Colombia, o ampliación del campo de batalla

Por Gabriel Alejandro Uriarte

Colombia estuvo curiosamente ausente del debate que precedió a la inauguración hoy de George W. Bush en la Casa Blanca. En Estados Unidos, la atención se centró en la política doméstica (como la designación de John Ashcroft como secretario de Justicia) y los temas más generales de política exterior, en particular la posible abrogación del tratado ABM (ver nota en pág. 23). Y en la zona donde debería despertar mayor interés, América del Sur, la llegada de Bush y la formación de su gabinete se analizaron mayormente en términos de comercio y las perspectivas para el ALCA, el tratado de libre comercio continental. Esto es curioso si se comparan los largos plazos de ALCA con una situación colombiana que podría estallar este mismo año. Colombia, junto con Venezuela, es la principal hipótesis de conflicto a nivel regional, y tiene buenas posibilidades de presentar la primera gran crisis de política exterior a la que se enfrente el próximo gobierno. La respuesta norteamericana, sin embargo, es un misterio.
Hay que admitir a primera vista que no habría muchas diferencias entre las estrategias de Clinton y Bush hacia Colombia. O, para decirlo de otro modo, no parece haber mucho más que Bush pueda hacer. Una intervención terrestre está claramente descartada. El republicano ya se manifestó temeroso de crear un “Vietnam latinoamericano”, y un Pentágono que ya se considera inaceptablemente sobreextendido está férreamente en contra de tal operación. Y si se excluye la posibilidad de un Panamá colombiano, la política legada por Clinton no puede ser muy criticada desde el campo republicano. En realidad, es muy similar a que la administración Reagan usó en El Salvador. El 7º Grupo de Operaciones Especiales (Boinas Verdes especializados en América latina) está entrenando a tres batallones de elite –que eventualmente ascenderían a cinco, de unos 1000 hombres cada uno– para desplegarlos en las zonas cocaleras del sur colombiano. Allí se encuentra la principal fuente de dinero para las gigantescas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin los 800 millones de dólares que extraen anualmente del narcotráfico, la apuesta es que su actual nivel de 15.000-17.000 combatientes se tornará insostenible. Y estas reducidas FARC se enfrentarían a un Ejército revitalizado por el adiestramiento norteamericano. El embajador David Passage enfatizó en el Military Review que la situación de El Salvador cuando él estaba allí era mucho peor que en Colombia y, sin embargo, el entrenamiento (accionar en unidades pequeñas, reformas médicas, cooperación aire-tierra, etc.) y 6000 millones de dólares lograron vencer a la guerrilla. Lo único que tendría que hacer Bush, entonces, es seguir el camino que ya trazó Clinton hacia Colombia.
El primer problema con este cómodo diagnóstico es la percepción generalizada de que la estrategia heredada es insuficiente. Primero, porque a Washington le interesa derrotar a las FARC y el Plan Colombia podría ser demasiado limitado para lograrlo. El analista Edward Luttwak ya advirtió que “no se puede ir ‘eliteando’ por todo el territorio: Bogotá tiene que entrenar a su Infantería”. Pero un dilema más urgente es que la opinión pública norteamericana finalmente comienza a caer en la cuenta de que, aun en el mejor de los casos, su ayuda sólo causará una migración de narcos (y probablemente guerrilleros) a los países vecinos. The New York Times advirtió en un editorial que ya se vieron narcos colombianos investigando campos para el cultivo de drogas en Ecuador. De hecho, el Ejército de ese país informó el viernes de un choque con narcos luego de descubrir un laboratorio clandestino. Todo esto llevó a insistentes llamados desde ambos partidos en Estados Unidos para “regionalizar” el Plan Colombia, aportando dinero para mejorar la eficiencia de las fuerzas que deberán defender las fronteras con Putumayo y Caquetá. El secretario de Estado designado por Bush, el general retirado Colin Powell, ya aseguró al Senado que estaba plenamente a favor de esta estrategia.
Pero esta ampliación del campo de batalla a la que se comprometió Powell podría encontrar su primer y quizá más peligroso enemigo dentro del mismo gabinete de su presidente. En su testimonio ante el Senado, el secretario de Defensa designado, Donald Rumsfeld, subrayó que “no creo en el uso de la fuerza militar contra la producción de drogas”. Al defender esta afirmación, que contradice una política iniciada por el padre de George W. Bush, explicó que “donde hay demanda se encontrará una manera de satisfacerla”. Pero su principal motivación podría ser de naturaleza financiera.
