los dos grandes partidos españoles,
el Popular y el Socialista, pueden considerarse “blancos” de
la organización. Y hablando de blancos, ayer el juez Baltasar Garzón
ordenó la prisión incondicional para Pepe Rei, periodista
vasco detenido anteayer bajo el cargo de señalar blancos para la
ETA.
La organización separatista vasca reivindicó los asesinatos
de Ernest Lluch, ex ministro socialista de Sanidad; y de Francisco Cano,
concejal municipal del Partido Popular, baleados el 21 de noviembre y
el 14 de diciembre en Cataluña, calificando a ambas figuras de
“responsables de la política de opresión en Euskal
Herria” (Patria Vasca, en euskera). ETA también afirmó
haber colocado artefactos explosivos contra una pareja de “periodistas
policías” vascos, colaboradores del diario El País
y del canal de televisión Antena 3, en la Facultad de Periodismo
de la Universidad del País Vasco que tuvo por blanco a un responsable
del Partido Socialista, y contra un banquero vasco, miembro del consejo
de administración del periódico El Correo Vasco. También
fueron reivindicados dos ataques contra cuarteles de la guardia civil,
y tres atentados contra edificios de la administración española.
Tres empresas del País Vasco también fueron víctimas
de explosiones porque no dan fondos en favor de la “liberación
del País Vasco”, explicó ETA.
“Cuatro soldados de ETA, que preparaban una operación el 20
de diciembre en Barcelona, fueron sorprendidos por fuerzas policiales
y durante un intercambio de disparos un policía municipal resultó
muerto”, explicó el comunicado de ETA. La organización
separatista también reivindicó la “liberación”
de Alberto López de la Calla, alias “Mobutu”, que se
fugó el 13 de noviembre de un hotel en Aubusson (Francia), donde
estaba bajo el sistema de libertad vigilada.
El comunicado de ETA continúa con una amenaza explícita
a socialistas y populares, que el 12 de diciembre pasado firmaron el llamado
“acuerdo por las libertades y contra el terrorismo” e instaron
a otros organismos políticos a refrendar la iniciativa. Según
el documento del PP y el PSOE, “cualquier divergencia política
entre vascos puede y debe situarse” en el marco de la Constitución
española y del Estatuto de Autonomía del País Vasco
español, y que “cualquier proyecto político, incluso
aquellos que quieran revisar ese marco, debe respetar las reglas de juego
democráticas”.
En lo que es su primera respuesta conocida a este acuerdo, la ETA dijo
ayer que “sus firmantes, los de hoy y los que lo suscribirán
en el futuro, serán considerados por ETA como objetivos de sus
operaciones armadas”, porque representan “la actitud terrorista
del Estado y de sus gobernantes”. Según la organización
separatista, “izquierda y derecha, república y monarquía,
fascismo o democracia, todos tienen el mismo objetivo: mantener a Euskal
Herria bajo la dominación. El Estado español nació
para convertirse en la prisión de los pueblos y, con un guante
de terciopelo o una mano de hierro, siempre busca la mejor manera de estrangular
a Euskal Herria”.
En otro orden de cosas, los investigadores españoles descubrieron
que el cuarto presunto miembro del comando Barcelona de ETA, parcialmente
desmantelado el 11 de enero, es hijo de un comisario de policía.
Diego Sánchez Burría, de 24 años, oriundo de Barcelona
e hijo de un comisario de una pequeña localidad catalana, consiguió
huir luego de la detención de dos presuntos miembros del comando
Barcelona de ETA.
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