Hay que entender que actualmente las Fuerzas Armadas norteamericanas y su tenebroso “complejo militar-industrial” se enfrentan a una crisis en la renovación de equipo, con proyectos que no tienen partidas para entrar en producción, lo que en círculos de defensa se denomina “la catástrofe venidera”. No obstante su énfasis electoral en fortalecer a las Fuerzas Armadas, concretamente Bush sólo prometió un aumento presupuestario en defensa de 45.000 millones en 10 años (Al Gore propuso el doble), una cifra muy por debajo de lo que los mandos militares piden para evitar que sus armamentos queden obsoletos. En el Senado, Rumsfeld habló de 50.000 millones (un pequeño aumento como los que logró cuando era ministro de Defensa de Gerald Ford en los 70), pero no pudo confirmar una suba más significativa. Colombia, por su parte, es el tercer mayor receptor de ayuda norteamericana, y el monto sólo puede subir con la regionalización. Los ejemplos de asistencia norteamericana en Africa (con un costo promedio de 15.000 dólares para entrenar y equipar mínimamente a un soldado) sugieren un aumento de al menos 450 millones para los países de la región, que actualmente reciben 90 millones. A esto hay que agregar el recorte de más de un trillón de dólares que propone Bush –que junto con la desaceleración económica podría sumir a Washington en el déficit– y la preferencia de Rumsfeld por la versión más costosa del sistema de defensa antimisiles. No obstante el prestigio de Powell, esta oposición de Rumsfeld es muy peligrosa. Como un joven y desconocido ministro de Defensa bajo Gerald Ford, no dudó en humillar al mismísimo Henry Kissinger logrando que el Pentágono retirara su apoyo a las negociaciones SALT II que el secretario de Estado realizaba en Moscú. El secretario de Estado quedó en el aire en la cumbre que él mismo había gestionado, una de las muy contadas veces en las que fue vencido en una interna burocrática.
Incluso si logra superar la oposición de Rumsfeld, la gran estrategia del imperio norteamericano tiene una importante falla: la Venezuela de Hugo Chávez. No es un factor desconocido en Washington. Bogotá ya ha denunciado varias veces que el ex paracaidista buscaba otorgar de facto el “reconocimiento político” a las FARC, y hubo un incidente diplomático cuando recibió personalmente a altos líderes guerrilleros en Caracas. El ex Boina Verde George H. Franco denunció que hasta el 90 por ciento de la munición utilizada por los insurgentes venía de Venezuela, si bien se cuidó al afirmar que la fuente eran “oficiales corruptos”. Pero en Colombia muchos no son tan cautos y afirman directamente que Chávez busca reforzar la guerrilla para perpetuar la debilidad del Estado colombiano, con el cual tiene varias disputas fronterizas, especialmente sobre yacimientos petroleros posiblemente enormes en el mar Caribe. El mes pasado el equipo Bush hizo saber que “seremos mucho menos tolerantes” con Chávez.
Algunos analistas en Sudamérica han combinado esta tolerancia cero con la “Doctrina Powell” (intervención militar masiva para proteger intereses vitales norteamericanos) para pronosticar una especie de plan maestro de sangre y fuego para América latina. Pero el gobierno de Bush sencillamente carece de tal coherencia interna. En realidad, no cuenta con ningún esquema intelectual para guiarse. Como el mismo Powell admitió tácitamente, su doctrina no se puede aplicar a Colombia salvo que llegue a una situación in extremis. Y, en todo caso, ha pasado más de una década desde la Guerra del Golfo: las Fuerzas Armadas norteamericanas son muchomás débiles, el enemigo no es un Ejército convencional, y el consenso político en Washington no es más que un recuerdo. La situación que confronta a la nueva administración tampoco es Vietnam, sin embargo. Venezuela difícilmente equivale al apoyo de China y Rusia al Vietcong, y las FARC no tienen la implacable eficiencia táctica ni el apoyo popular de los insurgentes vietnamitas.
Al final, la memoria institucional más aplicable de la Casa Blanca, Centroamérica, también está superada. El país y lo que está en juego es mucho más grande, y el factor del narcotráfico mucho más preocupante. Es notable que cuando Washington percibió en 1989 que Antonio Noriega y su Fuerza Panameña de Defensa (PDF) se estaban independizando de su influencia mediante el narcotráfico, no dudó en derrocar militarmente a su propio gángster antes de que se tornara peligroso en el patio trasero. Cuando analice su actual predicamento en vista de la experiencia de su padre, George W. Bush sólo podrá desear que las cosas fueran todavía tan simples.

Algo mucho peor que la intervención directa

Por Claudio Uriarte

“Seguridad absoluta para un Estado es inseguridad absoluta para todos los demás.” El principio, enunciado por Henry Kissinger en los días de la Guerra Fría y de confrontación con la Unión Soviética, cobra nueva relevancia ahora, aunque en un sentido que su enunciador original hoy probablemente encontraría molesto. Ya que es Estados Unidos, y bajo la administración entrante de George W. Bush –cuyo equipo de asesores externos integra el mismo Dr. K.–, quien actualmente encarna la aspiración a la seguridad absoluta.
La afirmación no debe llevar a deducciones fáciles, como que los republicanos, por ser el partido de la derecha –o por ser los más vinculados a las grandes corporaciones, y por lo tanto al complejo militar-industrial–, van a lanzarse necesariamente a una ola de intervencionismo urbi et orbi. A decir verdad, puede ser exactamente al revés, aunque sus móviles disten de ser virtuosos. Si bien los republicanos son efectivamente la derecha, y el gasto militar casi seguramente aumentará bajo su mandato, es muy probable que sus instintos intervencionistas se muestren mucho más selectivos que en la administración saliente, la del demócrata Bill Clinton. Ya que en Estados Unidos son los demócratas –la centroizquierda– los que más tienden al intervencionismo y al “imperialismo” –que en Estados Unidos se llama “internacionalismo”–, mientras son los republicanos –la derecha– quienes más obedecen al aislacionismo (o a su versión agresiva: el unilateralismo), a la abstención en los conflictos entre poderes extranjeros –sobre todo extracontinentales– y a la idea del refugio en una “Fortaleza América”. Nixon terminó la guerra de Vietnam que empezó Kennedy; las Naciones Unidas nacen de una idea demócrata cuya concreción los republicanos más recalcitrantes querrían abolir.
La diferencia no es entre anti y prointervencionismo, sino que los republicanos tienden a intervenir sólo cuando consideran que está amenazado el egoísta interés de la nación o sus aliados cardinales (Líbano en 1982 y Granada en 1983, bajo Ronald Reagan; Panamá en 1989 y Golfo Pérsico en 1991, bajo George Bush), mientras los demócratas son más proclives a las causas “humanitarias” de gran eco en la opinión pública (Somalía en 1993, Haití en 1994, Bosnia en 1995 y Kosovo en 1995 bajo Bill Clinton). Ya que la intervención directa difícilmente pueda considerarse el punto más alto de agresividad internacional en la época de los misiles nucleares intercontinentales, lo que queda claro del examen del eje principal de la política exterior de Bush: el programa de defensa nacional antimisiles (NMD, por sus iniciales en inglés) con que el gobernador de Texas parece aspirar a poner candado a la casa norteamericana antes de echarse a dormir una siesta.
A primera vista, se trata de un plan defensivo: instalar un sistema de intercepción y destrucción de misiles enemigos en vuelo, a los que Bush y su equipo imaginan disparados contra Norteamérica por “Estados parias” impredecibles como Irak, Irán o Corea del Norte (aunque no se entiende qué podrían lograr esos Estados con ello, salvo su propia destrucción), o bien por grupos terroristas en cualquier rincón del planeta. El programa empezó a ensayarse bajo la administración Clinton, pero Bush proyecta ahora ampliarlo de manera exponencial: ya no se tratará sólo de un sistema basado en tierra sino también en el mar y en el aire, para luego extenderse al espacio exterior.
El carácter “defensivo” del sistema tranquiliza en un primer momento, hasta que se descubre que, en realidad, se trata del diktat militar unipolar elevado a la enésima potencia. Ante todo, esta “defensa” es “ataque” a los ojos de potencias nucleares “legítimas” pero adversarias hacia Estados Unidos como Rusia y China. El motivo está enterrado en las profundidades de la Guerra Fría, concluida ideológicamente pero vigente ensus líneas geopolíticas de fractura, sobre todo cuando los viejos antagonistas han conservado el grueso de su antiguo poder de fuego atómico. A partir del momento en que la URSS adquirió paridad nuclear con Estados Unidos, la paz mundial dependió del principio de la “mutua destrucción asegurada”: cualquier ataque de uno de los polos sería contestado de inmediato por el otro, y cualquiera de los dos tendría la fuerza suficiente para borrar a su enemigo de la faz del planeta varias veces. El “equilibrio del terror” resultante adquirió estatuto de ley con el tratado de misiles antibalísticos (ABM) de 1972, que expresamente prohibió el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles más allá de dos áreas circunscriptas a las sedes de los respectivos gobiernos.
El programa NMD de George W. Bush amenaza destruir ese equilibrio: construir en torno de Estados Unidos una muralla de invulnerabilidad teóricamente lo capacitaría para descargar un “primer golpe” nuclear contra cualquiera sin temer las consecuencias, completando la lógica de la impunidad sin contrapesos cuyos indicios ya se encuentran en la actual doctrina militar del Pentágono, que autoriza el empleo de casi cualquier medio bélico para lograr el objetivo a condición de no sufrir ninguna baja. Una cosa resulta de la otra: como ningún gobierno norteamericano, por razones de política interna, puede afrontar el costo de una guerra con pérdida de vidas norteamericanas, la desventaja resultante en fuerzas convencionales debe compensarse con una abrumadora superioridad en poder tecnológico de destrucción a distancia, cuya última frontera es el empleo impune del arma nuclear. O su amenaza. El NMD, por esta razón, no es defensivo, sino potencialmente superofensivo.
La consecuencia casi irresistible es la repolarización: Rusia, ya alarmada por la expansión de la OTAN a tres de sus antiguos satélites del Pacto de Varsovia (Polonia, Hungría y la República Checa), por el aprontamiento en esa dirección de Rumania y quizás de naciones que pertenecieron al viejo conglomerado soviético (como Ucrania, Georgia y las tres repúblicas bálticas), ya ha adelantado el umbral teórico del uso de armas nucleares y quizá emplazado armas nucleares tácticas en su enclave de Kaliningrado, en el mar Báltico. El emplazamiento del NMD quizá lleve las cosas un paso más allá, hacia una nueva carrera armamentista: la única forma de neutralizar la eficacia del sistema por potencias tecnológicamente atrasadas es amenazándolo con su saturación.
También se abren nuevas alianzas. Rusia y China –por ejemplo–, dos potencias con importantes problemas de separatismos nacionales, vieron con estupor cómo un Occidente liderado por Estados Unidos bombardeaba impunemente por casi 80 días Yugoslavia –una nación soberana–, en favor del independentismo albano-kosovar. Rusia, que pudo hacer muy poco en favor de su aliado serbio, pensó en Chechenia; China, cuya embajada en Belgrado fue bombardeada accidentalmente durante la campaña, pensó en Taiwán –que nada casualmente es uno de los probables destinos de exportación del sistema antimisiles de Bush– y aun en el Tibet. Las consecuencias no demoraron: hay una reaproximación chino-rusa en marcha, y la diplomacia rusa está muy activa en relación con todos los países que deja afuera el sistema unipolar, desde los “Estados parias” hasta Cuba.
Ultimo pero no menos importante, el sistema de defensa de Bush amenaza la cohesión de la OTAN, la propia alianza transatlántica de Estados Unidos. La perspectiva de un Estados Unidos relativamente invulnerable a los ataques misilísticos tiende a disolver la comunidad de intereses defensivos entre Washington y Europa Occidental, sobre todo porque el primero está más lejos que la segunda de la mayoría de las posibles fuentes de agresión –incluyendo ahora a Rusia– y es, por lo tanto, menos vulnerable. La desaparición hace tiempo de los misiles norteamericanos de alcance medio del territorio europeo desengancha aún más la lógica de continuidad de ambas defensas: nada garantiza que un ataque a Europa serárespondido con una represalia norteamericana. Además, la promesa de Bush de retirar sus tropas de los Balcanes siembra dudas inevitables sobre la seriedad de un Estado “líder de Occidente”, cuyo nuevo gobierno abandona alegremente los compromisos firmados por el anterior, que fue el mismo que impuso a los europeos esa guerra en primer lugar.
La ficción inspirada por la Guerra Fría dejó al menos dos personajes inolvidables: el Dr. Insólito, de Stanley Kubrick, ese siniestro estratega norteamericano de acento germánico que impulsaba la “mutua destrucción asegurada” como solución final de todos los conflictos, y Alden Pyle, el “americano impasible” (y también un poco tonto), de Graham Greene, que llevaba la catástrofe a Vietnam con las mejores y las más candorosas intenciones.
Con el programa NMD de George W. Bush, parece como si los dos arquetipos –el primero más republicano y maquiavélico, el segundo más demócrata e ingenuo– se hubieran fundido en uno. Y la imagen que resulta no es tranquilizadora.

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